Francisco Ljubetic, ex fiscal de La Araucanía: “La usurpación siempre es violenta porque afecta un derecho de otro”

Vice decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, en Temuco y ex Fiscal Regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic dice que el proyecto aprobado por las dos cámaras hubiese evitado muchos delitos con violencia en su región. “Aquí se han afectado seriamente sectores productivos, áreas económicas sensibles, como las forestales. Bajo esa fórmula del control territorial, que no es ni más ni menos que una ocupación ilegal, se impide realizar labores productivas y económicas”.

 -¿Cuál es su posición respecto a la ley de usurpaciones, que el Gobierno ha vetado?

-Lo que se aprobó por ambas cámaras corrige aspectos que estuvieron en duda durante mucho tiempo: al estar sancionadas con la pena de multa, las usurpaciones tenían una naturaleza de falta. El efecto concreto es que los autores que eran sorprendidos flagrantes no podían ser detenidos. Creo que esos dos aspectos son claves. Pero la problemática más de fondo guarda relación con el tema de incorporar el artículo 457 en su nuevo texto, dentro de aquellos delitos en que puede operar la legítima defensa privilegiada. Quienes son afectados por estas ocupaciones ilegales, podrían repeler a los usurpadores y estaría justificado su proceder. Porque en el fondo actuarían en legítima defensa.

-El gobierno ha dicho que le preocupa que se agudicen los conflictos.

-El gobierno y otras voces señalan que podría dar lugar a la creación de grupos paramilitares, recorriendo los campos, sobre todo en La Araucanía. Podrían llegar a desarrollar acciones para que los que están ocupando hoy día los predios ilegalmente puedan ser desalojados. Tomarse la justicia por su propia mano, aseguran, es una suerte de autotutela que no debería estar permitida en el sistema. Pero mi opinión es muy simple. Uno debe pensar en cómo actúa la gente común y corriente cuando le ocurre este tipo de cosas. No recurre a su propia mano, recurre a las instituciones.

-¿Qué le parece el planteamiento del gobierno de que sea un juez el que decida si es una pena con cárcel o con multa? La ministra Tohá habló de usurpaciones pacíficas.

-No hay duda de que la usurpación siempre es violenta porque afecta un derecho de otro. Por lo tanto, eso de calificarla como violenta o pacífica, es una cuestión más bien semántica, pero que no se condice con la naturaleza estricta del delito. El delito en sí mismo es violento porque afecta derechos de personas, desde el punto de vista de su propiedad. Eso está despejado en el proyecto porque la usurpación violenta tiene pena de 541 días a cinco años y la no violenta tendría pena en el proyecto aprobado de 61 días hasta 540. Entonces, siendo las dos penas de presidio tanto para la violenta como para la no violenta, permite la detención y agrega la flagrancia.

-¿Este tipo de legislación hubiera sido eficaz cuando era fiscal en La Araucanía, hubiera sido importante tener esa herramienta?

-Sí, por supuesto. Yo siempre tuve una opinión discordante. Me opuse a la tesis que se mantuvo de que las usurpaciones eran faltas y por lo tanto no admitían detención. La manera de haber corregido era tan simple como haber modificado un artículo del Código Penal que era el 134. Nunca se hizo.

-¿Y así los sospechosos no eran detenidos?

-Ni siquiera puede ser llevado a la comisaría. Solamente puede quedar citado. Eso es lo que la gente entiende como que ni siquiera pudo entrar a un calabozo. Y después cuando el procedimiento sigue y lo citan al juzgado  para una falta que va a terminar con una multa queda la sensación de impunidad. Es muy barato penalmente este delito y por lo tanto, la posibilidad de que se cometa reiteradamente aumenta.

Esto se pudo haber corregido, pero no hubo voluntad política en su momento. Porque se estimaba que acabar con las tomas de terrenos acá en el sur, que en definitiva son usurpaciones, iban a generar un mayor daño o conflicto que el que se pretendía apagar. El tiempo dio la razón a quienes criticábamos esa norma, que hoy día se está tratando de corregir.

-¿Qué sucede con las tomas de terrenos habitacionales?

-El proyecto dejó fuera a todas aquellas personas que están catastrados dentro de los campamentos a partir del año 2021, que no van a poder ser detenidos. Como dando a entender que esas tomas, que se reflejan en campamentos que de alguna manera se han sostenido, van a tener otro tratamiento.

Esta nueva ley no afecta a ese tipo de campamentos ciudadanos. ¿Qué significa eso? Reconocemos que hay posibles usurpaciones, pero que, por reunir ciertas características, quienes participan de las mismas no van a ser incluidos como autores del delito de ocupación ilegal. Hay que pensar en lo que sucede en ciudades grandes con los okupas. Al final se terminó normalizando una situación que es absolutamente anormal.

-¿Cuáles han sido las consecuencias en La Araucanía?

-Ha tenido efectos perniciosos. Aquí se han afectado seriamente sectores productivos, áreas económicas sensibles, como las forestales. Bajo esa fórmula del control territorial, que no es ni más ni menos que una ocupación ilegal, se impide realizar labores productivas y económicas. Creo que es interesante mirarlo no sólo desde el punto de vista político ideológico, sino que a partir de esta realidad que han debido sufrir muchas familias en el sur de Chile y que siguen sufriendo. Durante años.

Cuando la policía va a efectuar un desalojo no encuentra a nadie. Pero está lleno de letreros con amenazas. La persona que pretende volver a su tierra, en cualquier momento va a sufrir el embate de los usurpadores. Llegaban los carabineros y un par de horas después los violentistas volvían a entrar. Hay algunas usurpaciones que tienen viviendas y en algunos casos hay plantaciones y siembras.

-¿Qué piensa de esta tesis del Gobierno que habla de populismo penal, a propósito de la aprobación del proyecto que sanciona el porte injustificado de combustible?

-Yo no comparto la expresión de populismo, pero ha ido en aumento la tendencia a penalizar, a partir de la creación de más delitos, conductas que por el vacío legal penal que existe podrían no necesariamente ser sancionadas. Eso no necesariamente es una decisión populista, sino que mirado en la perspectiva del ciudadano común, es una respuesta a una necesidad jurídico penal.

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