Julio 20, 2023

Ex fiscal Manuel Guerra y robo en ministerio: “No se puede descartar ninguna tesis, incluida el auto robo”

Marcelo Soto

El ex fiscal Manuel Guerra dice que el caso del robo de computadores y una caja de fuerte del ministerio de Desarrollo Social tiene ribetes extraños. Sobre los dichos de Giorgio Jackson dice: “Yo creo que pretender hablar de señales políticas es querer establecer una situación de victimización respecto del ministro, y yo creo que eso no corresponde”.


 -¿Cómo calificas este robo, que al parecer no es un robo común, sino que podría tener un objetivo político o de eliminar información?

-Es extraño, sin duda. Que se pueda ingresar de esa forma hasta esa dependencia es algo complejo. Se trata de lugares que tienen ciertos niveles de protección. Se sustrajeron no solo computadores, sino que también una caja fuerte, donde podría boletas de garantías que están destinadas a garantizar el cumplimiento de ciertos contratos. Y eso sin duda que también debe ser considerado respecto de quienes podrían estar interesados en provocar una acción de ese tipo.

Ahora, respecto a los efectos políticos, sin duda que los genera. Hay un cuestionamiento al ministro de Desarrollo Social, a partir del caso convenios y sin duda que esto alimenta suspicacias. Lo importante ahora es esperar lo que haga el Ministerio Público con la Policía respecto de la investigación, la que podrá determinar si en definitiva estamos frente a un robo común o si estamos frente a una situación más delicada, con ribetes derechamente políticos.

-La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que era una persecución contra Giorgio Jackson. ¿Hay bases para sostener esa afirmación?

-Han habido críticas a Jackson, por el caso convenios, pero es parte de la política. No creo que exista una persecución en su contra a nivel penal. Ahora, persecución política no veo por qué. No creo que se haya ejecutado un robo para precisamente perjudicar a la persona de Giorgio Jackson. Me parece un poco alambicado.

Los cuestionamientos son parte de las reglas del juego de la política. Pero de ahí a decir que estos hechos obedezcan a una persecución política, me parece que es muy aventurado cuando no se sabe quiénes los ejecutaron y qué finalidad siquiera tenían.

-¿No se puede descartar la tesis del auto robo?

-Sabes, yo creo que no se puede descartar ninguna tesis. Ninguna. Es algo que que tiene que hacer la investigación. La Policía y el Ministerio Público deben tener todas las posibles hipótesis en juego y ver si se van clarificando con el curso de las diligencias. Un auto robo es una hipótesis que no se puede descartar. Nada se puede descartar.

-¿Y qué información pueden tener esos computadores y esa caja fuerte, qué tan relevante puede ser esa información?

– Están las comunicaciones entre funcionarios públicos respecto a una serie de actos y contratos de la Administración. Yo creo que sin duda se trata de información reservada y delicada. Respecto de la caja fuerte, estamos hablando de documentos como boletas de garantía u otro tipo de documentos que están destinados a avalar el cumplimiento de contratos y al no estar esto se generan complejidades, porque hay que exigir nuevas garantías respecto de empresas que confiaron en que depositaron esto en un lugar que se creía seguro.

-¿Esto habla también de la falta de seguridad de de las dependencias públicas, como como el Ministerio?

-Es un llamado de alerta sin duda sobre los sistemas de seguridad con que operan las distintas instituciones del Estado. No es primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza en que se ven afectados oficinas públicas. Yo creo que debiera llamar a un proceso de revisión de las protocolos de seguridad existentes en las distintas instituciones del Estado, porque se trata siempre de información sensible la que ellos manejan.

-¿Cómo ha manejado el gobierno el caso Convenios? ¿Esto puede complicar o enredar el caso?

-En el caso convenios ha habido una conducta errática de parte del gobierno. Partió señalando que estos hechos se iban a perseguir con el máximo rigor posible. Les atribuyeron carácter de delito desde un inicio, pero pasados los días vimos como el propio Presidente exculpaba a priori a ciertos funcionarios, como la delegada presidencial de la Región del Bío Bío, el Seremi Vivienda del Maule, pero luego, con posterioridad se le pide la renuncia al Seremi del Maule porque se encuentra en situación irregular.

Ha habido un actuar apresurado del Gobierno emitiendo juicios que en ocasiones afirma o descarta responsabilidades penales, siendo que no es su labor; la labor del Gobierno es administrar el país. Unos días atrás veíamos que el propio ministro Jackson decía que ni él ni el ministro Montes tenía ninguna participación. Yo creo que es muy pronto para decir algo así. Estas defensas corporativas o también estas reacciones intempestivas, involucrando inclusive al Primer Mandatario, revelan la inexperiencia para administrar conflictos de esta naturaleza que se tiene en la actual administración.

Y que además le ha pegado muy fuerte a la línea de flotación del gobierno, con un aspecto en el cual ellos constantemente hicieron gala que era de una suerte de superioridad moral, un mayor estándar de probidad que tendrían respecto de los otros representantes del mundo político. Al poco andar del gobierno vemos que hay una serie de situaciones bastante irregulares, cuestionables por lo mínimo y que sin duda que ponen en tela de juicio la credibilidad de las autoridades de gobierno.

-Parece que uno de los delincuentes se  hizo pasar como Giorgio Jackson.

-Sería una maniobra muy burda si existen guardias de seguridad, que están precisamente para evitar que este tipo de cosas ocurran. Debe haber siempre protocolos al interior de las instituciones. No es llegar y decir que llamó una persona haciéndose pasar por el ministro y con eso sirva como una suerte de salvoconducto para ingresar a una dependencia pública. En toda dependencia pública lo lógico es que se pida el registro de cada persona que ingresa, esto se verifique, como ocurre en mucho edificio privado, precisamente para evitar situaciones como esta. Y cuando se trabaja con bienes públicos, uno espera que el celo de parte de la administración sea mucho mayor.

-Además ¿tienen cámaras o no?

-Me imagino que debieran tener. Hay que ver si estaban operativas, la calidad de la resolución de las imágenes. Aquí hay una investigación penal respecto de los delitos cometidos, pero hay también una investigación administrativa que se debe desarrollar para establecer la eventual inexistencia o la debilidad de los protocolos existentes al interior de esta institución que es el Ministerio.

-El ministro Jackson dijo que esto no solo era un robo, sino también una señal política. ¿Te parecen apropiadas esas presunciones?

-Me parece que es un poco anticipado emitir juicios de esa naturaleza cuando hay información tan precaria al día de hoy. Yo creo que pretender hablar de señales políticas es querer establecer una situación de victimización respecto del ministro, y yo creo que eso no corresponde. Lo único que corresponde por parte del Gobierno, lo sensato, lo razonable, es cierto nivel de sobriedad. Partiendo por el propio ministro Jackson, instruir sumario administrativo para investigar las circunstancias que habrían ocurrido.

-Lo esperable es que esta información haya estado respaldada. ¿O es posible que se pierda?

-Lo lógico es que estuviera alojada en los servidores del Ministerio de Desarrollo Social. El Estado viene trabajando hace años, en protocolos de ciberseguridad. Y si no existieran sería bastante delicado.

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