-La Convención aprobó una norma que plantea que las cárceles deben ser exclusivamente públicas, eliminando de esa manera las cárceles concesionadas. ¿Qué le parece?
-Efectivamente, el pleno de la Convención votó esta semana respecto de establecimientos penitenciarios y se aprobó que el Estado puede ejecutar el cumplimiento de las penas privativas de libertad solamente a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. Y por lo tanto se estableció que la función no podrá ser ejercida por privados, lo que se entiende que excluye a las cárceles concesionadas.
-¿Cuán importante es el sistema mixto?
-En Chile existe un total de 83 establecimientos penitenciarios, de los cuales 75 corresponden a establecimientos tradicionales públicos, y 8 corresponden a establecimientos concesionados. No es un número elevado, pero sí relevante. Hay que entender que utilizan un sistema mixto: es decir la custodia se encuentra en manos de gendarmería, mientras que la provisión de servicios se encuentra a cargo de la empresa concesionaria.
-¿Ha funcionado el sistema como se esperaba?
-Ha sido un aporte indudable, aunque en materia de reinserción social no ha sido todo lo bueno que se esperaba. Ha permitido mejorar los estándares en materia de infraestructura, de gestión, de hacinamiento. En mi opinión, el sistema es perfectible, pero no entiendo su exclusión.
Este sistema de cárceles nace el año 2000 y en 2005 se abre la primera. En este caso, buscando mejor infraestructura, mejorando las condiciones de adaptabilidad, invirtiendo en tecnología y seguridad, con más eficiencia. Esta inclusión del sistema mixto fue positiva: podemos ver ciertas deficiencias, pero son totalmente solucionables.
-¿De qué manera?
-Podría haber una reforma al sistema de concesiones, para perfeccionar el sistema. Según los datos el sistema de establecimientos concesionados ha cumplido entregando mejores tratos en la provisión de servicios. Por ejemplo, la posibilidad de ducharse a diario y la limpieza; el espacio, la privacidad, el estado de los baños, eso sí es una diferencia entre ambos sistemas a favor del concesionado.
-¿Crees que aquí hay una cosa ideológica que está funcionando en la Convención?
-Hay una resistencia a la privatización. Pero en estricto rigor no es una privatización de las cárceles, porque es un sistema mixto. A mi juicio está el estigma de decir que existen cárceles privadas, pero no es así: hay que tener a la vista que la seguridad continúa en manos de Gendarmería.
-En términos de violencia o maltrato, ¿qué sistema garantiza mejor los derechos de los presos?
-Ambos tienen los mismos estándares. Por eso hubiese sido importante modificar el sistema de concesiones estableciendo estándares más estrictos.
-¿Si se aprueba esta norma que consecuencias tendría?
-La consecuencia principal es que todos estos centros penitenciarios privados o concesionadas llegan a su fin. Por lo tanto nos encontramos con el segundo problema: ¿Qué va a pasar con toda esta población penal? Tenemos hoy día un problema de sobrepoblación penal en el sistema tradicional; no es cosa que se puedan incorporar a esos centros tradicionales. Tendría que haber una alta inversión pública, crear nuevos establecimientos penales para reubicar a toda esta población penal que saldría de los establecimientos concesionados.
-¿Cuáles son los principales problemas de las cárceles? ¿Con la eliminación de las concesiones se agrava la situación?
-Evidentemente. Las condiciones precarias de funcionamiento, modernización, cuestiones de castigo, eso se pudo haber modificado con una reforma estructural, y no excluyendo el sistema de concesiones. Se le pone fin a un modelo que funcionaba y pasa a la propuesta de una nueva constitución.
De acuerdo a datos de Gendarmería Chile, existen 39.008 personas en régimen de control cerrado, a noviembre de 2021. Los datos desagregados entre establecimientos tradicionales y concesionados están desactualizados, aunque estos últimos son el 10%. No es menor. El sistema era perfectible, pero eliminarlo va a aumentar el hacinamiento, que ya es grave.
-¿En qué otros aspectos, la Convención se está guiando por un sesgo ideológico, con una sospecha o desconfianza hacia lo privado y un ensalzamiento hacia el estado?
-En la comisión de Sistema de Justicia, existe esta tendencia de que lo privado no constituye algo positivo. Por lo tanto ciertos grupos de convencionales consideran que todo debe quedar en manos del Estado. Tenemos las cárceles concesionadas y otros ejemplos como los árbitros en materia judicial. Aquí vemos también que se dio este sesgo a propósito del arbitraje forzoso.
Hoy tenemos tribunales ordinarios que conocen las causas, tribunales especiales. Y en ciertas materias uno puede recurrir a un árbitro. Existen materias en que uno forzosamente tiene que recurrir a un árbitro. Recurrir a un árbitro tiene costos, pero las empresas tienen recursos para recurrir a esos árbitros. Pero vemos que la Convención excluye la competencia de esos árbitros y dice “no”, tiene que pasar a competencia de los tribunales ordinarios. Entonces, ahí se puede ver cómo se complejiza el sistema judicial. Lo puede atochar por un tema ideológico.
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