En términos legales, la clave de la investigación sería qué tipo de diferencias hay entre el contrato firmado en inglés y el en español que examinó el ex fiscal Guerra al indagar el caso Exalmar. En La Moneda dicen que no serían relevantes, y afirman que la propia Fiscalía los calificó de “muy similares”. En lo político, lo complejo es la soledad del Presidente: desde Chile Vamos no han salido a defenderlo -más allá de la visita del apoyo de los timoneles de la coalición éste sábado a La Moneda- por las dudas sobre el caso y porque estiman que sería hacerle el juego a la oposición, a la que nada le gustaría más que la derecha defendiera a Piñera en la recta final de la campaña presidencial y parlamentaria.
Qué observar: La decisión del Fiscal Nacional Jorge Abbott de investigar el caso Dominga cayó como un balde de agua fría en La Moneda, pero fue todo menos una sorpresa. La política de la Fiscalía, de la Contraloría y de los organismos fiscalizadores del Estado es indagar hechos de alto impacto, para no dejar mantos de duda en la opinión pública respecto de su comportamiento, no ser acusados de omisión.
- La justificación de la Fiscalía se basa en los siguientes puntos:
- 1) Los hechos relacionados con la compraventa de Dominga no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017. Vale decir, no son cosa juzgada. El motivo es que lo que investigó el ex fiscal Manuel Guerra en su momento fue el caso Exalmar, pero no habría profundizado en la arista Dominga.
- 2) Un antecedente no incorporado en esa investigación es el contrato en inglés del 10 de diciembre de ese año, que materializa un acuerdo previo, que era de octubre de ese año, sobre la compraventa, suscrito en Islas Vírgenes Británicas. “Y ese es un antecedente nuevo”.
- 3) La Fiscalía reconoce que el acuerdo de octubre estaba incorporado en términos “efectivamente muy similares” a la redacción del contrato en inglés, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en relación al pago. “El contrato de Islas Vírgenes Británicas tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago”.
- 4) El caso, según el Ministerio Público, podría constituir un delito de cohecho. El pago del contrato estaba condicionado a una decisión del Presidente (vale decir, si decretaba la zona cercana al proyecto de Dominga como parque natural inviabilizaría el proyecto y eso no ocurrió).
- 5) Finalmente, la Fiscalía prometió hacer una investigación lo más rápida posible.
- Abbot puso a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivanci, de su estricta confianza a cargo del tema. Ella lleva además las querellas por violación a los DDHH contra Piñera, que Abbot también radicó en esa fiscalía regional.
Los descargos de La Moneda. Horas después de que la Directora Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, saliera a comunicar la investigación, el Presidente salió a reiterar que es inocente y a discrepar de la decisión de Abbot. En Palacio señalan que la única diferencia en los contratos es que el monto de la primera cuota es inferior en el contrato en inglés. Pero la tercera -la cláusula de la discordia, relacionada con que no hubiera un parque natural- es idéntica.
- Las declaraciones de la propia Directora Anticorrupción, al anunciar que el tema sería investigado, son exhibidas como prueba por La Moneda de que las diferencias entre los dos contratos son mínimas, y avalan la tesis que el Ministerio Público abrió el expediente sobre todo para no ser acusado de omisión en el tema.
- “…Ese acuerdo de octubre estaba incorporado en términos que efectivamente son muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias, por ejemplo, en relación al pago del precio… perdón no es una diferencia en lo sustancial, pero sólo el contrato de Islas Vírgenes tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago”, es una frase de la Directora Anticorrupción que subrayan en Palacio.
La soledad del Presidente. Sin embargo, son los efectos políticos de la decisión de la Fiscalía agravan una situación que en ese ámbito ya era complicada.
- En primer lugar, al decir que hay antecedentes nuevos -más allá de la polémica sobre su real relevancia- se está contradiciendo al Presidente, quien antes había asegurado que no existía ninguna novedad en el reportaje dado a conocer en los Pandora Papers, publicados por Ciper y LaBot.
- Al poner ese manto de duda fortalece la decisión de los partidos opositores de impulsar una acusación constitucional a casi de un mes y medio de las elecciones presidenciales y parlamentarias.
- Pero tal vez el factor que más impacta en el Palacio Presidencial es la total ausencia de respaldo por parte de Chile Vamos, donde incluso algunos parlamentarios han puesto en duda su voto.
- Los análisis son que finalmente la coalición oficialista no dará sus votos para destituir al Presidente, aunque es posible que existan algunos descolgados. Se espera que la oposición sume los votos necesarios en la Cámara de Diputados (se aprueba por mayoría simple y a los partidos opositores les bastan sus propios votos). En el Senado los cálculos de La Moneda hasta ahora apuntan a que no pasará, dado que se requieren 2/3 para aprobarla, una meta muy difícil.
El factor electoral. En las filas de Chile Vamos, donde la desafección con el actual gobierno es inmensa, señalan que no están dispuestos a salir a defender al Presidente, dada su impopularidad, más allá de expresar que aprobar una acusación constitucional ad portas de una elección presidencial solo agravaría la crisis del país y que se trata de una maniobra de la oposición con vistas a las elecciones.
- Este sábado, al día siguiente del anuncio de la investigación y en medio de un feriado largo, los timoneles de la UDI, RN y Evópoli estuvieron en La Moneda para entregarle respaldo al Presidente. Sin embargo, ha sido una iniciativa que no ha tenido réplicas en la base parlamentaria del gobierno.
- El consenso en la coalición oficialista es que en la oposición lo que más quieren es que Chile Vamos salga a defender al Presidente y, según señalan, pague los costos electorales de respaldar a un gobierno impopular y a un Jefe de Estado que en más de una ocasión se ha visto envuelto en controversias respecto de la mezcla de negocios y política.
- El anuncio de la Fiscalía solo refuerza esa opción.
- Así se entiende también la posición de franca distancia que ha tomado con La Moneda el candidato oficialista Sebastián Sichel, quien ha pedido más explicaciones y transparencia.
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