El proyecto del PC-FA-PS que busca sancionar con cárcel el “negacionismo” ante violaciones a los DDHH entre 1973 y 1990

La iniciativa impulsada por la diputada del PC Carmen Hertz y patrocinada por otros 9 parlamentarios oficialistas busca que quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos “cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”, sean castigados con prisión en su grado medio a máximo y una multa de 20 a 40 UTM.

Argumentación. “El Negacionismo debe considerarse como un acto deliberado que forma parte de un proceso, y no está basado en un error o en un problema con la libertad como ha tratado de instalarse”. La frase forma parte de la argumentación del proyecto de ley que este miércoles presentarán diputados oficialistas.

• El texto sostiene que sobre el “pseudo conflicto o colisión que eventualmente se produciría con el derecho a la libertad de expresión, resulta evidente que esa aparente contradicción fue zanjada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, ya que se consigna que “el ejercicio de aquel derecho sí está sometido a restricciones y responsabilidades; indicando que esas limitaciones deben estar establecidas por ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás; o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas”.
• La iniciativa es impulsada por la diputada del PC Carmen Hertz y patrocinada por las comunistas Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Luis Cuello, Tomás Hirsch (Acción Humanista), Gonzalo Winter (CS), Mercedes Bulnes (ind. RD), y las socialistas Emilia Nuyado, Helia Molina y Jaime Naranjo.
• Los parlamentarios plantean que “ad portas de cumplirse 50 años del golpe militar, legislar acerca del Negacionismo se erige como un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”.
• “Este delito, que está contemplado en las legislaciones de todas aquellas naciones que han sufrido la opresión y exterminio de sus ciudadanos por razones políticas es un imperativo a fin de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado de Chile”, señala Hertz.
• Por su parte, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, firmante e impulsor de la iniciativa, aseguró que “es fundamental para poder construir una verdadera democracia y un Estado de Derecho”.

Pena de cárcel. El proyecto de ley es una reforma al Código Penal en el Libro Segundo denominado “Crímenes y simples delitos y sus penas”, específicamente al título tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución”.

• “El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990″ consignados en informes reconocidos por el Estado “y siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos; serán castigados con la pena de prisión en su grado medio a máximo y multa de 20 a 40 UTM”, señala el proyecto.
• Dicha pena se aumentará, añade la iniciativa, en un grado y las multas serán en su grado máximo cuando “tales conductas se hubieren realizado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo”.

Telón de fondo. La conmemoración de los 50 años del Golpe se ha transformado en un eje central de la administración Boric para este año, lo que para algunos puede suponer una polarización del escenario político, marcado para el próximo 11 de septiembre por el debate constitucional. En entrevista con El Mercurio, el ex Presidente Lagos, al igual que otros actores, planteó que “la forma de conmemorar los 50 años es mirar el futuro”.

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