Urgencia para la ley de patrimonio cultural. Por Ricardo Brodsky

Con una nueva legislación que proteja el patrimonio cultural, nos evitaríamos escenas vergonzosas como la multa municipal que recibieron unos locatarios del centro de Santiago por pintar sus muros vandalizados o los rayados en la cúpula del Museo Nacional de Bellas Artes.

Son muchas las voces que se han levantado llamando la atención sobre la fragilidad y deterioro en que se encuentra el patrimonio urbano en nuestro país y la falta de una protección pertinente para las manifestaciones inmateriales del mismo.
Los últimos años hemos vivido un momento crítico para las urbes. Si bien el fenómeno de la violencia urbana, de las barras bravas y del anarquismo venía de atrás, nuestras ciudades quedaron en 2019 entregadas a la irrupción del vandalismo ácrata, a la destrucción de espacios públicos y privados, de museos, iglesias y bibliotecas, de monumentos arquitectónicos, de los frontis de los edificios, dejando las calles entregadas a la estética del feísmo, de la usurpación y de la violencia.

Combatir la anomia y el desprecio por las normas comunes, la autoridad y los bienes públicos es una tarea exigente y que abarca múltiples planos, entre los cuales la valoración de lo nuestro, la educación patrimonial, juega un papel central.
Nuestro país carece, sin embargo, de los instrumentos adecuados para el resguardo y cultivo del patrimonio cultural. La ley vigente data de un decreto de 1925 y tanto por sus conceptos como por las instituciones existentes, no es capaz de habilitar una gestión efectiva y eficiente para la promoción, defensa, educación y cultivo del patrimonio cultural. Sobre esto, existe un amplio consenso reflejado en la discusión del proyecto de ley sobre patrimonio cultural que aprobó la Cámara de diputadas y diputados en marzo de este año y que desde entonces duerme en el senado.

Tema aparte es la precariedad en que se encuentran los museos públicos. Tanto en sus presupuestos -muchas veces inexistentes- como en la dotación y sueldos del personal la situación es crítica. Dos paros realizados por los sindicatos en el curso de este año dan cuenta de la crisis en que se encuentra el sector. El proyecto de ley de patrimonio cultural que se encuentra en su segundo trámite legislativo contiene una serie de avances auspiciosos para la gestión del patrimonio, los que van desde las definiciones incorporando la dimensión intangible del mismo y los sitios de memoria, hasta la creación de instrumentos para apoyar financieramente la conservación patrimonial y mejorar la fiscalización, pasando por la necesaria descentralización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que con su actual estructura centralista se convierte, muy a su pesar, en una traba burocrática para las iniciativas patrimoniales.

Senadores de todo el espectro político han invitado reiteradamente al gobierno a trabajar en el desarrollo de ese cuerpo legal, el que ya lleva cuatro años de debates, audiencias públicas y participación ciudadana. Ciertamente el proyecto puede sufrir cambios y mejoras en el Senado, escuchando la voz de los trabajadores y especialistas del sector, pero nada justifica su paralización.

Entre otras voces, los arquitectos Pablo Allard, Emilio de la Cerda, Ives Besancon y los senadores Luciano Cruz Coke, Alfonso De Urresti y Rodrigo Galilea instan a sacar del congelador y dar urgencia a la nueva ley de patrimonio cultural. Nos evitaríamos escenas vergonzosas como la multa municipal que recibieron unos locatarios en el centro de Santiago por pintar sus muros vandalizados o los rayados en la cúpula del Museo Nacional de Bellas Artes. Avanzaríamos como país en respetar la herencia de nuestra comunidad transmitida a través de las generaciones.