Intervencionismo y proselitismo, otra vez. Por María Jaraquemada

Luego de que la Contraloría emitiera un instructivo exigiendo estricta imparcialidad de las autoridades por la nueva Constitución, la Directora Ejecutiva Chile Transparente, dice: “Lo que corresponde para no caer en intervencionismo y utilizar los recursos de todas las personas en proselitismo, es ser imparcial. Es decir, no tomar partido por una de las opciones del plebiscito, apruebo o rechazo”.

Primer acto: entrevista de la Ministra Siches declarando que al gobierno no le corresponde ser neutral ante el proceso constituyente. Segundo acto: la Ministra Vallejo entrevista al Ministro Jackson explicando lo aprobado por la Convención en cuanto a derechos sociales incluyendo varios adjetivos y valoraciones positivas. Tercer acto: Contralor Bermúdez dicta instructivo sobre prescindencia política del gobierno ante el plebiscito de salida y señala que esto implica neutralidad y se debe garantizar que el proceso sea transparente, participativo e informado ¿Cómo se llama la película? Intervencionismo y proselitismo, otra vez.

Para cada elección solemos escuchar, sin importar quién esté en La Moneda, que ha habido actos de intervencionismo y proselitismo político y vemos a parlamentarios de la oposición de turno yendo a Contraloría a presentar denuncias por lo mismo. Nuestra legislación es bastante clara y firme en prohibir estos hechos, lo que se ha visto reforzado -quizás no suficientemente- con las reformas a las reglas de campaña en el año 2016 y reafirmado en cada época electoral por instructivos y dictámenes de Contraloría.

¿Qué significa esto? Básicamente que las autoridades y funcionarias/os de la administración del Estado, en el uso de recursos públicos, en el uso de horario laboral, o en el ejercicio del cargo, no pueden manifestar una opción por una u otra de las alternativas que pueda haber en una elección. Hace sentido. Básicamente queremos preservar que los recursos de todas y todos los que habitamos este país se utilicen por el bien general y no para hacer campaña en favor de quienes están en el poder, desnivelando fuertemente la cancha hacia quienes les compiten el cargo.

Sin embargo, un plebiscito constitucional tiene particularidades. No se trata de disputar el poder y ejercicio de cargos públicos. Se trata de circunstancias excepcionales en nuestra historia donde se discute si estamos de acuerdo o no con una determinada propuesta de cómo nos queremos organizar y vivir en sociedad. Algo estrechamente vinculado a programas de gobierno y de partidos políticos. Se hace difícil, entonces, pensar en que quienes ostentan el poder -o están en la oposición- no emitirán opiniones o valoraciones sobre el proceso constituyente y las decisiones de la Convención Constitucional. Así ocurrió con el gobierno del Presidente Piñera y ocurre con este gobierno.

Por eso creo que en este caso hay que hacer ciertas distinciones. Difiero con el Contralor- humildemente, claro está- que prescindencia implique neutralidad. La neutralidad es no participar de ninguna opción. Algo prácticamente imposible en política respecto de probablemente lo más político de todo: la definición de una constitución y un proceso constituyente. A mi juicio lo que corresponde, para no caer en intervencionismo y utilizar los recursos de todas las personas en proselitismo es ser imparcial. Es decir, no tomar partido por una de las opciones del plebiscito (apruebo o rechazo).

El gobierno, así como otras instituciones públicas, deben promover un voto informado y esto implica dar a conocer el contenido de lo que se está aprobando y será sometido a nuestra votación. Asimismo puede tener una opinión respecto a ciertas temáticas discutidas: descentralización, sistema político, derechos sociales, plurinacionalidad y, probablemente, podamos encontrar varias respuestas en su programa de gobierno.

Pero no es razonable que dedique sus recursos, bienes y tiempo a hacer campaña soterrada por el apruebo. Sé que la línea divisoria es extremadamente delgada y confusa entre usar al Estado para promover una de las opciones y promover la participación informada además de dar la opinión sobre asuntos claves en la dirección de un Estado. Será el rol de Contraloría evaluar el caso a caso, pero creo que parte de una madurez democrática es entender que nadie nunca es neutro -menos en política- pero a la vez ser imparcial y dar la misma oportunidad a ambas opciones, completamente legítimas.

Quizás en el futuro estas reglas cambien, especialmente si pasamos a un sistema de reelección presidencial inmediata, con una mayor flexibilidad. Pero es claro que a todos nos compete ser parte de esta discusión nacional y a la vez entender que el Estado no está a mi servicio sino al de todos quienes habitamos este país.