Qué observar. La declaración de la mesa directiva del PPD, que se reunió el lunes, cuando explotó el caso, señala lo siguiente:
1. El PPD es parte de la alianza del gobierno, miembro de la coalición del Socialismo y desde este espacio contribuimos y seguiremos avanzando en las transformaciones sociales que encabeza el Presidente Boric.
2. La designación de los cargos de exclusiva confianza solo le corresponde su remoción a la autoridad que lo nomina y por responsabilidad política, al ser un partido con historia y consecuencia, siempre respetaremos el uso exclusivo de la facultad de la autoridad.
3. Reconocimos la trayectoria política de la militante Patricia Hidalgo, no obstante, su proceder no se condice con el comportamiento que todos los militantes del PPD deben tener en el ejercicio de los cargos y funciones públicas, sobre todo al dejar de ejercer el mismo.
4. Rechazamos enérgicamente la utilización engañosa y arbitraria de la extrema derecha para sacar réditos políticos de esta situación, tratando de perjudicar al gobierno, enlodando la acción de los ministros, utilizando una herramienta para fines mezquinos.
5. Finalmente, todas las circunstancias que han rodeado estos hechos y que ameriten un pronunciamiento deben ser investigados por las autoridades correspondientes. De los resultados de estos, nos corresponderá definir sanciones si así procediere. El PPD seguirá colaborando activamente con la gestión del gobierno y en el cumplimiento de las políticas públicas a las cuales nos hemos comprometido.
Qué significa. El que el PPD aluda a la ex seremi señalando que “su proceder no se condice con el comportamiento que todos los militantes del PPD deben tener en el ejercicio de los cargos y funciones públicas” supone un importante triunfo político para Jackson, quien sostuvo que Hidalgo fue desvinculada de su cargo por haberse desentendido de la presentación de denuncias ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle.
La arremetida de parlamentarios RN en Contraloría. Los diputados Juan Carlos Beltrán y Carla Morales solicitaron al Contralor Jorge Bermúdez que “fiscalice y vele por la preeminencia del principio de probidad administrativa, continuidad de servicio y el resguardo de los principios de eficiencia y eficacia; en la función pública, y requiera la información necesaria tanto del Ministro de Desarrollo Social y Familia, don Giorgio Jackson Drago, de la Directora (S) Nacional del del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, doña Gabriela Muñoz Navarro y demás personas que estime conveniente”.
Se agrega en la presentación que “recientemente hemos tomado conocimiento que, por parte del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, el pasado 30 de noviembre emanó la Resolución Exenta N° 1015 que resuelve dar inicio al procedimiento de invalidación del segundo concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación y para la línea de acción diagnostico clínico especializado y seguimiento de casos y pericia. Se justificaría esta decisión en la existencia de errores en la etapa de evaluación de los proyectos, identificando, según se señala en la resolución aludida, los siguientes tipos de errores:
1. Existirían casos en que han aplicados criterios desiguales de desempate en aquellas situaciones en que ha debido realizarse desempates entre los proponentes mejor evaluados.
2. Adicionalmente, se presentarían errores en la aplicación de la pauta de evaluación, que incidirían en el resultado del proceso y adjudicaciones.
3. Otro eventual error se manifiesta en las inconsistencias detectadas en la aplicación de puntajes por algunas comisiones evaluadoras regionales”.
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