En un momento de sinceramiento, que se agradece, la presidenta de la Convención transparentó que prefieren mantener el status quo donde prevalece el conflicto y el enfrentamiento porque la Convención “está trabajando en función de instalar la plurinacionalidad, donde se respeten los derechos de las naciones originarias”, incluyendo la “legítima defensa del territorio”. Es decir, la señora Loncón no quiere ver disminuida la capacidad táctica y ofensiva de los grupos violentistas.
Escalada terrorista. La Araucanía está, literalmente en llamas. Se han producido un total de 161 atentados terroristas en los últimos 24 meses, un promedio de 6.7 por día. La mayoría de los ataques eran atentados incendiarios a la propiedad privada en sectores rurales o predios de producción agroforestal. Pero a partir del 2020 ha aumentado su violencia e intensidad.
- Hasta ese momento ocurrían durante la noche y en predios sin moradores, pero ahora son a cualquier hora del día, cometidos por grupos de encapuchados fuertemente armados, efectuando disparos, atacando personas y provocando la muerte de civiles y personal policial. También hay incendios intencionales en escuelas municipales e iglesias católicas y evangélicas, descarrilamiento de trenes, quemas de vehículos y emboscadas a la policía.
- Los terroristas están desafiando a la policía utilizando armas de guerra y carabineros no tiene los medios tecnológicos, materiales y el recurso humano suficiente para derrotarlos.
- Es decir, en la macrozona sur existe “una situación de grave alteración del orden público que afecta la seguridad nacional”, que son los requisitos que permiten al gobierno y al Congreso decretar el Estado de Emergencia, que es precisamente lo que se ha hecho. Además, en este caso por el clamor de los habitantes de la zona que ya no aguantan más.
“Militarización”. Sin embargo, no todos están de acuerdo y denuncian lo que llaman “militarización” de la Araucanía por cuanto el estado de emergencia constitucional permite la colaboración y el apoyo de las FFAA a Carabineros y la PDI, proveyéndolos de los medios que desesperadamente necesitan para controlar la situación.
- Los que se oponen alegan que ello solo aumentará la violencia y que se está apagando el fuego con bencina; que la única solución es el diálogo.
- Si por “militarizar” entendemos el uso de los recursos materiales y humanos de las Fuerzas Armadas para combatir y prevenir actos terroristas, pues bienvenida sea; no tiene nada de malo ni de original. Todas las democracias lo hacen cuando la defensa de Estado de Derecho y la seguridad de sus habitantes lo requiere. Por eso la constitución lo permite y lo regula.
- Naturalmente que habrá enfrentamientos, pues antes los terroristas actuaban a plena luz del día y con total impunidad, pero ahora tendrán que enfrentarse con una policía apoyada por militares con mayor poder de fuego, vehículos blindados y drones. Los enfrentamientos ya no terminarán con carabineros huyendo humillados del lugar para salvar su vida sino con los violentistas en retirada. Si a eso algunos llaman “apagar el fuego con bencina” están profundamente equivocados.
¿Diálogo versus seguridad?. ¿Quién dijo que mantener el orden público, combatir el terrorismo y garantizar la seguridad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus vidas en paz es incompatible con el diálogo? Todo lo contrario, restablecer el imperio del Derecho es una condición indispensable para el diálogo.
- Pero acá hay un “mar de fondo” que no se puede ignorar. El famoso “elefante en el living de la casa” del que nadie quiere hablar. La insurrección en la Araucanía tiene poderosos aliados en la izquierda y sus partidos; y sobre todo en la Convención Constituyente
- Fue la propia presidenta de la Convención Elisa Loncon quien, en un momento de sinceramiento, que se agradece, transparentó que prefieren mantener el status quo donde prevalece el conflicto y el enfrentamiento porque la Convención “está trabajando en función de instalar la plurinacionalidad, donde se respeten los derechos de las naciones originarias”, incluyendo la “legitima defensa del territorio”.
- Es decir, si se aprueba la nueva constitución, los mapuches que utilizan la violencia y por ello arriesgan sufrir la acción represiva del Estado estarán actuando legalmente, amparados y protegidos por el derecho constitucional a defender la integridad de su territorio.
- La señora Loncon no quiere ver disminuida la capacidad táctica y ofensiva de los grupos armados por la acción coordinada de Carabineros y militares mientras se tramita la constitución. El Estado de Emergencia alteraría la correlación de fuerzas en favor del Estado Democrático y en desmedro de los violentistas, lo que le parece inconveniente.
- En todos los gobiernos democráticos estuvo sobre la mesa la declaración de Estado de Emergencia en la Araucanía, pero nadie se atrevió a dar el paso. Decir que si se hubiese hecho antes el conflicto se habría controlado es especulativo, pero ahora la cosa llegó a un límite inaceptable.
- En cuanto a la eficacia del Estado de Emergencia hay que ser muy precisos; es cierto que será un incentivo para algunos para desafiar al Estado con más atentados y no terminará con los atentados en el corto ni mediano plazo. Pero incrementará muchísimo el costo y las dificultades logísticas para que los terroristas actúen; ya no será un “paseo por el campo” sino que deberán enfrentarse con una policía reforzada y pagarán un alto precio.
- No podrán instalar con impunidad plazas de peaje ni tomar el control durante meses de las carreteras, ni impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales, muchas acciones terroristas podrán ser abortadas y la ciudadanía gozará de mayor seguridad. Pero para que eso sea así, se requiere un Estado de Emergencia más prolongado no inferior a seis meses, lo que veo muy difícil sino imposible.
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