Qué observar. El gobierno planea instaurar Consejos de Cuenca a través de 16 pilotos en las distintas regiones del país, lo que supone modificar la actual administración del agua en todas las cuencas que existen en Chile.
-¿Cuál es la postura que tiene la SNA frente a la iniciativa del gobierno?
-Nosotros llevamos 200 años manejando el agua, las juntas de Vigilancia, las asociaciones canalistas y las organizaciones de usuarios del agua. Y respecto a este piloto que quiere implementar el gobierno, vemos que no corresponde, debido a que ya hay una institucionalidad creada y hay que utilizarla. Y como está creada institucionalmente la junta de Vigilancia, no vemos que haya razón para crear una nueva. Crear otra institucionalidad para administrar el agua no tiene sentido
-¿Qué propone?
-Más que crear nuevas instituciones, aprovechemos lo que ya tenemos. Si eso tenemos que complementarlo con APR (Agua Potable Rural), con las hidroeléctricas o con las comunidades de aguas subterráneas, incorporémoslas y aprovechemos que ya está la junta de Vigilancia. Pero seguir creando nuevas instituciones, que dicho sea de paso -no son constitucionales- creemos que no es una buena idea. Además, nosotros siempre estamos abiertos a conversar.
-¿Qué repercusiones podría tener, a su juicio, la creación de Consejos de Cuenca?
-Que se politice la administración del agua, que nos desviemos de los temas técnicos, que sea una oportunidad para gente que no tiene nada que ver con el agua de administrarla, y donde el Ministerio del Medioambiente tiene una función importante, cuando esto se ha manejado históricamente en la Dirección General de Aguas (dependiente del MOP). Entonces tenemos un Ministerio de Obras Públicas que es institucional, tenemos a la DGA que está dentro de la institucionalidad, tenemos un Código de Aguas que está dentro de la institucionalidad, y tenemos la junta de Vigilancia y organización de usuarios que también están incluidos. Entonces aprovechemos la institucionalidad actual para administrar en forma justa el agua y aprovechemos la experiencia de ellos, más que entre gente que no tiene experiencia y que no tienen directa relación con el agua.
-¿Por qué habla de un control político del agua?
-Tener un Estado que crece y que crece, que es burocrático y que es más caro siempre… Hay un estudio que hizo la DGA hace mucho tiempo que muestra que si el Estado administra el agua costaría US $1.600 millones y si las organizaciones de usuarios del agua lo administran es por US $100 millones. Con esto quiero decir que los privados son muy eficientes en la administración del agua. Creemos que seguir agrandando la institucionalidad, que se incorpore gente que no tiene relación con el agua, que no tiene derechos de agua, no tiene mucho sentido.
-¿Cuáles serían entonces las modificaciones que debe proponer el Ejecutivo?
-La forma correcta es aprovechar y fortalecer la junta de Vigilancia, en vez de debilitarla en un tema además que es muy sensible para la agricultura. Además, cada cuenca tiene una realidad distinta, no hay una sola regla para todas las cuencas.
-¿Cuán abrupta fue la medida que está impulsando la ministra Maisa Rojas?
-No quiero juzgar intenciones. Simplemente creo que depender del Ministerio del Medio Ambiente que no tiene ninguna experiencia en este tema tan delicado, no es bueno. Aquí hay mucha academia pero hay poco realismo.
Siempre estamos abiertos a hacer los cambios que ayuden en la administración del agua pero hay que conversarlos. Además no es constitucional el Consejo de Cuencas.
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