– Ahora se supo que se entregaron 629 millones de pesos para pintar tres fachadas en Antofagasta, a Fundación ProCultura, que tiene que ver con el tema de los libros. Entiendo que esto fue visado por la Dipres. ¿Cuál es tu opinión sobre esta crisis y de que modo afecta al aparato estatal?
-Es muy importante distinguir el aporte que hacen las entidades privadas colaboradoras del Estado. Y lo que ocurre en este escándalo en particular, donde hubo personas de un partido político (RD), que se coludieron y crearon fundaciones para sacarle plata al Estado. Y eso tiene nombre y apellido: se llama corrupción.
-¿Cuál es tu evaluación del rol de Javiera Martínez, Dipres? ¿Ella avaló este proyecto para ProCultura?
-Hay casos en los cuales se requiere de un proceso que pasa por la Dirección de Presupuesto. Cuando eres director de Presupuesto, para aprobar estos decretos, recibes información técnica del especialista a cargo y la justificación, etcétera. Y si todos esos antecedentes, están en orden, uno procede a aprobar. Ahora esto es un acto de autoridad, por lo tanto, uno no está obligado a aprobar todo lo que le llega.
Lo primero que uno tiene que hacer es siempre procurar el resguardo de los recursos públicos. Y no puede ser un cómplice pasivo si uno sabe de alguna irregularidad.
-¿Pero los filtros no funcionan a veces?
-Se acompaña de una minuta técnica, de la aprobación del CORE o del Ministerio de Desarrollo Social, si fuera el caso, y se verifica si están los recursos disponibles para ejecutar el programa. Habiendo pasado todos esos filtros, si el director o la directora a cargo tiene la percepción que puede existir alguna anomalía puede negarse a firmar.
La pregunta relevante es con qué antecedentes contaba la directora al momento de firmar el decreto. Si no tenía antecedente de que había un mecanismo para defraudar al Estado, está en regla. Si fuera el caso contrario, no solamente tenía el deber de no firmar, sino que además tenía que denunciarlo.
-En este caso se establecían $ 260.000 por metro cuadrado para pintar fachadas, que está fuera de cualquier presupuesto. Javiera Martínez es una persona cercana a Marcel y ve el tema de la reforma tributaria.
-Al final del día yo no sé que antecedentes tuvo ella para aprobar este decreto, pero yo parto del principio de la buena fe, que tuvo todos los antecedentes y procedió a firmarlo. El tema acá es que cualquier director de presupuesto que sospeche que aquí hay un mecanismo para defraudar al Estado, no tiene ninguna obligación de firmar una modificación presupuestal.
-La Dipres declaró que cuando se aprueba este tipo de asignaciones no se pronuncia sobre el mérito. ¿Eso es correcto?
-Si tengo información de un mecanismo para defraudar al Estado, no lo firmo como autoridad. Y si estoy obligado a hacerlo, pongo mi cargo a disposición.
Pero en ningún caso alguien podría justificar por el mérito sabiendo que hay un acto de corrupción. Eso me parece que está fuera de lo que le corresponde a un servidor público.
-Hay convenios investigados por 10 mil millones de pesos, incluyendo uno de $ 100 millones que ocurrió el 2021, es decir, en el gobierno de Piñera, para la Fundación Archiduque. ¿Supiste algo de eso, es un mecanismo de fraude que viene de antes?
-Es re fácil en un momento meter a todas las instituciones privadas en un mismo saco, y desprestigiar el rol que cumplen. Acá hubo personas que se coludieron y crearon fundaciones para sacarle plata al Estado.
Lo que nos debería convocar es que todas la mejoras tienen que ir en el sentido de que estas entidades privadas no participen menos, sino todo lo contrario. Queremos que presten más servicios al Estado y que lo puedan hacer de una manera más eficiente.
-Has trabajado en el estado. Hay dudas sobre cuándo se enteró La Moneda.
-No tengo antecedentes de los tiempos. Pero La Moneda tiene que tomar nota de que tenemos un Estado muy frágil, muy desgastado. Y tenemos que parar de una vez por todas con la desidia con la cual se usan los recursos públicos. Y sancionar con penas ejemplares a aquellos que cometen delitos.
Adicionalmente promover más la participación de entidades privadas, creando mecanismos de mayor participación, de igualdad de oportunidades en la participación, que sean mecanismos concursables para que puedan optar la mayor cantidad de instituciones y no seleccionarlas a dedo. Tener mecanismos que faciliten a estas instituciones la rendición de cuentas, las normas de transparencia, etcétera.
Mientras no hagamos un esfuerzo por modernizar este Estado no podemos seguir pidiéndole más recursos a los ciudadanos.
-¿Y qué te parece el rol de Luis Cordero en todo este tema?
-Él está tomando una vocería y me parece bien. Lo conozco personalmente pero no tengo ninguna opinión más allá de eso.
-¿El Estado está capturado?
-Tenemos un Estado capturado por los operadores políticos que se mezclan con funcionarios públicos ejemplares, que hacen bien su pega y tienen una profunda vocación de servicio público.
Creo que hay que promover la participación de las instituciones privadas, establecer criterios mínimos de experiencia para que estas instituciones participen en la solución de de los problemas sociales. Que el trato directo sea un mecanismo de última ratio bajo circunstancias súper excepcionales y bien reglamentadas y aprobadas por instancias superiores.
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