Las contradicciones del proceso constituyente. Por Álvaro García Mintz

Coordinador incidencia Nuevo Trato
Miembros de la Comisión Experta durante una sesión a inicios de abril. Imagen: Agencia UNO.

Resolver las contradicciones del proceso constitucional aparece como la prueba definitiva para un sistema político en serio riesgo de colapso. Pero el tono y volumen del proceso hasta ahora (actualidad de la Comisión Experta y campaña para el Consejo) no parecen sintonizar con ello. Queda poco y falta mucho para diciembre.


Durante las últimas semanas, el proceso constitucional está mostrando sus inevitables contradicciones. La más obvia: asistimos a un proceso electoral que no “calienta a nadie”, mientras la Comisión Experta sube de temperatura.

En esa contradicción, se esconden otras, como la de un proceso electoral habilitado por partidos tradicionales que terminará siendo catapulta de partidos nuevos, precisamente los que se oponían al mismo. O la pretensión de un diálogo experto capaz de evitar la disputa ideológica que terminó restaurando la frontera binominal que separa la izquierda de la derecha.

¿Cómo abordar estas contradicciones?

Partamos por la Comisión Experta y la dicotomía entre izquierda y derecha. Habrá que recordar que la legitimidad de esta instancia descansa en la aplicación del saber experto y no en su capacidad para resolver las principales disputas ideológicas. Para eso está la democracia. Dos son los principales nudos en la comisión: cómo delinear el sistema electoral para hacer frente a la fragmentación y la forma en que debe convivir el Estado Social con la libertad de elección. Al respecto, a una comisión de expertos constitucionalistas uno debería exigirle:

  • Que su propuesta se haga cargo cabalmente del diagnóstico compartido en relación con la fragmentación del sistema político y al hacerlo, construya tal nivel de acuerdo que ello blinde de legitimidad la propuesta que se haga, haciendo muy complejo que los incumbentes (consejeros electos en listas de partidos o más tarde, el Parlamento) puedan adecuar las reglas a la conveniencia de los actuales jugadores.
  • En relación con la tensión entre Estado Social y la libertad de elegir, esencia de la disputa ideológica, la comisión de expertos no puede pretender imponer una visión sobre otra. Su deber es instalar las bases institucionales y los principios constitucionales para que ninguna de las visiones pueda considerarse inconstitucional. En otras palabras, se trata de completar la frase: Estado Social y Democrático de Derecho. Es decir, que sea la democracia la que dote de contenidos, instrumentos y normativa al Estado Social.

Respecto de la posibilidad, cada vez más cierta, de que sean los partidos que se opusieron al proceso quienes obtengan un mejor rendimiento electoral, es importante advertir que:

  • Tanto Republicanos como el Partido de la Gente (PDG) entran al proceso habiendo declarado que no creen en la necesidad de una nueva Constitución. Probablemente su agenda será construir las bases políticas y argumentales para sustentar la opción “en contra” en el plebiscito de salida. Su actual fuerza electoral, la demostrada capacidad de boicotear el proceso desde adentro y la conocida mayor facilidad para destruir que construir, exigen que, esta vez, nadie dé por asegurado el resultado.
  • La política tradicional tiene que tomar nota: la propuesta constitucional debe equilibrar el procesamiento de las legítimas diferencias ideológicas con el arribo a una propuesta que genere mayorías políticas sólidas. Ganar el plebiscito de salida exigirá llegar a un acuerdo capaz de difuminar las barreras entre izquierda y derecha para ganar una elección que se dará en un clivaje entre política y anti-política.

Así las cosas, resolver las contradicciones del proceso constitucional aparece como la prueba definitiva para un sistema político en serio riesgo de colapso. Pero el tono y volumen del proceso hasta ahora (actualidad de la comisión experta y campaña para el Consejo) no parecen sintonizar con ello. Queda poco y falta mucho para diciembre.

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