-¿Cómo has visto el manejo del ministro Nicolás Cataldo (PC) sobre el CAE? ¿Ha sido un poco errático?
-Creo que ha sido muy errático frente a la situación que el mismo gobierno ha generado en torno al CAE. La campaña presidencial de Gabriel Boric se basó en una condonación universal de los créditos universitarios sin haber considerado la evidencia ni las consecuencias de una promesa de esa característica. Y lo que vemos hoy día son precisamente las complicaciones de un anuncio que genera altísimas expectativas y que no ha sido bien manejado, a mi juicio, por las autoridades.
-Ahora el ministro dice que no están pensando en una política de carácter universal.
-Claro, las declaraciones de las autoridades han sido muy erráticas. La promesa de campaña señalaba una condonación universal. Luego, en declaraciones tanto del propio Presidente de la República como del ministro de Educación, se ha dado un giro señalando que en realidad la condonación no tendrá esas características. Pero no se ha dicho cómo efectivamente se va a abordar.
Por lo tanto la incertidumbre y las expectativas se mantienen. Porque al no señalar con claridad cómo se va a cumplir esa promesa, es legítimo que las personas sientan que se van a ver beneficiadas.
-Se habla de 540.000 deudores, lo que ha llevado a un gasto del Estado de US$ 300 millones por su función de aval.
-Lo evidente es que la morosidad ha aumentado. Son más de medio millón de deudores morosos, es decir, que no están al día. En este punto es imposible no conectar el incremento en la morosidad con la promesa de campaña del presidente.
Los datos muestran que la morosidad ha aumentado de manera significativa, con fuerza, desde la promesa de Boric. En el primer trimestre de 2022 era de 52% y subió a 61% luego de las elecciones presidenciales. En marzo de 2023 llegó a 58%. Hoy día la morosidad alcanza 54%, pero en 2019 era de 29%. La tendencia al alza es clara.
-¿Qué otros efectos tiene la promesa de condonación?
-Tiene efectos negativos en diversos ámbitos. Primero, en las expectativas que genera y el cambio en la conducta de pago de los deudores frente a la promesa de que se va a condonar. Es inevitable que aumente el número de personas que deciden no pagar, porque tienen la expectativa de que ese crédito se va a perdonar.
Junto con eso, es una política que implica un altísimo costo para el Estado. Si la condonación fuese universal, costaría 10 mil millones de dólares. Recursos que el país no tiene y que el ministro Marcel ha dicho incluso que ni siquiera están considerados en la reforma tributaria.
-Es más que una reforma tributaria entera.
-Exacto. Y además de eso, el altísimo costo fiscal genera distorsiones muy fuertes en el mecanismo de financiamiento, porque cuando la condonación pasa a ser la política pública elegida, lo que estás señalando es que el sistema de créditos desaparece; y por lo tanto, el costo no es solo el de condonar los créditos, sino que el de sustituir los créditos por una eventual gratuidad.
En un marco general, se trata de un anuncio muy regresivo porque termina beneficiando precisamente a quienes están en condiciones de cumplir sus compromisos. Estamos hablando de personas que tienen un título universitario, tienen una profesión y en la práctica han tomado la decisión de no pagar. El que está con dificultades financieras puede acogerse a beneficios para no pagar o para disminuir su cuota.
-¿Los que no pagan no son necesariamente los más vulnerables?
-El aumento en la morosidad está marcada por personas que teniendo recursos deciden no pagar. Y si a esas personas además los vas a beneficiar con una condonación, es una política muy regresiva.
-¿Planteas reformar el CAE o buscar otro tipo de soluciones?
-Una buena política, a mi juicio, pasa por mantener los sistemas de crédito y mejorarlos. ¿En qué sentido? Primero, unificar los créditos. Hoy día tenemos créditos diferenciados, el CAE y el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Lo razonable es tener un único sistema de crédito y que ese sistema tenga incentivos correctos para el cumplimiento posterior y al pago de las cuotas.
De tal manera que si una persona tiene un historial de pagos permanente, o incluso de responsabilidad en términos de que si no tiene recursos, efectivamente si así lo indica y pide las rebajas correspondientes, sea beneficiado. Es decir, si a lo largo de un tiempo muestra una cultura de pago y de cumplimiento adecuada, se pueda ver beneficiada con la condonación de un saldo si ese saldo efectivamente existe. Pero es fundamental poner los incentivos en que el crédito efectivamente se pague y por lo tanto dar con soluciones que generen una lógica virtuosa de premiar al que cumple efectivamente con sus obligaciones.
-Muchas promesas que se hacen en la campaña después no se cumplen. Pero, ¿dirías que esta es una propuesta irresponsable?
-Yo creo que la promesa de campaña de la condonación universal de los créditos universitarios es una promesa irresponsable que se hizo sin tener en cuenta la evidencia disponible, sin tener claridad de la magnitud del costo del cumplimiento de esa promesa. Y dejando de lado mínimos elementos de justicia en el diseño de una política pública.
-El ministro Cataldo enfrenta otro problema grave en el norte. El Colegio de Profesores de Atacama podría iniciar un paro el 5 de marzo, porque alega que no se han cumplido todos los compromisos en la implementación de Sistema Local de Educación Pública (Slep). ¿Cuál es tu postura?
-La región de Atacama se ha visto muy perjudicada por la falta de gestión en el sistema educativo. Y junto con ello, por la captura que algunos grupos de presión han hecho del sistema. Es fundamental que el año escolar en todo Chile y específicamente en el norte, se inicie de manera adecuada, porque los niños, los alumnos de Atacama, no pueden seguir siendo víctimas de la captura política y de la ineficiencia en la gestión de las autoridades.
Atacama es una de las regiones que lamentablemente tiene los peores resultados en términos de aprendizaje y por tanto requiere un esfuerzo mayor para que el sistema educativo entregue reales oportunidades. Y creo que esa combinación de captura política por ciertos grupos de interés y por otro lado de falta de capacidad de gestión de las autoridades no puede mantenerse y hay que ponerle límite de inmediato.
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