El precario gobierno de Boric demuestra cuán resistente es el país. Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Surgen muchas inquietudes respecto del contexto de una eventual alza de impuestos. La economía está estancada, y no se divisa conciencia de parte del gobierno de que lo más urgente es apostar fuerte por la reactivación, lo que exige políticas proinversión y proempleo. ¿Por qué seguir financiando programas sociales mal evaluados? ¿Por qué subsidiar indefinidamente a las empresas públicas deficitarias, que se han convertido en un lastre para el Estado? ¿Tiene sentido el gasto en propaganda de los ministerios? Con una economía debilitada, es obligatorio revisar la racionalidad del gasto público.


Hasta los ritos democráticos, como la Cuenta Pública que cada año debe entregar el mandatario, demuestran que Chile cuenta, afortunadamente, con un sólido orden constitucional. Todo lo ocurrido en los últimos años lo prueba. El país resistió la agresión a mansalva de octubre de 2019, la complicidad política con la violencia, la deslealtad con la democracia, la aventura de la Convención, el apoyo del Presidente de la República a la desarticulación de la República, un gobierno que parece ensayo de gobierno y una coalición que está “haciendo historia”, pero no por las razones que cree.

En otro país, un gobernante que hubiera respaldado un proyecto de Constitución refundacional, luego rechazado por los ciudadanos, probablemente habría tenido que dejar el poder. No fue el caso de Boric. Siguió gobernando, un poco desorientado es cierto, pero seguro de que pisaba el terreno firme de las normas con las que había sido elegido, o sea, la “Constitución de Pinochet”, como él y sus ministros repitieron una y otra vez, aunque siempre supieron que llevaba la firma de Ricardo Lagos. Si la mayoría de los electores le hubiera hecho caso de votar Apruebo, pudo sobrevenir una crisis político/institucional que su gobierno no habría sabido cómo enfrentar.

En realidad, Boric debería estar agradecido de la Constitución vigente. Ha ejercido plenamente las amplias facultades que le reconoce al Presidente, y así, él ha podido adoptar toda clase de medidas sobre la marcha del Estado. Después del plebiscito perdido, no paró de firmar decretos, remover ministros y subsecretarios, designar embajadores, decidir sobre el uso de los recursos públicos, recibir honores en los actos de las FF.AA., representar a Chile en el exterior, etc. Ha comprobado que tenemos una institucionalidad resistente, que hasta ha reducido los efectos de no pocos de sus desatinos.

“No queremos como sociedad una Constitución partisana”, dijo Boric en la Cuenta Pública. En otras palabras, ya no es partidario de una Constitución como la que llamó a aprobar el año pasado. Más vale tarde que nunca, se podría decir. O recordar la conocida sentencia: “Si no le gustan mis convicciones, tengo otras”. ¿Qué lo ha llevado a tener ahora una opinión tan distinta a la de hace 9 meses? Contundentes razones, por supuesto: el Rechazo del 4 de septiembre y la elección del 7 de mayo. Si el resultado de ambas votaciones le hubiera sido favorable, no sabemos qué clase de discursos estaría haciendo en este momento.

La Cuenta dejó en claro que el programa con el que Boric llegó a La Moneda ya no existe y que los vientos mesiánicos ya no soplan.

La bandera de ahora es la reforma tributaria curalotodo, como lo enfatizó la expresidenta Bachelet: “Creo que es un tremendo llamado y que comparto plenamente. Creo además que, por eso, me voy a sumar a, de una vez por todas, sacar una reforma tributaria adelante, que permita mejorar las pensiones, que permita disminuir las listas de espera, que permita aumentar las salas cuna, que permita resolver el problema de la criminalidad (…) que permita resolver el problema de la deuda histórica con los profesores, por un lado, y particularmente, con los deudores del famoso CAE”.

Considerando que ella es la principal consejera de Boric, no queda sino preguntar qué tipo de reforma elefantiásica tendría que aprobar el Congreso como para recaudar recursos que dieran solución milagrosa a tantas cosas. Demasiado simple. Y demasiado evidente también que la reforma tributaria es la consigna de agitación que reemplazó a la de la Constitución.

Como la Cámara rechazó el proyecto de reforma tributaria en marzo, su reposición en el Senado requiere 2/3, quorum que La Moneda no está en condiciones de conseguir. Por lo tanto, tiene que presentar un proyecto distinto. Pero no es auspiciosa la perspectiva legislativa, y podría producirse un nuevo rechazo. Tal es, al parecer, el cálculo político de La Moneda: si se produce ese rechazo, se podrá culpar a los opositores de no proporcionar los recursos para atender las necesidades de la gente.

Inevitablemente, surgen muchas inquietudes respecto del contexto de una eventual alza de impuestos. La economía está estancada, y no se divisa conciencia de parte del gobierno de que lo más urgente es apostar fuerte por la reactivación, lo que exige políticas proinversión y proempleo. Pero, además, el debate tributario no puede eludir el asunto de cómo se están gastando hoy los recursos públicos.

¿Por qué seguir financiando programas sociales mal evaluados? ¿Por qué subsidiar indefinidamente a las empresas públicas deficitarias, que se han convertido en un lastre para el Estado? ¿Tiene sentido el gasto en propaganda de los ministerios? Con una economía debilitada, es obligatorio revisar la racionalidad del gasto público.

Los partidos gobernantes llegaron a La Moneda anunciando grandes cambios. Ya produjeron uno que no estaba en sus planes: cambió radicalmente el mapa político y la atmósfera cultural del país. Se ha consolidado una amplia corriente ciudadana, que no se reduce a la derecha, que tiene una idea formada sobre las motivaciones de quienes están gobernando, y se opone resueltamente a ellas. El oficialismo es minoría incluso en los estratos más vulnerables de la sociedad. Tiempos de cambio, sin duda.

Se requiere que el gobierno deje de perder el tiempo con las agendas identitarias y se concentre en las necesidades reales de la población; que deje de creer que el país es un laboratorio en el que se puede intentar cualquier experimento; que revise las cifras de la actividad económica y saque las conclusiones debidas; que refuerce las medidas de combate contra la delincuencia; que deje de imaginar nuevas estructuras estatales para lo que sea. En fin, que cumpla su período sin causar nuevos problemas.

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