Y en un abrir y cerrar de ojos, ya pasó otro año. Un año donde la palabra corrupción probablemente la escuchamos más de lo que quisimos. Imposible olvidar el caso Vitacura, donde el histórico ex Alcalde Torrealba ya lleva casi 6 meses en prisión preventiva; o el de la municipalidad de Algarrobo, con un alcalde en fuga y al cual vimos como acudía engrillado a su formalización; además de las ya conocidas investigaciones en diversos municipios por el Caso Luminarias, Cuentas Corrientes, CESFAM -en Santiago y Las Condes-, entre muchos otros. Lamentablemente los municipios han estado en el tapete por las razones incorrectas.
Pero esto, lamentablemente no ha sido lo único: el caso Convenios golpeó fuertemente al Gobierno y a las recientemente estrenadas Gobernaciones Regionales, llevando a renuncias, remociones e investigaciones no solo en el Estado sino en un sector, hasta el momento, bastante impoluto: las fundaciones y corporaciones.
Cuando aún no nos sacudíamos de ese caso apareció el famoso audio de más de una hora que revelaba una posible red de extorsión y coimas en dos de las instituciones más acreditadas que fiscalizan a privados: la CMF y el SII. Esta última vio a las semanas una de dulce y agraz: el mega fraude tributario que, por un lado, muestra cómo funciona la institucionalidad destrabando estas asociaciones delictuales, pero, nuevamente, con sospechas de develación de información confidencial y llegar tarde.
Lo anterior ha tenido consecuencias: un aumento de la percepción de corrupción de la ciudadanía. Un no menor 59% cree que la corrupción ha aumentado en los últimos 5 años y un 73% considera que “mucha gente o casi todas las personas están involucradas” en la corrupción en el servicio público, según la última encuesta CEP de este año. Cifras nada halagüeñas. Veremos a fines de enero del año que entra si todo esto ha tenido un impacto en el Índice de Percepción de la Corrupción que hace décadas realiza Transparencia Internacional, en el cual se muestra como hemos empeorado respecto a hace 10 años atrás, a pesar de mantener un buen puntaje y posición a nivel mundial.
Pero no todo es para bajar los brazos y cerrar por fuera. En general, nuestro país se ha destacado por reaccionar a la corrupción, con reformas y perfeccionamientos institucionales. A veces llega un poco tarde, pero se reacciona. Este año se han aprobado importantes leyes que buscan prevenir, detectar y sancionar más contundentemente la corrupción pública y privada. Así, por mencionar algunas, los colegisladores -Gobierno y Congreso- despacharon a ley: una importante reforma y modernización al sistema de compras públicas; la Ley de Delitos Económicos; la que crea la Fiscalía Supraterritorial; el nuevo Estatuto de Protección al Denunciante de Corrupción en el Sector Público; la Ley de Crimen Organizado.
Por su parte, el Gobierno lanzó la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública, con más de 200 medidas y se ha abocado a hacer realidad las 46 recomendaciones unánimes de la Comisión Asesora que me correspondió presidir por el Caso Convenios.
Lo anterior no es menor, pero sin duda, quedan desafíos relevantes y urgentes pendientes: avanzar en el proyecto de ley de Integridad Municipal que ya despachó la Cámara de Diputadas y Diputados al Senado; avanzar en una ley de transferencias a la sociedad civil; concretar e implementar el ingreso de Chile a la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) -más aún ante el boom del litio-; avanzar en el ansiado recientemente ingresado proyecto para contar con un registro centralizado y accesible de beneficiarios finales de las personas jurídicas; son solo algunos que podemos mencionar.
El 2024 será un año de elecciones municipales y regionales, entidades fuertemente cuestionadas y golpeadas por posibles casos de corrupción. Esperemos que, de seguir siendo noticia, sea por las razones correctas: el fin de la impunidad y el fortalecimiento institucional.
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