El Gobierno ha presentado recientemente detalles financieros de su propuesta para separar las funciones que hoy cumplen las administradoras de fondos de pensiones. Según la presentación que realizó el Ejecutivo, si se centralizaran las funciones de administración de cuentas en un solo ente –ya sea estatal o licitado posteriormente a un privado– podríamos estar ahorrándonos US$ 127 millones. Claramente estos son los datos del Gobierno, por lo que se trata del escenario más optimista al respecto. ¿En estos números se considera el incremento en el presupuesto de casi US$ 200 millones al año 2030?
Ya conocemos ejemplos de malos cálculos realizados por las autoridades como los ejemplos del gas licuado a “precio justo” o, peor aún, frente a un Transantiago, que anualmente sigue costando cientos de millones de dólares, sin que se avizore término para ello. Lamentablemente la experiencia hace desconfiar de estos datos oficiales, o a lo menos esperar un doble o triple chequeo de estos.
Los retiros de fondos de pensiones demostraron que el conocimiento es importante. Las actuales administradoras fueron capaces de levantar un sistema que involucró entregar cerca de US$ 50 mil millones, el equivalente a 16% del PIB que genera el país en un año. Y los reclamos fueron casi cero. Esta es la experiencia adquirida. ¿Podrá una entidad adquirirla en el corto plazo?
Además, los cálculos no parecen considerar los impuestos de 1° categoría que dejaría de percibir el Fisco de parte de las administradoras actuales que dejarían de percibirse (que algunos estudios calculan en US$ 150 millones).
Otro aspecto del todo relevante es cómo y cuánto se puede ver afectada la atención, así como los tiempos de espera y de respuesta desde ChileAtiende. Esta entidad pública fue un baluarte durante la pandemia, con un tremendo compromiso de sus funcionarios, dando respuesta en épocas complicadas y llegando con la ayuda a millones de compatriotas en épocas difíciles. Es acá donde día a día miles de personas acceden a diversos servicios públicos de manera ágil y oportuna. No sería bueno estropear un servicio que hoy funciona bien, recargándolo con todos los trámites y gestiones que hoy realizan los privados. No vaya a ser que haya un costo mayor, que se refleje indirectamente por reasignaciones o aumentos de presupuesto.
Tomar una decisión como esta es un camino sin retorno que, si se hace mal, forzará a financiar permanentemente el entuerto con los impuestos de todos los chilenos. El riesgo es alto y no se puede improvisar. ¿Vale la pena correrlo con más inseguridades que certezas respecto del impacto en las pensiones? Porque a eso estamos llamados: a mejorar las pensiones.
Claramente esta es la parte más ideológica de la propuesta previsional y pareciera ser más para cumplir un compromiso de campaña que para mejorar las pensiones. ¿Habiendo tanto flanco abierto de discusión, no valdrá más la pena centrarse en aquellos que sí impactan los montos de las pensiones y en los que pudiera resultar más factible lograr algún tipo de consenso?
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