Junio 19, 2023

A 50 años del golpe: El Programa de la UP y el fracaso de la vía chilena. Por Ricardo Brodsky

Ex-Ante
Crédito: Agencia Uno.

¿Por qué se terminó como terminó? Más allá de la mirada nostálgica sería importante intentar comprenderlo, para lo cual no solo hay que observar las acciones y opciones de los opositores y enemigos del gobierno de Allende, también hay que detenerse  en las carencias estratégicas e inconsistencias políticas de la Unidad Popular y del gobierno y ver como éstas se manifestaron durante el período.


El secretario general  del partido comunista Lautaro Carmona en una reciente reunión partidaria compartió ideas relativas a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado contra el gobierno de la Unidad Popular,  señalando que se trató “de un proyecto inconcluso pero no derrotado (…) que sólo un golpe de estado, la intervención imperialista y la oligarquía pudieron detener”. Por su parte, el premio nacional de arquitectura, Miguel Lawner,  reaccionó aireado tras el llamado del presidente Boric a revisar el período de la Unidad Popular. Tras mencionar los logros de la UP enrostró a Boric ”pretender reducir el reconocimiento y la admiración a nivel mundial que goza el Presidente Allende, al gesto mítico de haber entregado su vida en defensa de la institucionalidad democrática”.

Más allá de la valoración del momento que estaba viviendo el país a inicios de los años setenta y de la admiración que muchos comparten por la figura del presidente Allende, que no solo se basa en el valor de su gesto final, sino también en su trayectoria política buscando amalgamar los conceptos de democracia y socialismo, lo cierto, lo indesmentible, es que la UP fracasó en su intento por llevar adelante una revolución y fue derrotada no sólo por una conspiración norteamericana sino por su incapacidad o imposibilidad de construir una sólida mayoría política.

Pienso que Boric nunca ha puesto en duda su admiración por Allende, su llamado es a relacionarse críticamente con una experiencia en que entre los años 1970-1973 el país vivió una auténtica “guerra civil política”, de la cual es necesario aprender.

¿Qué fue lo que provocó esa fractura profunda en el país que nos dejó al borde del enfrentamiento fratricida y que en la práctica la política democrática fue incapaz de canalizar o resolver abriendo las puertas a una dictadura? Una dictadura que no sólo no salvó la fractura existente sino que la profundizó generando una feroz persecución con miles de víctimas y traumas que perduran hasta el presente.

Hay mil respuestas a esa pregunta, pero ciertamente la que no nos sirve como país es reafirmar los propósitos, discursos y conductas que condujeron a la catástrofe. Sí, en cambio, vale la pena reflexionar acerca del proyecto de la Unidad Popular para saber realmente si se trata de un programa inconcluso o bien una propuesta que puede resultar arcaica u obsoleta en un mundo que ha cambiado drásticamente desde la década del sesenta del siglo pasado hasta nuestros días.

El Programa de la Unidad Popular afirmaba la incompatibilidad del progreso del país con el sistema capitalista.

Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero”.

 Y desechaba las soluciones reformistas del gobierno de Frei Montalva.

“Las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo”.

El diagnóstico de la situación del país era lapidario y el culpable era el imperialismo y sus aliados nacionales; rezaba el programa:

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia. Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios. Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las FF. AA”.

El Programa proponía entonces una solución radical: la toma del poder por parte del pueblo.

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente”.

A partir de allí, desde el Programa, redactado y suscrito por los partidos de la coalición, se desarrollan conceptos en distintos ámbitos como un nuevo orden institucional y la construcción del Estado Popular, la nueva economía, las tareas sociales, la cultura y la educación y la política internacional. A ello se agregaron dos anexos muy relevantes: Las 40 medidas del Gobierno Popular y los 20 puntos básicos de la Reforma Agraria.

En el plano institucional la propuesta era una reforma radical de las instituciones, aunque habría que considerar también que años después del golpe de estado que puso fin al gobierno de la Unidad Popular, en 1993, se dio a conocer por parte de Joan Garcés y Eduardo Novoa los resultados del trabajo de una Comisión Constitucional integrada por destacados dirigentes, ministros y parlamentarios de la UP, entre los que destacaban Luis Maira, Sergio Insunza, Jorge Tapia, Luis Figueroa y el propio Garcés que corrigieron algunos aspectos de las propuestas del programa en el plano constitucional y del sistema político en particular.

El Programa proponía la creación de una Asamblea del Pueblo “como órgano superior de poder”, elegida por medio del sufragio universal y cuyos miembros podrían ver revocado su mandato, siendo éste el órgano superior del Estado, al que se subordinaría tanto “el presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido”. Para la Justicia se garantizaba su independencia, sin embargo, los miembros del Tribunal Supremo (así se definía a la Corte Suprema) serían designados por la Asamblea del Pueblo.

En el ámbito económico, el Programa ponía el acento en la propiedad de los medios de producción proponiendo la creación de tres áreas de la economía: la propiedad social, la propiedad privada y el área mixta. Naturalmente, el área de propiedad social o estatal sería la dominante ya que para ella se reservarían.

La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; El comercio exterior; Las grandes empresas y monopolios de distribución; Los monopolios industriales estratégicos; En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel”.

Asimismo, el Programa buscaba profundizar la Reforma Agraria  y “reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra”. En relación a los pueblos originarios, la reforma debía  garantizar la “defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas”.

En el ámbito social, el Programa anuncia algunas medidas que sólo verían la luz varias décadas después como establecer:

“La plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, así como una adecuada legislación de divorcio con disolución del vínculo, con pleno resguardo de los derechos de la mujer y los hijos”. Proponía también “llevar adelante la remodelación de ciudades y barrios, con el criterio de impedir. el lanzamiento de los grupos modestos a la periferia”, y, entre muchas otras medidas, garantizar reajustes de salarios cada seis meses conforme al alza de la vida.

En la esfera educacional, tema que fue uno de los desarrollos críticos del gobierno popular por la amplia oposición que generó la idea de la Escuela Nacional Unificada, se argumenta:

“Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de la educación privada”.

Sin embargo, en el proyecto constitucional posterior, se reconoce la libertad de educación pero se limita el apoyo económico del Estado a la educación sin fines de lucro.

Con relación a los medios de comunicación, se proponía que fueran parte del esfuerzo por formar “una nueva cultura y un hombre nuevo”. Al tiempo que se buscaba “imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando de ellos la presencia nefasta de los monopolios”.

El Programa de la Unidad Popular tenía un apéndice muy popular llamado “Las Primeras 40 medidas del Gobierno Popular”, entre las que se destacaron la entrega de medio litro de leche diario para cada niño (programa destinado a combatir la desnutrición infantil), creación de consultorios materno infantiles en las poblaciones, supresión de privilegios varios, eliminación del Grupo Móvil (hoy Fuerzas Especiales), no más reajustes a las cuotas de la Corporación de la Vivienda, CORVI, entre otras. Sin duda, las 40 medidas fue lo más conocido del Programa.

No cabe duda que el gobierno de Salvador Allende intentó implementar dicho programa. De hecho en el primer año se impulsaron medidas profundamente transformadoras, algo que en tan poco tiempo ni siquiera revoluciones triunfantes se habían aventurado a hacer: expropiación de millones de hectáreas cultivables para la reforma agraria[1], nacionalización del cobre, intervención de cerca de 150 empresas, estatización de la banca, y todo ello con resultados alentadores en el corto plazo como el aumento de los salarios en un 35% del sector público y del 50% en el sector privado, disminución de la cesantía a un 4,2% y crecimiento económico del 8,6%[2].

Todo lo anterior en medio de un auge notable de las iniciativas culturales y artísticas en todos los campos, de campañas de alfabetización, de fortalecimiento de las organizaciones sindicales, barriales y campesinas, de jóvenes participando en trabajos voluntarios. Parecía que el país empezaba a vivir una nueva etapa, una auténtica revolución signada por la esperanza para los trabajadores y los pobres de la ciudad y el campo.

¿Por qué, entonces, terminó como terminó? Más allá de la mirada nostálgica sería importante intentar comprenderlo, para lo cual no solo hay que observar las acciones y opciones de los opositores y enemigos del gobierno de Allende, también hay que detenerse  en las carencias estratégicas e inconsistencias políticas de la Unidad Popular y del gobierno y ver como éstas se manifestaron durante el período.

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[1] Martner (1988) citado por Magasich, Jorge en Allende, la UP y el Golpe. Le Monde Diplomatique 2023.

[2] Correa, Sofía y otros. Historia del siglo XX chileno” Editorial Sudamericana, Santiago, 2001. P.268.

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