Es hora de separar al Gobierno de la Convención. Por Ricardo Brodsky

Parece más aconsejable que el gobierno separe su suerte del texto propuesto por la convención, adopte una prudente distancia y analice con pragmatismo “todos los escenarios”, ya que su obligación seguirá siendo gobernar el país y no defraudar las esperanzas de cambio que anidan en la sociedad chilena.

La Convención Constitucional terminó sus deliberaciones aprobando el grueso de lo propuesto por la Comisión de armonización y las normas transitorias en medio de un último acto de autoafirmación identitaria, como queriendo decir: esta es nuestra constitución, no la de ustedes.

Si alguna vez alguien pensó -y confieso que yo lo hice- que una asamblea democráticamente electa sería capaz de resolver definitivamente la cuestión constitucional que como una sombra ha oscurecido la vida política del país desde 1980, hay motivos para sentirse desengañado. El resultado del proceso es un país más dividido que cuando en un plebiscito se le dio inicio y sobre todo una ciudadanía más marcada por el temor que por la esperanza.

La Convención y el gobierno nos proponen un falso dilema: la constitución de Pinochet o la de la Convención, en circunstancias que la mayoría del país, más del 60% según diversos estudios de opinión, quiere algo distinto y lo expresan aprobando el texto con la esperanza de mejorarlo ya sea reformándolo o a través de las leyes que deberían dictarse, o rechazando con la expectativa de reiniciar un nuevo proceso constitucional.

El presidente parece que ha empezado a comprender lo inconveniente que puede ser ligar la suerte de su gobierno a la de la propuesta de la Convención. El mundo no se acaba el 5 de septiembre, cualquiera sea el resultado del plebiscito, las demandas por mayor seguridad, detener la inflación, mejorar las pensiones y la salud seguirán presentes y ni la aprobación o rechazo del texto propuesto resolverán estas cuestiones con la urgencia que lo reclama la ciudadanía.

Muy por el contrario, no sería extraño que este texto constitucional, de aprobarse, dé origen a nuevos y más intensos conflictos en la sociedad chilena. Desde luego, el gobierno no podrá imponer el estado de emergencia para el control de las fronteras en el norte o de los grupos armados en la macrozona sur, ya que este dejará de existir.

De imponerse el texto de la Convención con todas sus normas transitorias, el gobierno, por otra parte, se vería sometido a un verdadero programa de transformaciones institucionales que no es el suyo. Imperativamente la Convención le dicta lo que tiene que hacer en los próximos 60 días, en los seis meses por venir, en los dos y cuatro años que están por delante. Desde una suerte de Olimpo, los constituyentes se han permitido establecer una hoja de ruta que hace abstracción de las realidades y de las urgencias que día a día consumen las energías del gobierno y del país.

Parece más aconsejable que el gobierno separe su suerte del texto propuesto por la convención, adopte una prudente distancia y analice con pragmatismo “todos los escenarios”, ya que su obligación seguirá siendo gobernar el país y no defraudar las esperanzas de cambio que anidan en la sociedad chilena.