La creación por decreto de la Comisión Asesora contra la Desinformación, radicada curiosamente en el Ministerio de Ciencia, un movimiento para garantizar la “objetividad científica” de su cometido, ha sido recibida con sospechas y resistencias.
Crear una instancia de estudio que puede ser necesaria en un campo tan sensible como la libertad de información y de expresión por medio de un decreto supremo es dar cuenta de una muy escasa empatía por la opinión de los otros. De hecho, para algunos esta iniciativa viene a satisfacer el sueño incumplido del populismo (de izquierdas y derechas) por determinar oficialmente lo que es verdadero y lo que es falso.
El caso es que las sospechas tienen fundamento. Desde el estallido social una de las cuestiones más sensibles han sido las relativas a la libertad de expresión y la libertad de prensa. No olvidamos que el candidato Daniel Jadue sostenía que uno de los problemas que tiene Chile es “un modelo de comunicación privatizado” Su solución, era crear un organismo “ciudadano” encargado de velar por la veracidad, oportunidad y corrección de los medios y agregar al modelo unos medios estatales que respondan adecuadamente a “la verdad”.
Cierta derecha populista también ha sido maestra en el uso de las llamadas Fake News. El caso de Donald Trump y el Brexit son de antología, pero también cierta izquierda en nuestro país ha usado a las noticias falsas para victimizarse. Así, por ejemplo, han explicado el fracaso de la Convención Constitucional: una víctima de las noticias falsas a su juicio, no de la voluntad mayoritaria de los chilenos.
Estos han encontrado en Pablo Iglesias, el admirado por el Frente Amplo ex líder de Podemos en España, un nuevo gurú de las comunicaciones: a su juicio si no se cambia la correlación mediática de fuerzas no hay nada que hacer para la izquierda. Su argumento es simple: por brillantes que sean los voceros o voceras de la izquierda, siempre terminarán hablando de los temas que impone la prensa de derecha, lo que es de partida una batalla perdida.
Por otra parte, en el seno de la Convención Constitucional se manifestaron iniciativas destinadas a limitar la libertad de expresión, como por ejemplo a través de normas relativas al negacionismo, entendido de la forma más amplia posible y cómoda para sus autores.
El gobierno debería entender que en democracia no se puede acariciar el sueño de la verdad, no se puede aspirar a proyectos de redención humana. Siempre terminan mal. Los totalitarismos aspiran a instalar hombres nuevos y verdades únicas al costo de la destrucción de la libertad o convertir a sus ciudadanos al más descarado cinismo.
Lo que podemos hacer en democracia es solo educarnos para el nuevo ecosistema informativo caracterizado actualmente por millones de opiniones que se expresan a través de las redes sociales y muy prontamente por la inteligencia artificial que ampliará las redes, sistemas y volumen de la información, haciendo aún más difícil para las personas identificar o reconocer la manipulación mediática. Ninguna Comisión nos salvará de las mentiras ni de la fabricación de la verdad oficial.
Sólo el ejercicio ciudadano de la más amplia libertad de expresión y de prensa puede ser el antídoto.
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