La escena tributaria internacional sigue moviéndose frenéticamente.
Las conversaciones sobre implementación de Pilar 2 (impuesto mínimo global) se han vuelto más controversiales mientras Estados Unidos no sólo parece reacio a unirse, sino incluso podría terminar castigando (si el Partido Republicano gana las elecciones) a quienes adopten la bullada regla “UTPR” (Under-taxed Profits Rule); y al mismo tiempo, el deadline de implementación para la Unión Europea se acerca a pasos agigantados a su fin, mientras muchos se preguntan si tanto las administraciones tributarias como las empresas multinacionales están preparadas para afrontarlo.
Mientras tanto, Naciones Unidas, aunque sin cuestionar de manera frontal la iniciativa de la OCDE, lanza su propia declaración acerca de cómo debería construirse y verse un sistema armónico de tributación internacional -el cual para muchos especialistas no parece avenirse demasiado con los lineamientos establecidos por los técnicos de París.
Y ahora, mientras se desata el horror en Gaza e Israel, y el conflicto en Ucrania no cesa, la OCDE lanza de manera oficial la norma modelo para el Pilar 1 de la iniciativa BEPS 2.0, que se refiere a la segunda fase del Proyecto de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (Base Erosion and Profit Shifting), y que fue dilatada precisamente porque Pilar 2 exhibía un “mayor consenso” entre los países que dicen querer suscribirlo.
Las normas BEPS 2.0 cambiarán drásticamente el panorama fiscal internacional, lo que puede plantear desafíos de información y cumplimiento a todos los sectores.
Pilar 1, concretamente, es la iniciativa que promete dejar al sistema tributario internacional en condiciones de enfrentar adecuadamente la economía digital (y, a diferencia de Pilar 2, sí supone una modificación sustantiva de los convenios internacionales existentes). Para ello, plantea que los gigantes tecnológicos (aunque no sólo ellos, pero en todo caso, compañías de más 20 billones de euros en ingresos, y que exhiban más de un 10% de margen) deban tributar ahí donde están los mercados que consumen sus servicios, y no donde esté localizada la IP o los headquarters (como suele ocurrir hoy en día). En términos de precios de transferencia, básicamente se trata de una especie de “profit split” global.
Y toda la negociación de los últimos años se ha basado en la fórmula (“Amount A” y “Amount B”) que se utilizará para que los países se repartan una torta de recaudación estimada de entre 17 y 32 billones de euros a nivel global. ¿El costo? Los países adherentes deberán derogar sus impuestos digitales específicos (en Chile algunos especialistas han discutidos si ello implicaría eliminar el IVA digital recientemente legislado).
Políticamente, Pilar 1 se mostraba como la contrapartida de Pilar 2: ahí donde el primero tendería a beneficiar a los mercados emergentes (generando recaudación donde hoy no la hay); el segundo aspira a cobrar los impuestos que los grupos multinacionales no pagan en países de baja tributación en el país de la casa matriz (que suele estar en las economías desarrolladas).
Sin embargo, la enorme complejidad (quien quiera entender Pilar 1 deberá navegar en alrededor de 1.000 páginas de contenido técnico; Pilar 2 no se queda atrás por mucho), el delicado contexto internacional, y una economía todavía temerosa para crecer, hace a muchos augurar que la conversación podría no terminar como quisiéramos.
¿Y en Chile? El gobierno, después de más de 2 años de silencio con relación a la iniciativa BEPS 2.0, tímidamente ha anunciado que planea incorporar Pilar 2 a la legislación nacional. De Pilar 1 no sabemos qué rondará por los pensamientos de quienes transitan por los pasillos de Teatinos 120.
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