Un escándalo de corrupción era lo único que le faltaba al gobierno para tocar fondo y eso fue justamente lo que pasó.
Así termina una semana negra marcada por las amenazas de Mario Marcel y el escándalo de corrupción por una entidad vinculada a Revolución Democrática y que dirige la pareja de la diputada Catalina Pérez, quien se vio obligada a dejar la vicepresidencia de la cámara; y cuyas esquirlas están produciendo un quiebre en el ministerio de Vivienda entre Carlos Montes y la Subsecretaria y entre el Partido Socialista y Revolución Democrática.
Democracia Viva se llama la institución que habría recibido un giro directo por 500.000 dólares de la seremi de Antofagasta, militante de RD, aunque algunos hablan de tres mil millones de pesos.
El funesto episodio, que es aún noticia en desarrollo, sin duda es un golpe tremendo para un partido que se ufanaba hasta hace muy poco de encarnar un ethos ético y moral muy superior al de las antiguas generaciones. Revolución Democrática resultó ser un alumno muy aventajado que en apenas dieciocho meses dominó las mañas que la concertación demoró veinte años en aprender.
El desvío de platas públicas para fines políticos no es nada nuevo y afectó gravemente a los gobiernos de la concertación. No sabemos aún cuantos casos más puede haber en este gobierno. Tampoco se puede descartar que el destino del sobre precio que quería pagar la municipalidad de Santiago por la clínica Sierra Bella haya sido para financiar campañas futuras.
La idea de usar fondos públicos con fines políticos partidistas o fines sociales intermediados por organizaciones sociales o fundaciones afines está muy arraigada en la izquierda. Se ha justificado históricamente en que la contienda es desigual porque la derecha obtiene financiamiento ilimitado de los grandes empresarios. Hay un cierto victimismo que alivia las conciencias, algo así como que el fin justifica los medios.
En todo caso no se puede negar que las cosas han ido cambiando para mejor. Prueba de ello es la airada reacción del ministro Montes que incluso se trasladó a la zona y exige la devolución de los fondos. Los presuntamente responsables están siendo expulsados del partido. Un gran progreso si se considera que antes se expulsaba al denunciante.
Lamentablemente, para la opinión pública estas son sutilezas que en nada alteran su percepción de que los políticos son mayormente corruptos independientemente de su filiación política; por lo que para el presidente Boric puede resultar fatal. No hay que olvidar el enorme daño reputacional que MOP-Gate le causó al ex presidente Lagos y Caval a la ex presidenta Bachelet.
El desaguisado de la fundación “Democracia “Vivaracha” priva al gobierno de uno de los pocos atributos bien evaluados por la ciudadanía, su compromiso con la probidad y le otorga una ventaja argumentativa muy potente a la oposición para legitimar su postura frente a las alzas de impuestos.
Una de las principales causas de la decadencia y caída de la concertación tuvo que ver con la corrupción, el mal uso de las platas públicas con fines políticos para lo que existían diversos mecanismos; pero fue un proceso lento, de años, porque por lo menos ofrecía gobernabilidad, eficiencia, paz social y progreso económico por lo que la ciudadanía la seguía respaldando.
Hoy la cosa es muy diferente puesto que el gobierno es considerado por la población como ineficiente y la economía está estancada. Su línea de Maginot, su capital político que era la probidad, la limpieza y transparencia en el actuar de las nuevas generaciones implosionó como el sumergible del Titanic, dejando al gobierno expuesto y debilitado ya no solo en el plano político-económico, sino también moral.
Hace rato ya que el gobierno viene dando palos de ciego y está como esperando “el milagro” que le abra las puertas del paraíso, la llave habilitante para su utopía redentora. Primero fue la nueva constitución y ahora el Santo Grial es la reforma tributaria (o pacto fiscal) sin la cual la población se verá privada de los múltiples beneficios con que el Estado la quiere compensar. Parafraseando al libertador Bernardo O´Higgins cuando despidió a la escuadra, “de estas cuatro tablas pende el futuro de Chile”.
En la desesperación el ministro Mario Marcel, que hasta ahora ha sido un símbolo de la moderación y estabilidad, está dilapidando su capital político amenazando con que si no se aprueba su reforma vendría un nuevo estallido social.
Lo grave es que está hablando de una profecía autocumplida que se podría materializar solo con la complicidad activa de algunos de los partidos que apoyan al gobierno. Un estallido no sería por combustión espontánea. El 2018 fue impulsado por la izquierda, con el concurso activo de la CUT que formó una coordinadora en la que estaban también los estudiantes y organizaciones sociales controladas por ellos. Es la primera vez desde la recuperación de la democracia que un ministro de hacienda insinúa que la respuesta al rechazo de una reforma tributaria sería un alzamiento popular.
Todos están de acuerdo en que es necesario subir las pensiones. Pero no todos están de acuerdo en que se deba condonar las deudas del CAE a profesionales que trabajan y producen gracias al beneficio de los créditos con aval del Estado, algunos de los cuales son hoy parlamentarios con sueldos millonarios o funcionarios del gobierno; o que haya que pagar la denominada deuda histórica de los profesores cuyo monto ni siquiera se conoce. Todos están de acuerdo con las salas cunas, pero no todos coinciden en que deban ser construidas, administradas y manejadas por el Estado.
El trasfondo de esta discusión va mucho más allá de los recursos. Es lo que se conoce como una “proxi war” o guerra subsidiaria, en este caso sobre el modelo económico de desarrollo y el rol protagónico que el gobierno le asigna al Estado y no a los privados, en el manejo de la recuperación económica.
La derecha se ha mostrado abierta a considerar nuevos recursos solo para financiar el aumento de la Pensión Universal Garantizada. Pero estima que con eso el tema de la mejoría de las pensiones queda resuelto porque, dependiendo del monto del beneficio, la PUG logra tasas de reemplazo cercanas al setenta por ciento del último sueldo; por lo que la gran reforma “estatista” resultaría del todo innecesaria.
Además, la decisión de aumentar los impuestos durante una recesión es un tema complejo y controvertido. Podría empeorar la situación económica, reduciendo la capacidad de gasto de los consumidores y desincentivar la inversión empresarial, llevando a una disminución del empleo y baja en los salarios.
A todo lo anterior se agrega el cuestionamiento al uso que el gobierno le está dando a los recursos públicos. El escándalo de la Fundación Democracia Viva (o en rigor “vivaracha”) solo llevará más agua a ese molino.
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