La trastienda del debate. El capítulo dedicado a la situación de violencia que afecta a la Macrozona Sur (regiones del Biobío, La Araucanía y de los Ríos) de la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia, no fue fácil de aprobar. Los hechos fueron investigados por mandato de la Sala de la Cámara de Diputados desde el mes de julio pasado.
Inacción del gobierno. El informe aprobado consigna que “de conformidad a los antecedentes recabados en el transcurso de la investigación, es preocupante la inacción del gobierno y las autoridades regionales en relación con la interposición de querellas por conductas terroristas de conformidad con la Ley N°18.314; al uso de la Ley de Seguridad del Estado o incluso durante largos meses de gestión a decretar estados de excepción constitucional frente al evidente aumento de, lo que el propio Presidente de la República, fue calificado como atentados y ataques incendiarios”.
Vulneración de los Derechos Humanos. Lo que ocurre en la Macrozona Sur, señala el informe, se agrava porque afecta a los derechos de los habitantes de esa zona, “de conformidad a antecedentes recabados tanto por organizaciones de víctimas de violencia rural como por el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos en diferentes informes”.
Actuaciones negligentes. Esta realidad se agrava también “por hechos que constituyen verdaderas negligencias procesales por parte de los profesionales encargados de perseguir los delitos que en la zona se cometen”, consigna el documento. Y se recuerda lo que ocurrió con el abogado que no compareció en la causa por el homicidio del Carabinero Francisco Benavides.
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