Los atentados explosivos de las últimas semanas en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío han demostrado que los grupos político-delictuales dedicados, desde hace mucho tiempo, al terrorismo y al bandolerismo representan una amenaza real para la paz y la seguridad interior. La aparición del “Movimiento 18 de octubre”, que reconoció la autoría de los atentados, confirma que el Estado está desafiado en el plano de la fuerza, y que llegó la hora de responder a ese desafío.
El nuevo movimiento está constituido más o menos por los mismos sectores antisociales que han actuado en La Araucanía y las regiones aledañas. El hecho de que hayan elegido el 18 de octubre para identificarse es toda una confesión. Entrenados en los ataques incendiarios, la destrucción y el pillaje, traspasaron su “experiencia de combate” a Santiago, Valparaíso, La Serena y otras ciudades en 2019 para causar la devastación conocida. La bandera mapuche levantada en la Plaza Italia fue usada hipócritamente para cubrir todas las formas de irracionalidad.
El manifiesto del “Movimiento 18 de octubre” contiene amenazas contra medio mundo. Ni Boric se salva. No cuesta mucho identificar a sus redactores. Se trata de universitarios intoxicados con la papilla marxista, guevarista y maoísta, que usan un lenguaje calcado al de los documentos de la guerrilla de las FARC colombianas. Es el modelo seguido por la CAM y demás grupos terroristas del sur. Allí, han encontrado cabida miristas, rodriguistas y lautaristas reciclados, anarquistas adoradores del fuego, pero sobre todo quienes descubrieron que “la revolución” puede ser un negocio rentable.
Dicho manifiesto rechaza explícitamente la ley contra el robo de madera, lo cual ahorra cualquier explicación. Su discurso, mezcla de anticapitalismo, reivindicación étnica y defensa de los pobres, es tramposamente antiguo: todos los grupos guerrilleros latinoamericanos hablaban en representación del pueblo, y solo provocaron dolor, sufrimiento y muerte. Lo que cuentan son los actos. Hay que tomar en serio las amenazas de los octubristas. Hoy, cuentan con mayores medios para socavar el orden legal.
El peso de las inhibiciones ideológicas del bloque gobernante ha conspirado contra la respuesta eficaz que debe dar el Estado. Tanto en la reunión que Boric tuvo en Cerro Castillo con los parlamentarios de La Araucanía, como en la sostenida en La Moneda con los representantes de los demás poderes del Estado, lo central fue la discusión sobre los eventuales cambios a la Ley Antiterrorista, que La Moneda proponía estudiar en un plazo de 6 meses, pero se acordó hacerlo en 30 días.
Las leyes se pueden modificar y hasta derogar, por supuesto, pero lo urgente en este momento es perseguir a los terroristas, impedir que sigan causando estragos, y eso exige que, con las leyes que existen, los militares y las policías hagan lo que no pueden dejar de hacer frente a la amenaza configurada. Lo que se requiere es reacción inmediata, o sea, inteligencia, investigación, planes operativos, grupos de tarea. No puede haber negligencia en esta materia. El Estado tiene la obligación de proteger a la población con todos sus medios.
Mientras actuaron en la oposición, el Frente Amplio, el PC y algunos socialistas no ocultaban sus simpatías hacia quienes desafiaban al Estado. En los días de la revuelta, estuvieron instintivamente al lado de quienes se enfrentaban con Carabineros. Pedían “desmilitarizar la Araucanía”, usaban la palabra Wallmapu con aire desafiante y hasta celebraban que Temucuicui fuera una zona “autónoma”. Es visible que les ha costado ponerse del lado del orden legal.
En este contexto, la intención de La Moneda de mostrar el nuevo plan de reparto de tierras en el sur como un instrumento de pacificación tiene toda la apariencia de ser un nuevo error de diagnóstico y, por lo tanto, de tratamiento equivocado.
De partida, generará expectativas que no podrán ser satisfechas, pero además puede estimular el reclamo incluso violento de las llamadas “tierras ancestrales”, lo que provocará múltiples conflictos. ¿Se pretende forzar a muchos propietarios a salir de La Araucanía”? ¿El gobierno está preparando un plan para expropiar miles de hectáreas? Y suponiendo que eso sea posible, ¿cree que eso incentivará a los grupos armados a entregar las armas? ¿En qué nuevo lío se está metiendo?
Ignoramos si la ministra de Defensa, Maya Fernández, ha manifestado dentro del gobierno alguna preocupación por la existencia de grupos armados que actúan contra el Estado. Pero, suponemos que los mandos de las FF.AA. sí tienen esa preocupación, y que se dan cuenta de que tales grupos constituyen un peligro que debe ser enfrentado sin tardanza. La pregunta es si el Presidente se ha convencido de eso, y si está dispuesto a ponerse a la cabeza de la acción antiterrorista, que es, al fin de cuentas, la defensa consecuente del régimen democrático.
Lo que se requiere con urgencia es definir una estrategia orientada a desarticular a los grupos armados que comprometa a todas las fuerzas políticas. Ello debe incluir necesariamente un amplio despliegue militar y policial en la macrozona sur que, por su superioridad numérica y la amplitud de recursos, reduzca la posibilidad de resistencia. Es crucial capturar a los cabecillas y cortar los canales de financiamiento. Una acción así concebida, podría redundar en la rendición de muchos de sus integrantes. Naturalmente, hay que procurar que no haya víctimas, pero si se demora la respuesta estatal, todo será peor.
La democracia tiene derecho a defenderse. Es lo que debe hacer ahora mismo.
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