Caso Convenios: Daniella Caldana, la auditora del gobierno que quedó en el ojo del huracán, sale a contradecir al Contralor

En la Comisión Investigadora que estudia los traspasos realizados a organismos privados bajo el Programa Asentamientos Precarios, la auditora general del gobierno, Daniella Caldana -acompañada de la subsecretaria Macarena Lobos y la directora de la Dipres Javiera Martínez- explicó el cambio de criterio que permitió no reportar traspasos de fondos a partir de junio de 2022. Caldana leyó dictámenes de la Contraloría que supuestamente contradicen a Jorge Bermúdez, quien, golpeando a La Moneda, planteó este lunes que el Consejo de Auditoría es un órgano de control, pese a que el gobierno ha dicho que solo es un organismo “asesor”.

Panorama general. El 24 de junio de 2022, apenas 11 días después de que la abogada Daniella Caldana Fulss asumiera el cargo de auditora general de gobierno, autorizó un polémico instructivo del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG) enviado a los auditores y auditoras de las reparticiones públicas señalando que ya no sería necesario reportar en el informe trimestral items como transferencias, cuentas corrientes, sumarios, conflictos de interés, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros.

• En medio de las investigaciones por el caso convenios y los vacíos legales que permitieron el traspaso irregular de dinero a fundaciones, la noticia sobre el cambio de criterio en el reporte de auditorías, apuntó todas las miradas hacia Caldana como auditora general del gobierno, así como a Giorgio Jackson, para entonces ministro de la Segpres, la cartera de la que depende el CAIGG.
• El caso iba a sumado a la acusación constitucional que anunciaron los republicanos en contra de Jackson, pero el fundador de RD renunció antes.
• Caldana, desde ese día, quedó en ojo del huracán.

La línea de defensa. Este lunes, la presidenta del Consejo de Auditoría, la subsecretaria de la Segpres Macarena Lobos, hizo una presentación ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que analiza los traspasos realizados por diversas Seremi de Vivienda a organismos privados, bajo el Programa Asentamientos Precarios.

• En la instancia señaló que “el Consejo de Auditoría General de Gobierno no es un órgano de control” y que durante el periodo 2018 – 2022 se puso el foco “en el tema financiero contable, que no es propio de auditoría interna”.
• Este jueves, en una nueva sesión de la comisión investigadora, fue el turno de la abogada Daniella Caldana de presentar.
• La auditora general del gobierno leyó lo que -según dijo- serían dictámenes de la misma Contraloría que “dicen claramente que el consejo es un órgano asesor” y que, por lo tanto, no un órgano de control, lo que representa hasta ahora la línea de defensa del gobierno.
• De esta manera la abogada explicó por qué los organismos públicos ya no debían reportar en una planilla, entre otras cosas, los montos de transferencia, cuánto estaba rendido y cuánto estaba por rendir.

Auditora: “Tiene un carácter meramente asesor”. Caldana leyó dos documentos. En el primero de ellos decía lo siguiente: “En lo que concierne al Consejo de Auditoría cumple manifestar que por tratarse de un órgano asesor carece de las atribuciones propias de un servicio público y por ende, no procede que se le entreguen facultades decisorias”.

• “Después, en otro dice (que el Consejo) tiene un carácter meramente asesor de modo que no puede ejercer facultades decisorias ni impartir directrices”.
• “Como bien lo señala acá, las instrucciones o circulares u oficios no poseen el carácter de norma legal sino que constituyen orientaciones para encausar las diversas facultes que poseen los diversos órganos públicos”.

El golpe de Bermúdez. El lunes, luego de que Lobos presentara en la comisión investigadora, el contralor Jorge Bermúdez fue consultado por la tesis de Macarena Lobos.

• Y Bermúdez dijo que el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno sí es un órgano de control, vale decir, lo contrario a lo que había expresado antes la subsecretaria de la Segpres.
• “En todo Estado de derecho hay tres líneas de control: En primer lugar está el control que tienen que ejercer las propias jefaturas de cada servicio público, es decir la cuenta y el control que yo como contralor que tengo que dar respecto de la propia Contraloría, por ejemplo, y del uso de recursos de la propia Contraloría”, partió diciendo.
• “El segundo control tiene que estar dado por las auditorías, que son las auditorías de control. Esa segunda línea de control debería estar operativa y ese es el CAIGG. Ese es un órgano que tiene que realizar su trabajo y luego la tercera línea de control es la que hace la Contraloría”.
• “Lo que puede realizar (el CAIGG) son auditorías y por lo tanto se puede controlar y fiscalizar cómo se están usando los recursos y cómo se están destinando”.

La explicación del cambio de criterio. Antes de apuntar a los dictámenes de Contraloría, Daniella Caldana explicó, ante consultas de integrantes de la comisión, los motivos que la habrían llevado -según ella- a realizar el cambio de criterio para que no se informaran las transferencias.

• Su explicación apuntó a la falta de tiempo y de personal, un aspecto que ha sido desechado de plano por el ex subsecretario de la Segpres de Piñera 2, Máximo Pavez.
• “Se decidió cambiar la planilla porque (…) ese reporte le quita horas hombres a la auditoría interna para hacer su trabajo específico. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vienen los organismos internacionales a evaluar la auditoría interna en el Estado, ahora en septiembre llegó un informe preliminar de la OCDE, lo que era auditoría en el campo salió mal evaluada porque la auditoría interna no es lo que yo quiero que sea, es lo que es y por lo que nos evalúan en las entidades internacionales”, indicó Caldana.
• “Insisto, esto es un énfasis distinto: técnicamente, para mi opinión como auditor interno, la planilla anterior estaba orientada a saldos, saldos que no me permitían identificar cosas específicas y como tal, por ejemplo como señaló la diputada (Mercedes) Bulnes, pasaron situaciones que están bien en la planilla porque yo puedo tener una irregularidad con rendición hecha”.
• “El rol de la auditoría interna es agregar valor de la gestión de gobernanza, gestión interna y control de riesgo”.

Ojo con. El ministro Carlos Montes, antes del último cambio de gabinete, cuestionó la decisión adoptada en junio de 2022 por el Consejo de Auditoría del Estado. “No soy experto en esta materia, pero eso claramente habría dado luces para anticipar los riesgos que se estaban corriendo y los hechos que podrían ocurrir”, dijo el sábado 5 de agosto.

• En clave política, la frase de Montes supuso una diferencia sustantiva con Jackson, probablemente sin imaginarse que días después los republicanos tomarían el caso del Consejo de Auditoría del Estado como uno de los aspectos fundantes de su acusación.
• Así, al día siguiente, pero esta vez a través de un comunicado, Montes puso freno de mano a sus declaraciones. “Quisiera precisar que me referí en términos generales al rol que, considero, debe cumplir el Consejo”, sostuvo.
• Para pocos es una sorpresa que en La Moneda no agradaron los dichos de Montes, más aún cuando hasta ahora se han circunscrito los cambios en el sistema de reportes de las fundaciones a una decisión adoptada en forma autónoma por Caldana, pero como dijo Lobos apoyada por el Ejecutivo, lo que para la oposición aparece como una tesis inverosímil.