Las cuentas sin pagar del golpismo de izquierda. Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante
Un manifestante levanta un bombo con las siglas anti Carabineros ACAB, durante protestas en la Plaza Baquedano, en el segundo aniversario del estallido social. Imagen: Agencia UNO.

Ningún partido con existencia legal puede beneficiarse de las libertades y, simultáneamente, alentar las acciones antisociales que socavan el régimen democrático. La delincuencia y el extremismo han demostrado ser parte de una misma amenaza contra nuestra convivencia. Hay que terminar, entonces, con las ambigüedades frente a la violencia, respaldar a las fuerzas policiales para que cumplan su misión de proteger a la sociedad y sostener el Estado de Derecho a pie firme.


No hay pruebas de que, en octubre/noviembre de 2019, los parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista hayan levantado barricadas o lanzado bombas molotov a las fuerzas de Carabineros, tampoco que hayan participado en la devastación del Metro, en los saqueos, en la quema de iglesias o en los ataques a comisarías y unidades militares. Se limitaron a “echarle leña al fuego”. Sin arriesgar el propio pellejo, justificaron la violencia con la mentira de que era expresión del pueblo exasperado. Sin ensuciarse las manos, cabalgaron sobre el vandalismo y el pillaje, para luego capitalizar políticamente sus efectos. En primer lugar, el miedo.

En aquellos días, la izquierda populista dejó a un lado los escrúpulos legales y avaló todas las demasías, para lo cual no dudó en converger con el mundo del hampa. El propósito compartido fue inhabilitar socialmente a las fuerzas de Carabineros, neutralizarlas desde el punto de vista operativo y, en lo posible, provocar su hundimiento como institución. Ello sirvió para que las bandas del narcotráfico capturaran nuevos territorios para sus operaciones. En la primera línea de las refriegas callejeras, se mezclaron los militantes revolucionarios y los elementos del lumpen.

No podemos seguir dando explicaciones torcidas sobre lo ocurrido en 2019. Entonces, fuimos testigos del surgimiento de una corriente golpista de izquierda, dispuesta a todo, la cual se vio alentada por la actitud oportunista de todos los partidos opositores al gobierno de Piñera, que jugaron la carta de la desestabilización e hicieron planes para volver a La Moneda antes de 4 años.

La crisis de seguridad pública y el avance de la criminalidad no partieron en 2019, pero se potenciaron entonces. En los hechos, los populistas les facilitaron las cosas a los delincuentes. Allí están todos los proyectos de ley que buscaban proteger a la sociedad y que fueron votados en contra por los diputados Boric, Jackson, Vallejo, Orsini, Cariola, Hirsh, Santibáñez, Hertz, etc.

Convencidos de las virtudes de la demolición para crear una sociedad luminosa, atizaron la más sórdida campaña de odio contra Carabineros, sin reparar en las consecuencias. No ha pasado tanto tiempo desde los días en que, ante cualquier incidente violento, la actitud instintiva de los parlamentarios frenteamplistas y comunistas era dar siempre por culpables a los funcionarios policiales.

En febrero de 2021, la diputada Catalina Pérez, del Frente Amplio, lanzó su famosa frase: “¿Cómo quieren que no lo quememos todo?” Lo dijo después de que la ciudad de Panguipulli sufriera múltiples ataques incendiarios, los que se produjeron luego de que un carabinero disparara y matara a un agresor. Entonces, la diputada no vaciló en condenar al carabinero, pero la investigación judicial demostró que había actuado en legítima defensa. Hoy, como se sabe, Catalina Pérez es vicepresidenta de la Cámara.

En estos años, mucha gente se ha preguntado por el significado de “ACAB”, que parecía una sigla en los muros de Santiago, Valparaíso y otras ciudades. Se trata de un eslogan importado (“All Cops Are Bastards”). Esa ha sido la doctrina de las tribus anarquistas y ultraizquierdistas, y ciertamente de los “insurrectos con prontuario”, como varios de los indultados por Boric.

El asesinato de Rita Olivares, sargento de Carabineros, ascendida en forma póstuma al grado de suboficial mayor, estremeció a todo Chile, y es posible que se convierta en un punto de inflexión respecto de la comprensión del reto que representan las bandas criminales, y de la necesidad de que el Estado responda con todas sus capacidades. Para esto, se requieren definiciones claras de todas las fuerzas políticas y es allí donde quedan al desnudo las incongruencias oficialistas.

Luego de participar en el funeral de la nueva mártir de Carabineros, Boric dijo: “Vale la pena reflexionar respecto de actuaciones pasadas”, En realidad, es indispensable en su caso. Sin embargo, no le ayuda su deteriorada credibilidad ni la extendida percepción de que suele conformarse con pronunciar frases convenientes para salir del paso. ¿Ha cambiado realmente de opinión respecto de las obligaciones que ningún mandatario constitucional puede eludir, entre ellas el ejercicio de la fuerza? Sería demasiado costoso que solo estuviera maniobrando.

Boric llegó a La Moneda con la idea de que él, como portaestandarte del octubrismo, era un redentor social. Hace solo medio año, pidió aprobar la Constitución que iniciaba la refundación de Chile. En un artículo publicado el 27 de marzo en el diario El País de España, se las arregló para describir la realidad nacional sin hacer referencia a la barbarie de 2019. Tampoco mencionó el triunfo del Rechazo en septiembre pasado, que fue un fracaso directo de su liderazgo. Hay motivos para desconfiar del zigzagueo.

Se ha producido un cambio del clima social y político. Hoy, mucha gente entiende mejor la raíz de nuestras dificultades: la deslealtad con la democracia. El anhelo más intenso de la mayoría en este momento se sintetiza así: seguridad, orden y estabilidad. Son las condiciones de la vida en libertad y de las posibilidades de progreso social. Incluso, los animadores de los matinales de la TV tratan de ponerse en onda. A lo mejor, hasta la presidenta del Tribunal Constitucional llega a convencerse de que la CAM es una organización que actúa contra el orden constitucional.

Ningún partido con existencia legal puede beneficiarse de las libertades y, simultáneamente, alentar las acciones antisociales que socavan el régimen democrático. La delincuencia y el extremismo han demostrado ser parte de una misma amenaza contra nuestra convivencia. Hay que terminar, entonces, con las ambigüedades frente a la violencia, respaldar a las fuerzas policiales para que cumplan su misión de proteger a la sociedad y sostener el Estado de Derecho a pie firme.

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