El riesgo catastrófico de Boric en el plebiscito. Por Sergio Muñoz Riveros

Boric debería concentrar sus energías en frenar el acelerado incremento de la desaprobación a su gestión. Necesita salvar su gobierno, y para ello solo le sirve hacer retroceder la desconfianza sobre lo que representa su gobierno para la estabilidad democrática y asegurar que el país no se descarrile. Precisamente por eso, el compromiso con la Convención va en contra del propio interés de Boric de no naufragar. El sentido común aconseja separar aguas.

El Presidente y su equipo de confianza tienen dificultades para relacionarse con la realidad. Tienden a verla no como es, sino como quisieran que fuera. Allí está la raíz de los tropiezos, las imprudencias y los desatinos de los dos primeros meses. Al instalarse, parecían convencidos de que la Convención Constitucional era la vanguardia de un cambio de época, por lo que había que apoyarla sin reservas. Se imaginaron que el gobierno y la Convención unidos se convertirían en una corriente avasalladora. Pero sucede que las encuestas muestran que cambió la dirección de los vientos. Ni siquiera los entusiastas se atreven a decir hoy que el gobierno y la Convención se encaminan hacia un éxito compartido. Eso explica que Fernando Atria, uno de los padres de la criatura que está por nacer, le haya dicho a Boric que la suerte del gobierno está unida, “para bien o para mal”, a la suerte de la Convención. Como las cosas van mal, era una advertencia: no puede darle la espalda a la Convención sin pagar un costo.

No hay espacio para las cuentas alegres en La Moneda. La única duda en este momento se refiere a quién perjudica más al otro: si la Convención al gobierno, o el gobierno a la Convención. Probablemente, el contagio es mutuo. La mayoría de los ciudadanos entiende que las fuerzas que controlan la Convención son, más o menos, las mismas que están en La Moneda. No hace falta demostrar que el Frente Amplio y el PC, junto a los colectivos del octubrismo y la izquierda indígena, son los administradores de la cocina constitucional. Si además Boric y sus ministros expresan una afinidad casi incondicional con la Convención, se hace evidente que van en el mismo bote. El problema es que está haciendo agua.

Un mínimo realismo aconsejaría a Boric priorizar el resguardo de su propio poder, y evitar ser arrastrado por la dinámica disolvente de la Convención. Pero la inercia del compromiso político ha prevalecido hasta ahora. Si la ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que el gobierno no era neutral frente al proceso constituyente, se supone que lo definió antes con el mandatario. El efecto directo fue la entrada en escena de la Contraloría, que se encargó de recordar que quienes ocupan responsabilidades de gobierno tienen la obligación de ser prescindentes en las competencias electorales, lo que implica, entre otras cosas, respetar escrupulosamente las normas legales que sancionan el mal uso de los recursos públicos. Otra cosa es que los ministros y altos cargos, como ciudadanos, fuera de horario laboral y con sus propios recursos, participen en actividades de campaña.

Será inevitable la polarización política en torno al plebiscito del 4 de septiembre. Es mucho lo que está en juego, y ha ido creciendo la inquietud y el recelo de mucha gente respecto de los contenidos ya aprobados en la Convención, que constituyen un intento de “corregir la historia”, en particular la transición democrática, mediante un diseño orientado a remodelar la sociedad sobre la base de la ilusión estatista, anticapitalista, o cómo quiera llamársela. En rigor, el texto que saldrá de allí no es propiamente una Constitución para la República de Chile, sino el programa de la asociación de colectivos de la izquierda refundacional, hecho para que en el futuro “gobiernen los que tienen que gobernar”, o sea, ellos.

Boric debería concentrar sus energías en frenar el acelerado incremento de la desaprobación a su gestión. Necesita salvar su gobierno, y para ello solo le sirve hacer retroceder la desconfianza sobre lo que representa su gobierno para la estabilidad democrática y asegurar que el país no se descarrile. Precisamente por eso, el compromiso con la Convención va en contra del propio interés de Boric de no naufragar. El sentido común aconseja separar aguas. Podría incluso apoyarse en las instrucciones dadas por la Contraloría sobre la prescindencia de las autoridades en los procesos electorales, para aprovechar de tomar distancia. Le bastaría con decir que el gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar que el plebiscito se desarrolle con garantías para todos. ¿Se atreverá a ello? Es poco probable. Teme ser calificado de traidor por gente como Jadue.

Aunque el plebiscito está convocado específicamente para pronunciarse sobre el borrador de nueva Constitución que proponga la Convención, todo apunta a que La Moneda apostará doble o nada en la consulta del 4 de septiembre, pensando en que, con la votación obtenida por Boric en la segunda vuelta presidencial, los electores le ratificarán su apoyo y, de paso, aprobarán el texto propuesto. Ya decíamos al principio que el problema de las fuerzas gobernantes es la relación con la realidad. El resto lo hace la embriaguez del poder, la sensación de que tienen una gran oportunidad para dar un salto, aunque no sepan bien hacia dónde.

Lo concreto es que, dadas las actuales dificultades económicas, sociales y de seguridad, dado el cuadro devastador creado en el sur por el terrorismo, dados finalmente los recelos sobre la capacidad del gobierno para conducir al país en una dirección de progreso, mucha gente considera que la manera más eficaz de oponerse al gobierno es votar Rechazo. Y si gana el Rechazo, el impacto podría ser demoledor para un liderazgo precario como el de Boric. En tal caso, no puede descartarse que la coalición oficialista no resista.