El jueves 22, la Corte de Apelaciones de Chillán resolvió que el dueño de la empresa luminarias Itelecom, Marcelo Lefort, dejara la prisión preventiva tras 14 meses, y comenzara a cumplir arresto domiciliario total. El empresario imputado por soborno en la adjudicación de millonarias licitaciones de luminarias en gran parte del país testificó, en 4 jornadas, sobre las diferentes aristas del caso, incluida la de Recoleta.
En qué fijarse: El jueves 22 de julio, la Corte de Apelaciones de Chillán revocó la medida cautelar de prisión preventiva que regía en contra de Marcelo Lefort, el dueño de la empresa de luminarias Itelecom formalizado por soborno en un caso que involucra a 25 municipios del norte, centro y sur, entre causas formalizadas y desformalizadas, cambiándola por arresto domiciliario total.
- Lefort está imputado en 4 aristas del caso, pero permanecía en prisión preventiva por la causa en la capital del Ñuble, en que se le imputa haber pagado coimas para adjudicarse la licitación del nuevo alumbrado público en Chillán.
- Permaneció 14 meses recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber de Santiago hasta que el tribunal de alzada revirtió la resolución del 15 de julio del Juzgado de Garantía de San Carlos, tomando en consideración el tiempo que había estado privado de libertad y que su nueva declaración constituiría un aporte importante a la investigación.
- “Existe una modificación de la necesidad de cautela a su respecto, desde que se ha hecho valer, tanto por su defensa como por el Ministerio Público, una nueva declaración que significaría un aporte importante a la investigación, constituyéndose la prisión preventiva en un obstáculo para las nuevas diligencias del órgano persecutor”, dice la resolución firmada por los ministros Guillermo Arcos, Paulina Gallardo y José Fuentes.
Las 4 jornadas de la declaración: Fuentes ligadas a la investigación sostuvieron que Lefort declaró en 4 jornadas, 2 días seguidos durante 2 semanas, ante el Ministerio Público, instancias en la que habría profundizado en los pagos realizados a funcionarios vinculados a los municipios.
- Estas fuentes explicaron que uno de los puntos de interés del equipo de la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, era el abogado Ramón Sepúlveda, entonces asesor jurídico del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien adquirió notoriedad en la causa por las interceptaciones telefónicas que la policía hizo de sus llamadas.
- Al respecto, Lefort habría dicho que Sepúlveda le habría pedido dinero, a lo que éste, dijo, se habría negado, asegurando que lo donado al festival Womad 2019 ya era suficiente.
- Esta donación correspondería a los $50 millones entregados por Itelecom para el festival Womad 2019 realizado entre el 15 y 17 de febrero, con la colaboración de la Municipalidad de Recoleta.
- De acuerdo con un testimonio reservado de un ejecutivo, citado por La Tercera, “el 4 de febrero de 2019, Marcelo (Lefort) decide dar una donación (…). El dinero lo hicimos para una actividad o evento llamado Womad 2019; ahí se gastaron la plata”.
- Esta donación ocurrió en el siguiente contexto: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había mantenido un acuerdo de financiamiento de proyectos con Itelecom, pero habría puesto reparos a la liberación de fondos puesto que el municipio de Recoleta había hecho 144 observaciones a la licitación. De acuerdo con el medio, el mismo día en que se realizó la donación, Lefort habría escrito al BID diciendo que las observaciones del municipio habían sido subsanadas.
- Fuentes ligadas al caso afirmaron también que, en el último interrogatorio, la fiscal consultó a Lefort si había recibido los servicios de un abogado de apellido Garay, a lo que éste respondió negativamente. Este nombre sería clave para la indagación de la fiscalía sobre presuntas triangulaciones de dineros.
- Rodrigo Garay Rojas era parte del equipo de RS & Cia Abogados; el estudio de Ramón Sepúlveda.
- Garay figura además en los registros de transparencia activa del municipio, como trabajador a honorarios en 2018, 2019 y 2020. En noviembre de 2020 recibió $1,6 millones líquidos por asesorías laboral, civil y administrativa.
- En enero, el alcade de Recoleta, Daniel Jadue, dijo a Radio Duna sobre esta arista que “no me corresponde hacerme cargo de grabaciones de terceras personas (…). Ramón puede dar una explicación sobre eso, no yo”. También se refirió entonces al caso en Twitter y en una declaración. “No he solicitado ni he recibido un peso”, afirmó.
- La causa tiene calidad de reservada por contemplar la indagación de lavado de activos.
Las interceptaciones: Ramón Sepúlveda figura en la causa por la interceptación telefónica realizada por la PDI de una conversación que mantuvo con Lefort el 22 de septiembre de 2019, donde se abordó la donación de $50 millones de Itelecom al festival Womad 2019.
- “Hablé la cuestión de Womad con Daniel. Me dice, no sé si ustedes entendieron mal, o tienen información distinta, él me dice que tú hiciste una donación, sujeta a certificado de donaciones, con tu empresa, y que él te va a dar el certificado. Lo tiene listo”, dijo Sepúlveda a Lefort, quien se mostró preocupado porque la donación se hiciera pública, según reveló La Tercera el 10 de enero.
- La relación de la empresa con el municipio se remonta al 19 de junio de 2018, cuando Itelecom se adjudicó la mantención del alumbrado público y el cambio de luminarias existentes por otras de mayor tecnología por $ 10.259.454.000, durante 10 años.
- Una segunda materia indagada por la fiscalía es una eventual triangulación de fondos a través del abogado Sepúlveda. En la interceptación telefónica, el abogado dijo a Lefort que “en el fondo lo que a él le preocupa es que las platas lleguen… o sea que no pasen por ninguna cuenta de él… eso, de no tener plata, y además yo soy abogado suyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable lo que… la boleta cachái, un millón 250, o sea, yo tengo contrato con un par de empresas más o menos parecido, y no va a haber problema”.
El origen del caso: La investigación por lavado de activos, cohecho, asociación ilícita, soborno y violación de secreto en las licitaciones municipales para el cambio masivo de luminarias en distintas comunas del país, comenzó en abril de 2018 en Iquique, con una disputa entre funcionarios públicos, políticos y exfuncionarios de gobierno.
- La disputa se debía a diferencias por la licitación de luminarias en esa ciudad, donde participaron más de 10 empresas. La adjudicación se la llevó Itelecom, por $6 mil 550 millones.
- La adjudicación fue seguida por una denuncia anónima que llegó al escritorio del alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien inició una investigación interna y denunció el caso al Ministerio Público.
- El fiscal Gonzalo Guerrero inició la investigación y formalizó a 15 personas en mayo de 2020, incluyendo tres concejales y dos funcionarios municipales.
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