Juan Pablo Jadue: ¿De vuelta al nepotismo? Por María Jaraquemada

Luego de que la Subtel informara que Juan Pablo Jadue -hermano del alcalde de Recoleta y excandidato presidencial PC- asumiría un cargo clave en la Subsecretaría, la Directora Ejecutiva de Chile Transparente dice que “al parecer tiene todos los pergaminos para el cargo, pero dado que no tenemos un real sistema de empleo público, con reglas objetivas, claras, transparentes (….) no hay forma de descartar del todo que su vínculo familiar no haya sido determinante o haya influido en su contratación”.

Cada cierto tiempo se vuelve a escuchar la palabra “nepotismo” en la opinión pública. A inicios del segundo gobierno del presidente Piñera, de hecho, esa palabra se volvió un fuerte dolor de cabeza cuando pensó en nombrar a su hermano como embajador en Argentina y terminó en un proyecto de ley que pretendía regular mejor este fenómeno.

¿De qué se trata el nepotismo? Tal como indica el diccionario de la RAE se trata de la “desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. Transparencia Internacional, por su parte, ha señalado que se trata de una forma de favoritismo que se basa en relaciones familiares o conexiones, donde alguien en una posición oficial explota su poder y autoridad para proporcionar un trabajo o un favor a un miembro de la familia o amigo, aunque no esté calificado o no lo merezca.

¿Por qué volvemos a hablar de este tema? Medios de comunicación develaron esta semana que el hermano del alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial del Partido Comunista ha sido designado en un cargo clave en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Los mismos medios también apuntan a que cuenta con una vasta experiencia en la materia, habiendo trabajado para empresas del rubro. Entonces, ¿por qué sería un problema? ¿Estamos realmente frente a un caso de nepotismo?

A mi juicio, el problema es que no es del todo posible denegarlo. El señor Juan Pablo Jadue, al parecer, tiene todos los pergaminos para el cargo, pero dado que no tenemos un real sistema de empleo público, con reglas objetivas, claras, transparentes que garanticen el acceso a éste a todos quienes tengan las competencias adecuadas en igualdad de condiciones, no hay forma de descartar del todo que su vínculo familiar no haya sido determinante o haya influido en su contratación.

Seamos claros, no se trata tampoco de un caso flagrante de nepotismo, dado que Jadue tiene competencias para el cargo, por lo tanto, su contratación no se debe exclusivamente a su vínculo familiar. Tampoco hay una vulneración de las normas existentes, que impiden la contratación de parientes en el mismo servicio en el que se desempeña la autoridad -es decir el alcalde Jadue no puede contratar en el municipio a su hermano, experto en telecomunicaciones-.

Sin embargo, este tipo de situaciones, como otras muchas que han existido en prácticamente todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, genera desconfianza en el servicio público y pone en cuestionamiento situaciones que pueden no ser reales.

Por eso, muchos países han buscado regular mejor estas situaciones, buscando un equilibrio entre asegurar que las personas que ingresan o ascienden dentro de la administración del Estado tienen las competencias suficientes con permitir que personas que tienen las capacidades y serían un aporte a la función pública puedan ser parte de ésta en casos en que por ciertas circunstancias tienen algún pariente en un alto cargo.

De este modo, hay dos formas principales de enfrentar este problema: una es estableciendo prohibiciones (situación actual de nuestro país y regla general en la región) o a través de un sistema de empleo público con reglas claras, objetivas, transparentes y a través de procesos públicos que garantizan la equidad en el acceso. Esta es la situación de varios países desarrollados como Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos en los que no se prohíbe el ingreso de parientes directos o cruzados en la administración pública cuando estos cargos han sido provistos por concursos públicos reglados y transparentes con posibilidad de ingreso para cualquier persona que cumpla con los requisitos. Sí existen ciertas limitaciones para cargos de confianza -con la notable excepción de Estados Unidos-.

Como una forma de proteger al Estado, la función pública e intentar revertir la altísima desconfianza ciudadana en las instituciones políticas que hay en nuestro país, creo que es clave avanzar en el segundo sentido. Necesitamos hacernos cargo del sistema de empleo público obsoleto y precario que tenemos en nuestro país que permite contrataciones de personas por sus vínculos de parentesco, políticos o como premio por servicios de campaña, entre otras razones. Y que, al permitirlo, impide distinguir del todo cuando este es el motivo principal de las designaciones y cuando no lo es. Nos merecemos un Estado profesional, transparente, eficiente y en el cual confiemos.