Caso San Ramón: Fiscalía pide formalizar al alcalde por cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Fiscalía Metropolitana Sur pidió al tribunal audiencia para presentar cargos en contra del edil Miguel Ángel Aguilera, cuestionado desde 2017 por supuestos vínculos con bandas de narcotraficantes del sur de Santiago. El 27 de septiembre se realizará la formalización de cargos que afecta a otras dos personas, incluido un exconcejal.

Qué pasó: Este 15 de abril, los fiscales adjuntos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur Víctor Núñez y Leonardo Zamora solicitaron audiencia de formalización para tres investigados en el caso San Ramón, en que se indagan los presuntos vínculos con el narcotráfico de funcionarios municipales de la comuna del sur de Santiago. Las solicitudes de formalización afectan a tres personas:

• Miguel Ángel Aguilera Sanhueza, alcalde de San Ramón y ex PS, por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero.
• José Miguel Zapata Vergara, exconcejal, por los delitos de negociación incompatible y cohecho.
• Daniel García Vega, por los delitos de lavado de dinero.
• Los cargos de enriquecimiento ilícito abarcarían entre 2013 y 2017, los de cohecho entre 2014 y 2016, y los de lavado de dinero entre 2013 y 2017.
• La jueza Marcela Dattas, del 15 Juzgado de Garantía de Santiago, fijó la audiencia para el 27 de septiembre, a las 9am.

El reportaje que impactó su gestión: En octubre de 2017, Informe Especial reveló presuntos vínculos de colaboradores de Aguilera con narcotraficantes: por ejemplo, que, tras cumplir una condena de 5 años, Jorge Pinto Carvajal, el “Chino Pinto”, fue contratado en el municipio para la mantención de una plaza que nunca efectuó, a instancias de un cuñado de Aguilera.

• Sucesivas publicaciones agregaron más redes: Ciper informó de escuchas telefónicas que revelaban que Pinto se comunicaba desde la cárcel con Roberto Martínez, administrador electoral de Aguilera en 2016 y luego su guardaespaldas.

La explicación de Aguilera: “Yo no tengo ningún vínculo con Pinto”, dijo Aguilera en 2018, explicando que un sumario estableció que el jefe de operaciones del municipio contrató a Pinto para “protegerlo y encaminarlo”.

• Entonces, Aguilera fue a una comisión política PS. Anunció que suspendía su militancia y se retiró. A dirigentes PS les dijo que él no conocía las contrataciones, efectuadas por mandos medios.
• 10 días después de Informe Especial, el Tribunal Supremo decretó su expulsión.

La querella del CDE: La Fiscalía lo investiga desde 2017. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra él por fraude al fisco y negociación incompatible, por designar personas inhabilitadas legalmente para ejercer cargos públicos por distintas condenas (un informe de la Contraloría los cifró en 61).

• En enero, el CDE amplió la querella por contrataciones sin que se prestaran los servicios.

Símbolo de la narcopolítica: Aún cuando en los partidos admiten que Aguilera no es el único alcalde que optó por convivir con el narcotráfico, fue más allá, forjando vínculos. Así, se convirtió en el debate público en símbolo de la “narcopolítica”, como se entiende cuando traficantes toman territorios donde no llega el Estado.

• En 2019, el senador PS Carlos Montes deslizó que esa realidad existe en partidos y organizaciones sociales.
• En 2017, el sacerdote Pablo Walker había puesto en debate que estaban siendo los narcos quienes respondían a necesidades vitales de familias, cuando ni el Estado ni la empresa lo hacían: “Así se hace querido y lo defiende la comunidad”.