Golpe político al Presidente. La incesante ola de atentados y los obstáculos políticos del PC y el FA para sacar adelante la creación de “Estado de Excepción Intermedio”, que incluía un despliegue acotado de las FFAA en las rutas de la Macrozona Sur, pero a cargo de un civil, dejó a Boric sin otra posibilidad que enviar un decreto presidencial a Contraloría para aplicar un Estado de Emergencia. La ministra Izkia Siches fue la encargada de realizar la noche de este lunes el anuncio, tras una reunión de más de dos horas con los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático y mientras el tiro de cámara la enfocaba a ella junto al presidente del PC, Guillermo Teillier.
El rol del PC y la fractura de sus coaliciones. El Gobierno requería de 93 votos para aprobar su iniciativa en la Cámara de Diputados, por lo que requería alinear a todos los diputados oficialistas y parte de la oposición. Pero, a diferencia del PS y el PPD, además de la DC, Apruebo Dignidad nunca lo acompañó en ese tránsito. Y el rol protagónico del PC en las negociaciones terminó generando una fractura en el Socialismo Democrático. Incluso, señala un presente, en la reunión de anoche con el comité político de La Moneda hubo críticas de representantes del FA hacia los comunistas, ante la amenaza de un quiebre en las coaliciones que dan sustento político a La Moneda.
Desborde por la izquierda. El alcalde Jorge Sharp, otrora aliado de Boric, fue el primero en desbordarse por la izquierda a partir del decreto presidencial. “Esta decisión es expresión de una profunda desorientación estratégica. Es lo mismo que hizo Piñera en el Wallmapu. Misma acciones, tendrán mismos resultados. Qué gran decepción. La derecha anti democrática hoy se frota las manos”, escribió en su cuenta de tuiter. El flanco izquierdo era un fantasma que siempre rondó en La Moneda.
Problemas técnicos. El gobierno no solo enfrentaba problemas políticos. El Ministerio de Defensa había transmitido a La Moneda las dificultades que implicaba el estado de excepción intermedio que proponía el gobierno, lo que fue compartido por las FFAA y se manifestó en la comisión de Defensa Nacional del Senado. Sus aprensiones apuntaban a las garantías jurídicas y el apoyo político para poder actuar para contener el orden público. Además, manifestaron reparos frente a situaciones que nunca fueron del todo aclaradas, como, por ejemplo, si podían o no actuar en el caso de que ocurriera un hecho violento a 100 metros de donde están desplegados.
El flanco en Contraloría: El 30 de septiembre de 2021, la Contraloría objetó el Decreto 249 enviado por el entonces Presidente Sebastián Piñera que “buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco”.
El balance de los camioneros: La última semana de abril los gremios de camioneros se reunieron con el subsecretario Manuel Monsalve para buscar una solución a la escalada del conflicto en La Araucanía. Ayer, Sergio Pérez, Presidente de la CNTC (Confederación Nacional del Transporte) dijo, una vez conocidas las medidas del ejecutivo, que “nos parece bien que el Presidente Boric haya escuchado nuestro clamor y el de los chilenos, que exigimos seguridad ante la escalada de violencia que afecta al país y a los transportistas”.
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