Manuel Guerra, ex fiscal y propuestas de Sistema de Justicia: “Perjudican la independencia de un poder del estado”

El ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, tiene una mirada crítica a algunas de las normas sobre sistema de justicia que estudia la Convención Constituyente. “Se crea un Consejo Superior de la Justicia, una figura que existe en otros lugares y que en general no ha dado buenos resultados”.

-La propuesta de Sistemas de Justicia incluye eliminar el fiscal nacional y crear un Consejo General. ¿Compartes esa dirección?

-No. Una vez que se inició el proceso constituyente, siempre he sido de la idea de que había que disminuir la influencia de la política al elegir a las autoridades del Ministerio Público. Se ha cuestionado que haya una participación directa del Presidente de la República y del Senado en la elección del cargo de Fiscal Nacional, porque se entiende que puede haber en eso una influencia de la política sobre la justicia. Por lo tanto cambiarlo por una figura distinta, a mí me parecería que podría ir en la dirección correcta. Pero no es el caso.

-¿Por qué?

-La forma en que establece una dirección colegiada, eliminando el cargo de fiscal nacional, creo que tiene varios reparos.

-¿Cuáles?

-El primero de ellos es que se va a generar una burocracia que va a enlentecer los procesos de decisiones al interior del Ministerio Público, que por la dinámica propia de la persecución penal requiere un trabajo rápido, de día a día. Y eso se pierde con un órgano colegiado.

Segundo, el plantear una participación activa de representantes políticos en esta instancia creo que no contribuye a disminuir la influencia del ejecutivo. Lo que es contradictorio con lo que se buscaba: bajar la influencia de la política ha sido uno de los temas que más se ha planteado por los convencionales de distintos grupos.

Luego, me parece que se diluye la responsabilidad al tener un órgano colegiado respecto a quién adopta las decisiones.

-¿Ves un sesgo corporativista en esta propuesta?

-Claro. Al establecer la representación  de los distintos estamentos de la fiscalía, se pueden corporativizar las decisiones tanto de nombramientos, como de evaluaciones, procesos de promoción interna como son ascensos y ese tipo de cosas. Y eso no es bueno para la institucionalidad.

Una cosa es crear una figura para que puedan participar directa o indirectamente en las definiciones representantes de fiscales como de los restantes funcionarios del ministerio Público, pero otra cosa es que ellos junto a políticos tomen la definición de las políticas de actuación.

-¿Por qué te parece negativo?

-Porque la idea es que el ministerio público sea independiente y que resuelva conforme a la ley y no conforme al criterio que pueda tener una mayoría circunstancial de turno. Ojo que se corre el riesgo que se politicen las decisiones al interior de los gremios de la institución.

Los representantes gremiales responden a determinados intereses o visiones, y esta fórmula me parece que es riesgosa para la institucionalidad.

-¿Piensas que esto tiene que ver con las críticas al actual fiscal nacional?

-Exacto. Parece ser que todo nace de una crítica a lo que fue  el proceso de elección del actual fiscal nacional, Jorge Abbott, donde ha habido cuestionamientos a la forma en que fue elegido y en cómo ha dirigido la institución.

Con la nueva propuesta, el temor que tengo es que las definiciones que son jurídicas, que deben ser de carácter técnico y con apego a la ley, terminan siendo decisiones que más bien respondan a una mayoría política circunstancial, que pueda tener una determinada visión del país. Y si mañana cambia esa mayoría, nos veamos enfrentados a un péndulo en las decisiones que el Ministerio Público toma.

-¿Faltan controles?

-Al día de hoy, en la propuesta convencional, no hay acusación constitucional por el Congreso, una alternativa que se podría discutir para fiscal nacional como para fiscales regionales, ante notable abandono de deberes. Es necesario establecer mayores controles al Ministerio Público. La forma no la comparto. Y creo que es errada. Se van generando burocracias, que van otorgando este poder corporativo, que es complejo en un organismo que es eminentemente técnico.

-¿Queda el riesgo de que el Poder Judicial sea un títere del poder político, como pasa en dictaduras o regímenes autoritarios?

-El riesgo existe. Se crea un Consejo Superior de la Justicia, una figura que existe en otros lugares y que en general no ha dado buenos resultados. Yo creo que el Poder Judicial chileno, más allá de que te puedan gustar las decisiones o no, funciona: los jueces en Chile fallan, en la gran generalidad de los casos, son muy raras las excepciones, conforme a lo que es la ley y el derecho. Esa independencia está garantizada porque el Poder Judicial es un poder en sí mismo, es independiente en la toma de decisiones.

-¿Por qué crees que la Convención quiere hacer estos cambios? ¿Hay una crítica al poder judicial?

-Lo que ocurrió en Chile fue que se binominalizó la elección de ministros de la Corte Suprema. En el sentido que uno tenía que responder a una determinada sensibilidad y otro a otra. Y eso ha sido objeto de cuestionamientos.

En Chile se rechazó en su momento el nombramiento de Milton Juica, de don Carlos Cerda, hace poco el ministro Mera. Eso fue profundamente errado porque todas eran personas competentes. Se termina buscando un consenso político y se deja de lado la trayectoria.

Si los propios jueces van a elegir quiénes van a ser ministros de la Corte Suprema, me parece complejo, porque ahí se producen diferencias gremiales. Puede primar una visión política en vez de técnica. Se puede generar un problema para el futuro y perjudicar la independencia de un poder del estado. Esa independencia, creo yo, se va a ver perjudicada. No es bueno meterle estos ingredientes políticos o corporativos al poder judicial.

-¿Qué te parece este consejo superior, que son siete integrantes elegidos por sus pares? Los fiscales escogen a tres miembros, los funcionarios del MP a uno y un consejo plurinacional optaría por otros tres.

-No es la mejor fórmula. Los fiscales adjuntos en Chile cumplen una función de dirección de las investigaciones en una lógica que es jerárquica. Y eso tiene que ver con la unidad de acción: que ojalá el Ministerio Público ante una misma situación jurídica en distintos lugares del país, resuelva de manera similar. Tenemos 700 y tanto fiscales adjuntos. Por lo tanto, se corre el riesgo de que tengamos tantas decisiones como fiscales haya. Por eso no creo que funcione.

-¿Decías que el fiscal Abbott tiene responsabilidad en cierta imagen crítica en la Convención sobre el poder judicial?

-Hay un cuestionamiento al fiscal Abbott, respecto a cómo ha dirigido la institución y las decisiones que puede haber tomado. Pero una cosa es la persona del fiscal Abbott  y otra es el órgano de fiscal nacional que es permanente y que de hecho está cerca de un proceso de renovación. Antes hubo dos fiscales nacionales y no hubo cuestionamientos. Entonces no puede ser que por una definición coyuntural, porque alguien o un sector no le gustó una persona, cambiemos toda la estructura.

-¿Cuál sería una propuesta correcta?

-Mejoremos el control de las autoridades de la fiscalía. Muy distinto es llegar a esta lógica corporativa, donde las responsabilidades se diluyen, que es lo que propone la Comisión.

Además se establece una diferencia odiosa: ¿por qué hay tres fiscales y solo un funcionario en el Consejo? Es bastante especial. Las organizaciones de funcionarios no están conformes con esto. Si se va a integrar un Consejo debería ser paritario. Más de 3.200 funcionarios tiene el Ministerio Público y sólo 780 fiscales. Es extraño, si queremos democratizar las decisiones internas. Soy contrario a la existencia del Consejo, se va a alejar del carácter técnico.