La banalización de la política exterior: entre Hezbollah y el Tren de Aragua. Por Kenneth Bunker

Ex-Ante
Imágenes de un acto de Hezbollah (izquierda) y de integrantes del Tren de Aragua (derecha).

Si el gobierno de Boric admite que el Tren de Aragua está presente en el país, y que además es muy probablemente la banda de crimen organizado más peligrosa del momento, ¿entonces acaso no debiese haber tomado precedencia ante lo que considera que no es una amenaza real? Si Hezbollah no existe, entonces no es un tema. ¿Para qué inflarlo? Simplemente no tiene sentido darle importancia a Hezbollah si Hezbollah no está en Chile, y no tiene sentido minimizar la relevancia de Tren de Aragua si se admite que es el principal problema del momento. ¿Por qué la reacción fue tan desproporcional? Pues bien, claramente por razones ideológicas.


La semana pasada se levantó una importante polémica por los dichos del canciller Yván Gil de Venezuela dudando de la existencia del Tren del Aragua. Esta semana se armó un segundo debate de carácter internacional tras la acusación de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, después de que la titular afirmara que Hezbollah estaría instalado y operando en el norte del país.

En la primera situación, el gobierno tuvo una breve conversación con el embajador chileno en Venezuela antes de despachar el episodio como un asunto menor sin importancia. En contraste, en la segunda situación, el gobierno mandó una nota de protesta oficial al gobierno argentino, exigiéndole a la ministra más responsabilidad en sus dichos.

La diferencia en el trato llama la atención, en tanto demuestra no solo cómo la ideología ha llevado a la administración de Boric a tomar decisiones nefastas con el solo fin de defender una posición política transitoria, sino que además como se banaliza constantemente la diplomacia.

En cuanto a lo primero, a cómo la ideología ha llevado al gobierno a adoptar una posición políticamente peligrosa, es obvio que la reacción ante ambos incidentes es desproporcional.

De haber ponderado las situaciones por sus implicancias finales, el gobierno hubiese enviado la nota de protesta a Caracas, y habría despachado el asunto argentino como intrascendente. Hubiese sido todo lo contrario.

Si el gobierno de Boric admite que el Tren de Aragua está presente en el país, y que además es muy probablemente la banda de crimen organizado más peligrosa del momento, ¿entonces acaso no debiese haber tomado precedencia ante lo que considera que no es una amenaza real?

Si Hezbollah no existe, entonces no es un tema. ¿Para qué inflarlo?

Simplemente no tiene sentido darle importancia a Hezbollah si Hezbollah no está en Chile, y no tiene sentido minimizar la relevancia de Tren de Aragua si se admite que es el principal problema del momento.

¿Por qué la reacción fue tan desproporcional? Pues bien, claramente por razones ideológicas. En sencillo: el presidente Boric tiene más sintonía con Maduro que con Milei. Le resulta más natural dar una instrucción para enfrentar a Milei que a Maduro.

Desde la vereda del Presidente, la línea de defensa es clara: Boric no escatima en reconocer el carácter autoritario de Venezuela, así como no defiende dictaduras de ningún color político.

Pero claramente tiene un problema. Es la defensa del queso suizo. En sus dos años en el gobierno, Boric no solo reabrió relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro, sino que además abrió un canal para compartir inteligencia entre Estados. ¿Habría hecho lo mismo con una dictadura del signo político opuesto? Improbable.

Esto lleva al segundo tema: la banalización de la diplomacia. De algún modo es importante mantener canales de comunicación con todos los Estados, pero siempre y cuando aquello reporte intereses políticos locales. Por ejemplo, si se abre un canal de para compartir inteligencia entre dos Estados, el objetivo debiese ser conseguir resultados tangibles, de lo contrario, para qué sirve.

En este caso, ¿para qué sirvió la negociación del subsecretario Monsalve con la dictadura? Desde que se firmó el documento no solo se ha descubierto, por medio de la prensa, que agentes extranjeros entran y salen por las fronteras de Chile como gustan, sino que también, según un Fiscal, que la orden de secuestrar y ejecutar al asilado político Ojeda fue dado desde el extranjero.

Así, es evidente que no hay una meta de largo plazo. Esto constituye un fuerte quiebre con la tradición diplomática chilena moderna, diseñada por la Concertación, y respetada por gobiernos posteriores, de pensar en grande, en largo plazo y sin sentido ideológico.

El problema es que últimamente parece celebrarse el hecho de que autoridades electas condenen dictaduras. Antes, no era así. Antes, no había motivo para celebrar condenas. Cuando el Estado está alineado contra regímenes autoritarios, no es necesario condenar.

Por lo mismo, no puede haber otra forma de entender que una frase grandilocuente contra una dictadura como una frase banal si después se colabora con esa dictadura.

Frases grandilocuentes no sirven y no significan nada. En el circuito internacional las señales son importantes, pero solo cuando vienen respaldas con voluntad. La amenaza diplomática tiene tanto valor como la credibilidad asignada a su potencial de ejecución.

En definitiva, actuar en base a determinantes ideológicos produce resultados tan nefastos como producir señales políticas vacías. Hay un trato de inteligencia entre Chile y Venezuela, pero cada vez que Chile quiere deportar inmigrantes ilegales de vuelta a su país, Venezuela se lo impide. Hay una importante oportunidad para colaborar en asuntos insulares, de Defensa e incluso de desarrollo y tecnología minera con Argentina, pero no se hará nada por diferencias políticas transitorias.

Al final, es todo pérdida. Haber respondido de forma tan débil ante el canciller venezolano sabiendo que la primera prioridad de los chilenos es la seguridad no puede ser útil a corto, mediano o largo plazo. Y desaprovechar la oportunidad de mandar una señal ejemplar (no un reproche verbal) a una dictadura, claramente envejecerá mal, pero al menos en la débil línea de política exterior que se ha levantado desde para enfrentar las consecuencias del éxodo venezolano.

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