La oposición cumplirá este lunes 20 días desde que anunció una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El libelo acusatorio estará compuesto de 7 capítulos dentro de los cuales uno trata supuestas irregularidades en los contratos de alimentos de la JUNAEB. Este, dicen en la oposición, es el “caballito de batalla” para lograr la destitución del jefe de cartera. Denuncian que entre marzo y diciembre de 2022 JUNAEB ha desembolsado aproximadamente $41 mil millones por raciones de alimentos servidas en establecimientos no licitados, sin mediar contrato, y que en el mismo periodo JUNAEB pagó cerca de $71 mil millones por servicios licitados, pero no prestados. “El ministro de Educación, ha incumplido el deber de supervigilar el actuar de JUNAEB” establecido en la ley 15.720, dice un documento.
Qué observar. Para este lunes la oposición agendó la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, 20 días después de que diputados anunciaran la acción.
- En la redacción del libelo han participado las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, del Frente Social Cristiano, el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, y Sergio Bobadilla de la UDI. También se hicieron parte los republicanos, a través del diputados Stephan Schubert, y la integrante del PDG Karen Medina.
- El documento tendrá 7 capítulos: dos sobre educación no sexista, otro respecto de la “Política de Educación Inclusiva”, un cuarto capítulo sobre deserción escolar, violencia en los establecimientos, “no ejecución” de mejoramiento de infraestructura de los liceos y retraso en la entrega de los resultados Simce. Un quinto sobre cuadernos entregados por la JUNAEB con un inserto sobre “educación no sexista”, un sexto capítulo por “inejecuciones en implementación de los Servicios Locales de Educación” y un séptimo por irregularidades en los contratos de alimentos de la JUNAEB.
- Este último se trata del “caballito de batalla” de la oposición para destituir a Ávila y lo manejó en absoluta reservado el diputado Schalper.
Antecedentes. En una minuta de 4 páginas, se entregan los pormenores del capítulo que buscará ser el “más fuerte”, dicen en la oposición, en el juicio político contra el ministro Ávila. En particular, allí denuncian irregularidades en los recursos ejecutados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
- El servicio, según el artículo 1 de la ley 15.720, tiene “a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación”. Para ello tiene diversos planes, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE) -a través del cuál se entregan raciones alimenticias diariamente- y el Programa de Alimentación de Párvulos (PAP), que incluye los Programas de Alimentación de la Junji y de la Fundación “Integra”-.
- “Para la ejecución de dichos programas JUNAEB efectuó licitaciones públicas en los años 2020 y 2021 y contrató con múltiples terceros el servicio de suministro de entrega de raciones alimenticias”, inicia la minuta para la presentación de antecedentes y detalla que “a través de la resolución N°70, de 2020, se aprobaron las bases administrativas, técnicas operativas y anexos de la licitación publica ID 85-18-LR20, junto con la aprobación del contrato tipo respectivo para la contratación de servicio de suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios de los programas PAE y PAP para los años 2021, 2022, 2023 y hasta diciembre de 2024”.
- Para esa licitación se adjudicaron prestadores “contemplándose la suma total de $1.019.341.801.367”, el que corresponde a “un total de 2.014.639 raciones de alimento”.
- En 2021, a través de la resolución 22, de 2021, se aprobaron las bases administrativas, técnicas operativas y anexos de la licitación pública, además del contrato tipo para la contratación de servicio de los programas PAE y PAP para los años comprendidos desde el 2022 hasta 2025.
- Luego, “la JUNAEB adjudicó a distintos prestadores dicha licitación pública”, en diversas regiones, “contemplándose la suma total de $778.045.280.552”, correspondiente a 1.330.211 raciones de alimento.
Los $112 mil millones. Según los detalles entregados, los prestadores de ambos programas perciben un pago mensual y la JUNAEB no puede pedir servicios que no se encuentren en la “programación referencial de productos alimenticios (“PRP”)”, ni que se presenten en establecimientos que no sean parte de dicha programación.
- “Entre marzo y diciembre del año 2022, JUNAEB ha exigido a los prestadores efectuar servicios de alimentación” que no se encuentran en la programación y ha servido a establecimientos que tampoco son parte de la planificación. Además, denuncian que se han prestado “servicios requeridos en cantidades muy superiores a las establecidas” en el esquema.
- “Como no se encuentran formalmente establecidos en el PRP, sucede que para el pago mensual de aquellos servicios sólo se considera la parte variable de la fórmula, lo que es abiertamente ilegal, ya que en definitiva se trata de servicios no licitados, prestados en establecimientos no licitados (…). En términos sencillos, con este mecanismo la JUNAEB tiene una herramienta arbitraria para pagar a los prestadores valores por ración servida distintos a los licitados y beneficiando a algunas con sobreprecio”, dice el documento.
- “Esto constituye una clara irregularidad, pues se están prestando servicios en establecimientos no licitados, y por servicios no licitados, por montos superiores a 1.000 UTM lo que constituye un claro incumplimiento al artículo 8° ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, y el artículo 10 del Decreto Supremo de Hacienda N°250, de 2004, que aprueba reglamento de Ley N°19.886, puesto que ambos artículos obligan a licitar los suministros o servicios que impliquen montos superiores a 1.000 UTM ($62 millones, aproximadamente)”.
- A eso añaden que JUNAEB no ha entregado servicios licitados, pero que ha debido pagar su precio base (60%).
- En concreto, explicitan que entre marzo y diciembre de 2022 JUNAEB ha desembolsado aproximadamente $41 mil millones por raciones servidas en establecimientos no licitados, sin mediar contrato, “lo que constituye una notable falta al principio de probidad administrativa” y que en el mismo periodo JUNAEB pagó cerca de $71 mil millones por servicios licitados, pero no prestados.
- Para los acusadores esto constituiría un delito y “el ministro de Educación, ha incumplido el deber de supervigilar el actuar de JUNAEB, obligación impuesta por el artículo 1° inciso final de la ley N° 15.720”.
Telón de fondo. El martes 30 de mayo, luego de que El Mercurio publicara una actualización del documento de “orientación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno” realizado por el Mineduc, las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha anunciaron una acusación constitucional contra Ávila.
- Ese mismo día, Chile Vamos y el Partido Republicano anunciaron una interpelación al jefe de la cartera. “Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país”, dijo el diputado Bobadilla en ese entonces.
- Una semana después, la derecha anunció que bajaba la interpelación y se sumaba en bloque a la acusación. Desde el oficialismo acusaron discriminación y homofobia, y que la oposición no tendría reales argumentos en contra del jefe de la repartición de educación.
- Por eso, explicaron diversas fuentes de la oposición en privado, buscaron mover el foco de las críticas a Ávila desde los dichos de parlamentarios acerca de la orientación sexual del ministro, hacia lo que dicen son “problemas serios de gestión”.
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