El gobierno avanza con serios problemas. No se ha anotado ninguna victoria desde haber asumido, y no parece tener una agenda para dar vuelta el partido. Un triunfo del En Contra le podría dar un segundo aire, pero ni eso es seguro. Si gana el rechazo, caerá sobre sus hombros la presión de su propio sector para comenzar todo de nuevo.
Si se confirma la Constitución vigente, el gobierno no se podrá abstener de impulsar un nuevo proyecto estructural. Quizás espere un tiempo, pero eventualmente se verá obligado a volver la carga. Ignorar que el sector que le apoya, la izquierda, seguirá pidiendo una nueva Constitución si gana el En Contra es prácticamente una negligencia táctica.
Por lo mismo, no avanzar una forma de reponer un nuevo proceso constitucional es un error no forzado. No es que debe haber una nueva Constitución ni que sería legítimo recomenzar sin un nuevo plebiscito, pero en términos políticos, para el gobierno es más costoso no hacerlo que hacerlo.
No recomenzar un tercer proceso sería echarse la propia base de apoyo encima.
Si en cambio gana el A Favor, el escenario no es tan distinto. El gobierno igual se verá apretado por su base para hacerse cargo del “cacho”. Militantes de base, compañeros de partido y miembros de movimientos se movilizarán a nivel nacional para pedirle al presidente hacer “lo correcto”. Le pedirán dilatar, complicar y torpedear, si es necesario, el proyecto para que no se implemente. Le dirán que es una constitución de ultraderecha, a pesar de haber sido aprobada en un plebiscito de voto obligatorio por las capas medias y lo obligaran a escoger entre fiel a su encargo de poner el texto en marcha y su lealtad ideológica a quiénes lo lograron meter en La Moneda.
Así, ante este escenario adverso, en que ningún camino es mejor que el otro, la pregunta importante para el gobierno tiene poco que ver con el resultado de la elección, y más que ver con lo que debe hacer “el día después”.
Para determinar esto, es importante establecer, primero, un objetivo común. Y a todas luces, esto pareciera estar compuesto por dos elementos. Primero, lo que no puede pasar, pues es claro que más allá de lo que pidan las bases, el diagnóstico, es evidente que el país no puede entrar en un tercer debate constitucional. El costo de debatir el “problema constitucional” fue un lujo que superó con creces los beneficios.
Lo único otro claro es que, a este punto lo que necesita el país es volver a crecer, controlar la grave crisis de seguridad y hacerse cargo de inmigración ilegal. Si el gobierno no se hace cargo de esta trifecta, nada funcionará.
Así, el objetivo del gobierno tras el 17-D es evitar caer en la presión de recomenzar un tercer proceso constituyente, y poner la agenda coyuntural por sobre todo lo demás.
Pero, y aquí viene la pregunta importante, ¿cómo se hace esto sabiendo que la presión será en la dirección contraria?
Hoy el gobierno está en un punto medio que lo ha dejado como tibio para la izquierda e ineficiente para la derecha. Para el centro, la clase media y los independientes es visto como un gobierno blando que ha sido incapaz de hacerse cargo de lo urgente.
Mantenerse allí, en el medio, en el espacio gris, no es una opción. Debe tomar una decisión crucial, tajante e irreversible. Si el presidente Boric quiere ser recordado por ser algo más que ser un puente entre dos derechas, debe actuar con premura y decisión, independiente del resultado del plebiscito y antes que la presión se haga insostenible.
Para determinar exactamente lo que debe hacer el presidente, una base de comparación con lo que ocurrió tras el aplastante plebiscito de septiembre es útil. En efecto, esa vez la resolución del presidente fue dar un paso hacia el centro, marginando al octubrismo mientras fortalecía al Socialismo Democrático. Sacó a Siches y puso a Tohá.
Ahora, si bien fue un paso en la dirección correcta, también fue un paso tímido e insuficiente. Pues bien, nada ha funcionado desde entonces. Las cosas no solo no han sido mejor para el gobierno, sino que han sido derechamente peor. Lo que indica esto es que el problema no era que el gobierno era “muy de izquierda”.
Lo ocurrido tras el plebiscito anterior enseña que moverse hacia el centro es necesario, pero no suficiente. Al gobierno lo que le ha hecho mal no es la izquierda, es la incompetencia y la superioridad moral. Nombrar a personas supuestamente moderadas y con tendencias centristas no sirvió de nada, si al final igual se contagiaron con el virus.
Por lo mismo, la respuesta de qué hacer el día después del 17-D tiene poco que ver con un giro ideológico hacia el centro. Otro cambio de gabinete que reemplaza a ministros que son “demasiado de izquierda” por ministros que son “responsables y de centroizquierda”, dejaría al gobierno en el mismo lugar.
Lo que debe hacer el gobierno inmediatamente después del plebiscito es erradicar la incompetencia. Erradicar la superioridad moral. Lo que debe hacer el presidente Boric es extirpar de raíz a todos aquellos que no tienen mérito para estar en el gobierno, y que por no querer dar un paso al costado han estado dispuestos a arrastrar a su gobierno por el barro.
El presidente sabe quiénes son.
El cambio en la dirección correcta es hacia la erradicación de la arrogancia de personas sin experiencia. Es a la eliminación de las personas que con aires de superioridad moral han cavado trincheras entre el gobierno que dicen defender y la oposición con que necesitan negociar para conseguir votos en el congreso.
El cambio en la dirección correcta debe ir más allá del gabinete, que, a final de cuentas, es solo la punta del iceberg. La remoción debe incluir a todos los funcionarios de rango medio, representantes regionales, y asesores variopintos que solo han sido funcionales y serviles a la corrupción y el nepotismo.
Si nada de esto ocurre, el gobierno seguirá lentamente por su senda al declive, moviéndose en silencio a ser la peor administración desde el retorno de la democracia. Después podrán decir lo que quieran, que no los dejaron gobernar o que los tiempos eran otros, pero por dentro no podrán negar la magnitud de la oportunidad perdida.
No hacer un cambio de este tipo implica premiar a los incompetentes, a los inoperantes, a los parientes, a los apitutados y a los que están allí para quejarse del gobierno anterior o del gobierno que viene. El presidente sabe quiénes son, y tiene el deber y la responsabilidad de hacer lo correcto. El momento de hacerlo es inmediatamente después del plebiscito.
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