El pragmatismo de la propuesta de Longueira. Por Cristián Valdivieso, director de Criteria

Pablo Longueira no es de aquellos políticos que teorizan. Es pragmático, de acción, de aquellos que se ensucian las manos. No por nada defendió a Pinochet en las calles cuando, en 1986, participó en una violenta protesta contra la llegada del senador norteamericano Ted Kennedy, autor de la enmienda que prohibió la venta de armas a Chile en respuesta a las violaciones a los Derechos Humanos del régimen militar.

Ya en democracia, entendió que era el momento de los acuerdos y actuó en consecuencia, pragmáticamente. En 2001 se allanó a salvar la plantilla parlamentaria DC, ante los errores en su proceso de inscripción electoral. Pragmático fue también cuando, en medio de la crisis por el caso coimas que asolaba al gobierno de Ricardo Lagos, empujó un acuerdo de modernización del Estado con el Ministro del Interior de la época, destrabando el conflicto. De ahí en más, Longueira pasó a ser un intocable para la ex Concertación. Sintetizado en palabras de José Miguel Insulza, un “estadista”.

Como buen ingeniero, Longueira conjuga bien su instinto político con la respuesta concreta a los problemas. En números apoyó su pragmatismo al invitar a la derecha a sumarse al apruebo, para intentar que no pasará lo que finalmente pasó: terminaron atrincherados en el rechazo con la consecuente subrepresentación que obtuvieron en la Convención Constituyente.

Ahora último, nos enteramos de una nueva y no menos pragmática propuesta del ex parlamentario: “Cada día es más evidente que la gran mayoría de demócratas que votamos Apruebo no esperábamos el lamentable desempeño de la Convención y las propuestas que están haciendo. Lo anterior nos obligará a votar Rechazo en el plebiscito de salida, pese a que el 25 de octubre de 2020, con una histórica participación la ciudadanía fue categórica en señalar, con casi el 80% de los votos, que quería una nueva Constitución que fuera la ‘casa de todos’”, dice en parte de su misiva a El Mercurio.

Concretamente, su propuesta es que, si ganara el rechazo en el plebiscito de salida, hay que “volver a convocar a una nueva elección de convencionales para hacer una nueva Constitución. Así el rechazo no será la continuidad de la (Constitución) actual sino una nueva oportunidad”. En simple, bajarle el costo de votar rechazo a esa ciudadanía que no se vea reflejada en la propuesta emanada de la Convención y que, al mismo tiempo, no quiere que siga rigiendo la constitución del 80.

Pero su idea no concitó apoyo ni entre esa derecha que sueña con hacer fracasar el proceso, ni entre esa izquierda que cree que un resultado positivo está asegurado. De la izquierda que aspira a una nueva constitución emanada de esta Convención, se entiende. Pero que la derecha haya desechado sin más la idea huele a una nueva ceguera de ese mundo que no lee bien ni pragmáticamente los tiempos.

Partamos por su diagnóstico, que me parece correcto. El 80% de los ciudadanos que asistieron a las urnas en medio de una pandemia y sin vacunas votaron por tener una nueva constitución. Ese es el dato. Por otro lado, la política sigue en crisis y no se resolverá mientras efectivamente no tengamos un nuevo pacto social o, en palabras de Longueira, una “casa de todos”.

Por lo tanto, el eventual rechazo ciudadano a la propuesta constitucional que anhela cierta derecha no desentrampará la crisis, posiblemente la agudizará, polarizando una vez más la discusión social y política en torno a la constitución de Pinochet y los privilegios que ampara.

Junto con la potencial agudización de la conflictividad, Longueira complementa con una mirada pragmática y bastante obvia. Que frente a la constitución del 80’, aquella que salió masivamente a defenestrar la ciudadanía durante el estallido social y el plebiscito, cualquier propuesta constitucional, por muy discutible que resulten algunas de sus normas – incluso inaceptables para ciertos grupos-, probablemente contará con la adhesión mayoritaria de la población en el plebiscito de salida, ante la opción de quedarnos con la constitución de la dictadura.

Es más, podría bastar una propuesta constitucional garantista en salud, educación, vivienda y pensiones para que esa “oferta”, incluso colando normas que atentaran contra libertades cívicas, los poderes del estado o la independencia de los organismos públicos como el Banco Central, fuera más atractiva que la constitución del 80.

Posiblemente, a gran parte de la derecha no le gustará el texto que emane de la Convención e invitaran a la ciudadanía a rechazarlo. Pero si esa misma derecha no hace de una vez por todas la pérdida con la constitución a su medida, su invitación a rechazar la propuesta elaborada por un órgano constituyente elegido democráticamente será desoída. Perderán el tiempo y muchos recursos, tal como para el plebiscito y la elección de convencionales. Tal como lo anticipó Longueira.