Si faltaban elementos para comparar la Convención fenecida y el Consejo Constitucional naciente, los aportaron los exconvencionales Jorge Baradit y Daniel Stingo. El primero difundió un tuit con una grosera tipología de Elisa Loncon Antileo, expresidenta de la Convención, y de Beatriz Hevia Willer, presidenta del Consejo, para mostrar los supuestos antagonismos en juego: Loncon, “hija de mapuches pobres, escuela rural, universidad fiscal”, y Hevia, “hija de latifundista ganadero de Osorno, republicana, Colegio Alemán…”.
Enseguida, Stingo derramó sus más inteligentes argumentos para demostrar que Loncon y Hevia sintetizan el choque social y racial de dos mundos inconciliables. Es evidente que Baradit y Stingo representan fielmente la vulgaridad con ínfulas. La exaltación de “lo mapuche” y de una especie de esencialismo indígena les sirve para tener buena conciencia progre, aunque es racismo hipócrita en el fondo.
El mismo sentido tiene el rechazo de “lo alemán” o lo extranjero, para cuestionar la integración histórica de diversas corrientes de inmigrantes en la nación chilena, lo que explica que algunos lleven apellidos como Baradit, Stingo o Bassa. En otras palabras, cretinismo militante.
El Consejo inició sus labores con buenos auspicios. La presidenta y el vicepresidente hicieron intervenciones de nítido sello democrático. Hay, evidentemente, otro clima en el país, muy diferente del que, por efectos de la intimidación octubrista, predominaba en julio de 2021, cuando los representantes de los poderes del Estado no pudieron asistir a la instalación de la Convención. Esta vez, fue distinto. No hubo gritos contra el himno nacional y reapareció el civismo.
¿Qué produjo este cambio? Obviamente, las contundentes votaciones del 4 de septiembre y del 7 de mayo, que hicieron retroceder la irracionalidad política. Casi todos los sectores muestran ahora buena voluntad, y eso puede contribuir al éxito del proceso. Lo primero es, por supuesto, respetar las reglas acordadas, no intentar cambiarlas a tontas y a locas, como querían los diputados del PS Jaime Naranjo, Juan Santana y Tomás de Rementería.
Viene ahora la difícil prueba de hacer funcionar el diseño de un modo razonable. Los expertos se integrarán al Consejo con derecho a voz y podrán explicar allí las cualidades del anteproyecto, pero serán los consejeros elegidos quienes tomarán las decisiones. No puede haber confusiones. El Consejo puede modificar el anteproyecto, quitar o agregar contenidos, y será, por ende, el responsable directo del resultado final.
Es preferible no sugestionarse con la idea de que, si los acuerdos no son unánimes, carecerán de valor. Habrá que buscar acuerdos lo más amplios posibles, pero si no se logran, habrá que votar. Así funciona la democracia representativa. No existen soluciones intermedias para todas las cosas. ¿En qué se traducirán las audiencias públicas establecidas por el mecanismo de participación ciudadana diseñado por la U. de Chile y la UC? Nadie lo sabe.
El abogado Jorge Vives Dibarrart publicó varias preguntas sobre el anteproyecto en el Diario Austral (Región de Los Ríos). Estas son algunas: “¿El acceso igualitario a mandatos electorales y cargos electivos es el restablecimiento de la paridad de género de salida? (art. 4.2 y vigésima transitoria); ¿en qué consistirá interpretar el derecho interno en forma compatible con el derecho internacional? (art. 5.2); ¿cuáles son los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas? (art.7.1 y 125.3).
¿En qué consiste la ‘razonabilidad’ como criterio para la asignación de recursos del Estado en materia educacional? (art.16.22.e); ¿en qué consistirá la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional? (art.53.2); ¿qué es la ‘ecuanimidad’ como criterio para dictar sentencias judiciales? (art.154b); ¿no serán demasiados los órganos autónomos del Poder Judicial que se crean? (art. 157 y siguientes)”.
Pablo Ruiz-Tagle, decano de Derecho de la Universidad de Chile, valoró el anteproyecto en entrevista con El Mercurio, pero planteó algunas objeciones, como la pertinencia del concepto de ‘seguridad de la nación’ usado en el texto, el hecho de que se entregue demasiado poder a una sola persona en la Contraloría y que se hayan incorporado leyes a la Constitución. “En el capítulo sobre Justicia –sostuvo-, hay una serie de consejos: hay un consejo para coordinar, otro para la capacitación, otro para la formación, otro para la ética, así. Francamente, un exceso”.
El nuevo proceso ya ha demostrado que existía una tradición constitucional que no podía ser barrida. La noción de hoja en blanco fue, en el fondo, la expresión del miedo que trajo la violencia, el efecto de la extorsión ante la cual se rindieron los parlamentarios. El decano Ruiz-Tagle afirmó que incluso si le fuera mal a la propuesta del Consejo, “podríamos volver a la Constitución vigente con reformas”.
El destino del proceso constituyente depende sobre todo de la inteligencia y el realismo con que actúen el Partido Republicano y Chile Vamos en el Consejo. Será una prueba para su capacidad de conducción política, lo que, naturalmente, influirá en las futuras definiciones nacionales. Será beneficioso si las fuerzas de izquierda y centroizquierda demuestran haber sacado alguna enseñanza de lo vivido.
El país necesita recuperar el pulso normal y la confianza en sus propias fuerzas. Hay que dejar atrás esta etapa de confusiones. El asunto fundamental es renovar el pacto de lealtad con la democracia.
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