Las propias encuestas del gobierno que, hasta ahora, dan ganador al rechazo han hecho que el presidente Boric abandone toda pretensión de neutralidad: Ha cedido a la tentación de anteponer los intereses electorales de su coalición al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas que prohíben el intervencionismo electoral.
Sabemos que para Gabriel Boric es una cuestión existencial que gane el apruebo y por eso adoptó la decisión política de hacer lo que sea necesario para revertir la tendencia a favor del rechazo, aunque ello implique conflictos con la legalidad (better safe than sorry).
Hoy el presidente es el jefe de la campaña del apruebo y bajo la falacia de informar se pasea por las diferentes comunas repartiendo el texto, firmando autógrafos con mensajes favorables a su opción, retuiteando a Chayanne, lo que le valió advertencias de acciones legales por utilizar su figura sin permiso.
Sabe que un mal resultado en el plebiscito, en la medida que interviene, será visto como un repudio a su gestión. Sin embargo, no tiene mucho margen de maniobra porque con la derrota del apruebo quedará bajo el síndrome del “pato cojo”.
Hay que reconocer que este es un escenario que sería muy difícil de administrar para cualquiera. Pero, desgraciadamente estamos en manos de un gobierno que constantemente debe escoger entre hacer lo correcto y actuar en contra de sus convicciones, con pragmatismo; o privilegiar su proyecto político refundacional.
Así, por ejemplo, las fuerzas políticas más cercanas al presidente anidan una profunda desconfianza hacia las fuerzas armadas a las que aún siguen identificando con el golpe y la dictadura; hacia carabineros, que responsabilizan de graves violaciones a los DDHH durante el estallido social que respaldaron. También, tienen una mirada “empática” con los violentistas en la zona sur y muchos, aunque no todos, simpatizan con sus métodos violentos.
Por eso el gobierno aparece constantemente conflictuado consigo mismo, actuando a contrapelo de su ideología, con un sentido de culpa y tratando de bajarle el perfil a lo que hace, lo que queda en evidencia con el tratamiento de los estados de emergencia y el bochorno de la ley sobre infraestructura crítica.
El gobierno fue obligado a tomar medidas drásticas en la Araucanía que no quería adoptar; inventó una formula descafeinada de Estado de Emergencia Acotado para no sentirse tan culpable de recurrir a las fuerzas armadas, pero aun así fue advertido por su coalición que no contaría con sus votos para renovarlo.
En su desesperación, desenterró una ley de la era Piñera, que todos sus parlamentarios habían denostado y votado en contra, que otorgaba a las fuerzas armadas, a requerimiento del ejecutivo y con aprobación del congreso la facultad de resguardar la infraestructura crítica del país.
Su maniobra no era sincera y solo se trataba de una estratagema para no verse obligado a renovar el Estado de Emergencia Constitucional, so pretexto de que con la nueva ley se podía proteger igualmente a los ciudadanos de la macrozona sur.
Es decir, el gobierno había optado por sacrificar la seguridad de los ciudadanos con tal de evitar una crisis al interior de su coalición, privilegiando la “coherencia ideológica” por sobre el bien común.
Pero éste no es un hecho aislado. En materia internacional el gobierno también está poniendo sus prejuicios ideológicos por sobre el interés nacional. Así hemos podido comprobar como la cancillería está torpedeando la ratificación de un acuerdo con la Unión Europea, uno de nuestros principales socios comerciales simplemente porque ideológicamente no les gustan los tratados de libre comercio. Lo mismo ocurre con el TPP11.
Se ha llegado al extremo de colocar en el borrador de la nueva constitución un mandato para que Chile anteponga y privilegie a Latinoamérica en sus relaciones Internacionales. Es decir, que debe optar por asociarse con países en constante crisis en vez de seguir trabajando codo a codo con el mundo desarrollado.
¿Qué tanto puede sumarle Boric al apruebo?
Me temo que no mucho porque su gobierno está en crisis; no hay día sin una descoordinación, fiasco legislativo, cambio de posturas, decisiones administrativas equivocadas que después quedan sin efecto.
Así ocurre con las tarifas del metro donde el ministro anuncia alzas, luego es obligado a retractarse y finalmente Marcel ratifica que son inevitables; lo mismo con la reunión en la moneda para planificar la campaña del apruebo que se trató de ocultar; con la suspensión de jefe de inmigraciones por no responder oficio de la Corte en un recurso de protección, la no promulgación de una ley dentro del plazo legal; con los body scaners en las cárceles; con el fiasco del embajador designado en China que había recibido el beneplácito; con el anuncio de suspensión de ventas de parcelas de agrado; con el IFE al que el presidente dijo no porque empujaba la inflación y que después de implementó con otra fórmula, y con el informe engañoso del Ministerio de Educación sobre los deudores del CAE elaborado para generar simpatías para su condonación.
Pero la necesidad es más fuerte y se hará lo que esa menester, procurando guardar las formas en la medida de lo posible, para que el “proyecto” avance. No cuesta mucho imaginarse como éste “modo de ser” tan implacable aumentaría exponencialmente con el triunfo del apruebo, pues ésta es la característica de los gobiernos refundacionales que en su fuero interno se sienten dueños de la verdad.
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