“A raíz de una publicitada investigación en curso, denominada “Caso Audios”, han aparecido aspectos colaterales en relación a un conocido abogado que es protagonista de ese proceso, en donde éste, de acuerdo a mensajes aparecidos en su celular incautado, habría ejercido influencias en la designación de jueces, especialmente en el período del Presidente Sebastián Piñera. Esto ha generado una comprensible inquietud y ha reabierto el debate acerca de la forma en que se nombran los integrantes del Poder Judicial.
En cuanto a la influencia que dicho abogado pudiera haber ejercido en los nombramientos efectuados en la segunda administración del Presidente Piñera, donde me desempeñé como Ministro de Justicia y Derechos Humanos durante los cuatro años de su gobierno, puedo señalar que no tengo antecedentes que aportar, que no sea señalar la práctica histórica por la que terceros hacen llegar sugerencias por distintos medios durante el proceso correspondiente. Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas. La responsabilidad empleada en esta tarea significó que no hubiera cuestionamientos a nuestro proceder.
Sin perjuicio de lo anterior, desde el primer momento, conversamos con el Presidente Piñera respecto de la necesidad de reformar el actual sistema de nombramientos del Poder Judicial, dada las graves deficiencias que presenta. La discrecionalidad con que las Cortes forman las ternas, así como la que tienen los Presidentes de la República para resolver (delegada normalmente en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos), se puede prestar efectivamente para todo tipo de arbitrariedades, si ellas quisieran cometerse. La ausencia de transparencia, la falta de fundamentos en la elección de los designados, la prevalencia de la antigüedad por sobre el mérito, entre otras debilidades, exigían un cambio radical del sistema.
Para los jueces reformar el sistema ha constituido una antigua demanda. No hay que olvidar que las Cortes, que definen quiénes integrarán las ternas, son las mismas que resuelven los recursos interpuestos en contra de los fallos de esos jueces y ejercen la potestad disciplinaria cuando alguno es denunciado por cometer alguna irregularidad administrativa, lo que puede afectar la independencia de los jueces.
Todo ello provocó un debate sobre la necesidad de reformar el mecanismo de nombramiento, lo que lamentablemente no traspasó la discusión académica, el ámbito judicial o el de los expertos interesados en la materia.
El Presidente Sebastián Piñera me encargó el estudio de un nuevo régimen de nombramientos que permitiera asegurar una designación objetiva, justa y racional de los mejores jueces, garantizando su independencia integral y la vigencia del Estado de Derecho en una democracia. Así procedimos, convocando a una Comisión que trabajó junto a la Asociación de Magistrados, académicos, expertos y abogados de diferentes sensibilidades y miradas, durante el segundo semestre de 2018. Su informe fue discutido en un seminario de alto nivel a comienzos de 2019, en el que participamos junto al Presidente de la Corte Suprema y al Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Durante el tiempo siguiente elaboramos una propuesta que finalmente fue presentada por el Gobierno el 16 de abril de 2021 (demorada por la irrupción del estallido social y la pandemia, que desplazaron temporalmente el desarrollo de muchas iniciativas relevantes), consistente en una Reforma Constitucional y un proyecto de ley por el cual se creaba la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales, modificando distintos cuerpos legales.
La idea matriz de la iniciativa presentada a tramitación legislativa era la de establecer un órgano autónomo que resolviera, a través de concursos públicos y definiciones fundadas, transparentes y abiertas, la designación por mérito de los jueces y juezas del país, asegurando así la independencia judicial. El Presidente de la República y los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia dejaban de participar en las designaciones, renunciando a una atribución que tuvieron siempre, cuestión muy poco frecuente en esferas de poder donde nadie renuncia al que tiene, solo se aspira a incrementarlo.
Tal iniciativa alcanzó a ser expuesta en la Cámara de Diputados, sin que haya tenido mayor tramitación posterior. Al parecer, no resultaba de interés abordar esta materia. Por eso llama la atención la súbita preocupación que hoy surge para impulsar estos cambios. Es triste constatar que solo cuando hay crisis o escándalos se mueven muchas autoridades para hacerse cargo de tareas de relevancia.
La historia posterior recoge la iniciativa de la Convención Constituyente durante 2021, que creaba un Consejo de la Justicia para hacerse cargo de los nombramientos, además de numerosas otras funciones que dejaban a la judicatura en una situación aún peor. La experiencia en nuestra región, y también en países europeos, demuestra que tales consejos politizan, corporativizan y burocratizan al Poder Judicial. Afortunadamente, tal proposición siguió la suerte del texto general: fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
Luego, en el nuevo proceso constituyente se retomó la idea. Como integrante de la Comisión Experta, y formando parte de la subcomisión competente en esta materia, presentamos con otros comisionados una profunda reforma a la Justicia, que logró ser consensuada, inspirada en parte en el proyecto antes referido, que transformaba el Poder Judicial, ponía término a la Superintendencia de la Corte Suprema y establecía órganos autónomos para su funcionamiento. Para ello, se creaba una comisión de nombramientos; una encargada de la gestión y administración independiente de los recursos judiciales y otra que se ocupaba de la formación judicial, para garantizar de ese modo el buen funcionamiento de los Tribunales, su independencia externa de toda intromisión impropia y la mayor independencia interna de los jueces para resolver conforme a derecho.
El Consejo Constitucional mantuvo en lo sustancial esta propuesta, con modificaciones, pero también fue rechazada en el plebiscito del 15 de diciembre pasado.
En consecuencia, más allá de las esquirlas que deja la investigación en curso, corresponde que las instituciones competentes (fiscales y jueces) se hagan cargo de ella. En tanto, el Gobierno y el Congreso bien podrían retomar el debate pendiente sobre una reforma profunda a la Justicia exigida en forma perentoria por la debilidad institucional y el incremento de la corrupción, para asegurar un Poder Judicial independiente que sustente en forma debida nuestro Estado de Derecho Democrático. El proyecto base para esta discusión ya se encuentra en el Congreso desde el 16 de abril de 2021, hace tres años”.
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