Las indicaciones presentadas por los consejeros del partido republicano al texto constitucional propuesto por los expertos ha provocado diversas reacciones, no porque se discuta la legitimidad de haberlas propuesto, cosa que está plenamente recogida en los reglamentos del Consejo Constitucional, sino por las consecuencias políticas que supone romper el frágil acuerdo expresado en la propuesta de los expertos.
Es cierto que el texto de la comisión experta no despierta el entusiasmo ciudadano como lo dejan ver diferentes encuestas. No se trata de una crítica a los contenidos de la propuesta, sino el reflejo del cansancio, o mejor saturación, de los chilenos con la discusión constitucional. La ciudadanía prefiere que el mundo político discuta y actúe sobre temas que parecen no solo mucho más urgentes sino relevantes para la vida concreta aquí y ahora. Seguridad, salud, pensiones y ahora último corrupción son los temas que preocupan a la gente.
La deficiente gestión del gobierno contribuye a la distancia ciudadana respecto del proceso constitucional y las iniciativas de su gabinete, cuya credibilidad se ha visto seriamente afectada por su incapacidad de mejorar temas urgentes en los ámbitos de la salud o la educación -para qué decir del efecto que produce la delincuencia desatada- y muy especialmente por el “caso fundaciones”, una corruptela encabezada por quienes estaban llamados a renovar las prácticas políticas, combatir los privilegios y dejar de manifiesto su pretendida superioridad moral.
La operación republicana tiene serios riesgos. Sus indicaciones serán defendidas y divulgadas activamente por su líder José Antonio Kast con la esperanza de levantar una mayoría ciudadana decidida a apoyar el nuevo proyecto: indicaciones claramente demagógicas -pero imposibles de ser consensuadas- van en esa línea. No será fácil para los republicanos desdecirse de sus propias indicaciones cuando llegue la hora de construir consensos o alcanzar los quórums para aprobar los textos definitivos. Quizás, en su imaginación ronda la idea nada improbable de que pueden arrastrar a los consejeros de Chile Vamos y aprobar un texto imposible para la izquierda.
De tal modo, buscarían hacer aprobar una constitución partisana aprovechando la desfavorable correlación de fuerzas para el ejecutivo. En el fondo, se trataría de escribir un nuevo plebiscito contra el gobierno y la izquierda realmente existente.
No es extraño entonces que la idea de rechazar la propuesta constitucional que emane del Consejo resulte atractiva para la izquierda, aunque implique una nueva derrota para el gobierno y muy especialmente para el legado del presidente Boric.
Sin embargo, la posibilidad del triunfo del rechazo a un texto que llevaría la firma de Kast sería una derrota anticipada del candidato presidencial conservador, idea sumamente acariciable y una oportunidad única para torcer la tendencia general que nos puede llevar hacia un gobierno de derecha radical.
El juego republicano es al todo o nada. La izquierda tiene ahí la oportunidad para cruzarse en el camino y reconstruir una coalición más amplia que la saque del 30% al que parece haberse auto condenado con complacencia suicida.
Otra opción, menos arriesgada, habría sido consolidar el texto de la comisión experta e intentar convencer a los chilenos de las bondades del acuerdo.
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