“Inacción ante el terrorismo”: La severa crítica al gobierno de la comisión investigadora sobre seguridad y orden público

En un debate que se tornó áspero y con resistencia por parte de parlamentarios oficialistas respecto de la redacción del capítulo relacionado con la Macrozona Sur, finalmente la Comisión Especial estableció que “es preocupante la inacción del gobierno y las autoridades regionales en relación con la interposición de querellas por conductas terroristas”. Junto con sugerir la modificación a la ley para mejorarla, advirtieron que las autoridades en ejercicio no pueden desestimarla. El informe contiene también críticas a las actuaciones de las autoridades locales.

La trastienda del debate. El capítulo dedicado a la situación de violencia que afecta a la Macrozona Sur (regiones del Biobío, La Araucanía y de los Ríos) de la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia, no fue fácil de aprobar. Los hechos fueron investigados por mandato de la Sala de la Cámara de Diputados desde el mes de julio pasado.

• Profundas diferencias respecto del contenido de la redacción del informe provocaron que, en la sesión de la noche de martes, fueran rechazadas todas las propuestas de conclusiones de lo que ocurre en la provincia de Arauco (Región del Biobío), y las regiones de La Araucanía y de los Ríos.
• Esta mañana se retomó el debate, pero la sesión debió ser suspendida por los desacuerdos generados entre algunos diputados oficialistas y de oposición.
• Trascendió que la discusión más dura se generó entre la presidenta de la Comisión Especial, la diputada Joanna Pérez (representante del Biobío), y el diputado socialista, Marcos Ilabaca, (representante de Los Ríos). La primera no estaba de acuerdo en “suavizar” la redacción del capítulo “Macrozona Sur”.
• Finalmente, se llegó a un consenso ante la postura de algunos diputados, que consideraron inviable aprobar un informe que no consignara la situación de la Macrozona Sur.
• La comisión, conocida como CEI5, está integrada por la diputada Joanna Pérez (Indep. ex DC), quien la preside; y los diputados Jaime Araya (Indep. PPD); Félix Bugueño (FRSV); Gonzalo de la Carrera (Indep.); Marcos Ilabaca (PS); Henry Leal (UDI); Francesca Muñoz (RN); Francisco Pulgar (Indep.); Matías Ramírez (PC); Patricio Rosas (Indep. FA); Diego Schalper (RN); Flor Weisse (UDI); y Gael Yeomans (CS).

Inacción del gobierno. El informe aprobado consigna que “de conformidad a los antecedentes recabados en el transcurso de la investigación, es preocupante la inacción del gobierno y las autoridades regionales en relación con la interposición de querellas por conductas terroristas de conformidad con la Ley N°18.314; al uso de la Ley de Seguridad del Estado o incluso durante largos meses de gestión a decretar estados de excepción constitucional frente al evidente aumento de, lo que el propio Presidente de la República, fue calificado como atentados y ataques incendiarios”.

• Expresa que la aplicación de la Ley Antiterrorista o de la ley de Seguridad del Estado “no es algo que las autoridades gubernamentales legitimadas puedan desestimar a priori en base al ámbito territorial en que ocurren los hechos o a la causa que persigan quienes perpetran los mismos”.
• Añade el informe que “se trata de una ley vigente, y respecto de la cual el Gobierno no solo tiene la facultad de aplicar en los casos pertinentes, sino también el deber de hacerlo”.
• Reconoce también las imperfecciones de la actual legislación antiterrorista. “De ahí que sea fundamental introducir modificaciones a la legislación antiterrorista, cuestión que ha recibido resistencia”.
• Establece la necesidad de adoptar “un modelo regulativo de la criminalidad terrorista que la identifica con una forma especialmente grave de criminalidad organizada, cuya regulación ha de quedar establecida en el Código Penal”.

Vulneración de los Derechos Humanos. Lo que ocurre en la Macrozona Sur, señala el informe, se agrava porque afecta a los derechos de los habitantes de esa zona, “de conformidad a antecedentes recabados tanto por organizaciones de víctimas de violencia rural como por el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos en diferentes informes”.

• Se han verificado situaciones de vulneración de derechos humanos de las víctimas de la violencia, “llegando incluso a situaciones de desplazamiento forzado de personas en el territorio comprendido por las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos”.
• Sobre la base de los testimonios que la Comisión recogió en el transcurso de la investigación, se señala que “existen diferentes situaciones que tienen como finalidad atacar la matriz productiva de las diferentes comunas que se encuentran en dicho espacio geográfico”.
• Se plantea la existencia de acciones ilegales tales como “cobro de peajes e impuestos a los comercios, transportistas o pequeños empresarios que se desarrollan en la zona en conflicto, situación que perjudica enormemente el desarrollo local e impacta negativamente a cada uno de los habitantes del sector”.
• Las comunidades y personas son afectadas “por los constantes ataques incendiarios a sus emprendimientos, iglesias, escuelas, así como por la toma de sus terrenos y amenazas de comunidades radicalizadas. Situación que afecta a personas mapuche y no mapuche que habitan los territorios mencionados”, consigna el informe.

Actuaciones negligentes. Esta realidad se agrava también “por hechos que constituyen verdaderas negligencias procesales por parte de los profesionales encargados de perseguir los delitos que en la zona se cometen”, consigna el documento. Y se recuerda lo que ocurrió con el abogado que no compareció en la causa por el homicidio del Carabinero Francisco Benavides.

• Respecto de las autoridades locales, el informe califica como “particularmente cuestionable”, las declaraciones de la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, quien el 7 de abril pasado señaló a los medios de comunicación que “el Gobierno no tiene maneras de controlar la situación de violencia que se vive en la zona”.
• Otro caso que critican es lo sucedido a finales de abril, cuando 4 vehículos que circulaban por la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Ercilla, fueron atacados con armamento de guerra. “Pese a ello, el Gobierno de S.E. definió no utilizar la ley antiterrorista o la ley de seguridad del Estado, señalándose, en dicha oportunidad, que acciones por delito ordinario permiten arribar a “mejores resultados procesales””, expresa el documento aprobado por los diputados.