Junio 17, 2023

Agenda anti-delincuencia: Ninguno de los 13 proyectos comprometidos en 75 días ha sido despachado a ley

Alexandra Chechilnitzky
El 7 de abril, la ministra Carolina Tohá, el ministro Luis Cordero y la subsecretaria Macarena Lobos se reunieron con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Vlado Mirosevic y Juan Antonio Coloma, respectivamente, para avanzar en una agenda de seguridad priorizada.

La Moneda y el Congreso se comprometieron el 14 de abril a tramitar 31 iniciativas de seguridad durante este año y establecieron distintos plazos. Posteriormente se dieron 75 días para discutir y despachar 13 proyectos. De ellos, ninguno ha sido completamente tramitado por el Congreso y si no existen contratiempos, solo 2 podrían ser promulgados como ley antes del 29 de junio, cuando se cumpla el plazo. Se trata de normativas para regular aspectos claves en la agenda de seguridad, como la regulación de las penas de los reincidentes, el prohibir el uso de combustibles en las manifestaciones o el tipificar como delito el uso de teléfonos en las cárceles.


Un acuerdo al fragor de los crímenes de Carabineros. El jueves 29 de junio se cumplen los 75 días comprometidos a mediados de abril para tramitar 13 proyectos del acuerdo de seguridad entre la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado y el Gobierno. La iniciativa sucedió a los 3 crímenes de Carabineros ocurridos en 3 semanas de abril y su correlato en la crisis de seguridad, por lejos la principal prioridad de los chilenos en las encuestas y uno de los flancos más sensibles de la administración Boric.

  • Hasta ahora ninguna de las iniciativas ha sido despachada a ley, pese a que solo quedan dos días legislativo para que venza el plazo: El Congreso sesiona los primeros tres días de la semana, pero el próximo miércoles 21 de junio es feriado y la semana del 26 de junio es distrital y regional, por lo que no habrá trabajo legislativo.
  • Se trata de una problemática en que varios analistas, políticos y abogados advirtieron que no podía legislarse tan rápido, pues podía perjudicar la configuración de las leyes.

Los proyectos no ingresados. De los 13 proyectos, existen 2 iniciativas que el Ejecutivo se comprometió a ingresar al Congreso, pero que aún no lo ha hecho.

1) La iniciativa que regula la habilitación del control de identidad a personas que se ubican en zonas fronterizas.

2) El proyecto que modifica la ley de llamado de servicio y contratación de Carabineros.

Usurpación. El proyecto de ley de usurpación de propiedades busca darle carácter de delito a lo que hoy es una falta y se convierta en un ilícito de ejecución permanente, como el secuestro. Vale decir, en la medida que un terreno esté tomado, cuente la flagrancia.

  • La iniciativa está trabada en segundo trámite en discusión en la comisión de Seguridad de la Cámara.
  • La oposición aprobó en el Senado un proyecto que plantea la legítima defensa privilegiada de las personas y la detención ciudadana mientras dure la flagrancia. Y el Ejecutivo considera que ambos puntos son un retroceso.
  • El proyecto ya se aprobó en general en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Pero hasta ahora no hay sesión para la próxima semana y no está claro cómo se resolverá el problema.

Los reincidentes. El proyecto que endurece las penas para los delincuentes que reincidan tampoco tiene un destino claro. Se encuentra en primer trámite en la comisión de Seguridad del Senado y para el Gobierno desarmoniza las penas establecidas en el Código Penal y del Código Procesal Penal, por lo cual el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó iniciativas que adelantan una reforma estructural a ambos códigos.

  • La tramitación que resta no es rápida. Después de que la comisión discuta el proyecto, lo deberá revisar la comisión de Constitución de la Cámara Alta y luego la sala.

El balance en la Cámara de Diputados:

Ley marco sobre ciberseguridad. Este miércoles, la comisión de Seguridad de la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Está en su segundo trámite constitucional, pero en la instancia, el diputado socialista Raúl Leiva solicitó ampliar el plazo para presentar indicaciones y que, mientras aquello ocurra, se pueda seguir escuchando a expertos.

Prohibir combustible en manifestaciones. En la Comisión de Seguridad también se discute el proyecto de ley que el Ejecutivo ingresó el 29 de mayo sobre la prohibición de portar combustibles en el contexto de manifestaciones. La iniciativa cuenta con urgencia simple, pero la comisión debe priorizar el proyecto de ciberseguridad, que está con suma urgencia.

Teléfonos en las cárceles. La misma comisión debe tramitar el proyecto que tipifica el delito de “tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior”. La iniciativa fue despachada por el Senado recién el 7 de mayo y este lunes 12 de junio se dio cuenta de el en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Cuenta con suma urgencia, pero es prácticamente imposible que sea despachada a ley antes del 29 de junio.

Registros audiovisuales de Carabineros. La comisión también tiene en carpeta un proyecto que ha tenido nulo avance. La iniciativa establece el “deber de efectuar registros audiovisuales de las actuaciones policiales autónomas en el procedimiento penal”. La moción parlamentaria no ha sido tramitada. Todo apunta a que el problema sería resuelto por la vía administrativa y no legislativa.

Vehículos robados. El proyecto que modifica la ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar dicha conducta fue despachado recién esta semana por el Senado a la Cámara de Diputadas y Diputados, y deberá iniciar su discusión en la comisión de Transportes. Está con suma urgencia, pero lo más probable es que no se alcance a tramitar antes de que venza el plazo comprometido.

El balance en el Senado:

Libertad condicional. Otro proyecto que cuenta con suma urgencia es el que establece mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional. La iniciativa está siendo revisada por la comisión de Constitución del Senado. Está en segundo trámite y fue objeto de indicaciones, por lo que lo más probable es que deba retornar a la Cámara Baja luego de ser despachada por el Senado. Vale decir, aún queda un buen camino por recorrer.

Contrabando de dinero. También en la Cámara Alta y con suma urgencia está el proyecto que incluye en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional. La posibilidad de que la iniciativa sea despachada a ley la próxima semana es nula, ya que aún debe ser tramitada por la Cámara Alta.

El destino de 8 leyes. Una vez cumplidos los 75 días, correrán otras barreras: 8 proyectos comprometidos deben ser tramitados en 150 días a partir del 15 de abril, por lo que debiesen ser despachados a ley el martes 12 de septiembre. Y otras 7 iniciativas deben ser tramitadas antes de finales de año.

Lo que sí se ha aprobado. Pese a todo, cuando se llegó al acuerdo del fast-track legislativo el 14 de abril, habían tres proyectos que iban a ser despachados por el Congreso durante esos días.

1) Se trata, por una parte, del proyecto que sanciona los actos preparatorios de sicariatos, que ya es ley.

2) También tuvo luz verde el proyecto que le otorgó facultades a Carabineros para solicitar documentación migratoria y poner a disposición de la autoridad contralora a quienes no puedan hacerlo.

3) El proyecto de delitos económicos fue despachado por el Poder Legislativo, pero el Ejecutivo ingresó esta semana un veto porque se advierten, según el Gobierno, “algunos errores en la propuesta, que requieren ser subsanados”. Pese a eso, esperan despachar a ley la próxima semana y ya tener 3 de los 31 proyectos promulgados.

Lo que se podría aprobar. Dentro de los 13 proyectos priorizados para los 75 días, hay 2 iniciativas que están en comisión mixta y que si todo sale bien, podrían ser despachadas a ley entre lunes y martes. De hecho, el Senado ya citó a sesión de sala para discutirlos.

1) El proyecto que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad.

2) El que modifica la ley de migración  y extranjería para agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos de expulsión.

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