-¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la Macrozona Norte?
-Creo que básicamente son dos: El primero es la explosión de delincuencia que hay y lo segundo, el altísimo costo de la vida. Tenemos la impresión que ambos fenómenos se pueden conectar en atención a que son zonas mineras donde hay una disociación profunda entre la gran cantidad de plata que circula producto de las operaciones mineras, y el nivel de endeudamiento que tienen las familias que no trabajan directamente en la minería. Las zonas donde hay mucho dinero circulante, son atractivas para las bandas de crimen organizado que empiezan a operar. Uno podría decir que es uno de los puntos transversales de Arica, Iquique, hasta Copiapó, es decir, la Macrozona Norte.
-¿Podría describir cuáles son los principales hechos de violencia?
-Lo que hay crecientemente es una sensación generalizada de inseguridad, que uno la puede verificar en todo tipo de relaciones interpersonales. Se ha hecho frecuente que los grupos de WhatsApp, por ejemplo de apoderados, vecinales, organizaciones sociales, emprendedores, uno lee que el comentario del día parte con hechos delictivos que le ocurrieron a algunos integrantes de estos grupos o derechamente a algún familiar o cercano.
-¿Cómo son los delitos?
-Hay hechos muy violentos. Por ejemplo, los “motochorros” que disparan desde las motos, el tema del sicariato que es una cosa inédita, impensada para nosotros que solo se veía en las películas y hoy día es una realidad. En algunos sitios de Internet hay gente que ofrece matar a otras por 400 o 600 mil pesos a vista y paciencia de todo el mundo. Se ha ido normalizando una cultura de violencia muy compleja.
-¿Cuáles son las principales causas de estos hechos que menciona?
-La poca presencia del Estado, la ausencia de una institucionalidad fuerte en materia de seguridad. No hay lógica planeada desde el territorio para tener una respuesta acorde a las necesidades de las regiones mineras en la zona norte. Hemos sido postergados hace muchos años y lamentablemente no vemos que esa tendencia vaya a cambiar en el corto plazo.
-¿Cómo operan estas bandas?
-Se caracterizan por sus altos niveles de violencia porque conocen la baja capacidad de respuesta del Estado, y por lo tanto, esto ha hecho que en el último tiempo el robo de cobre se haya disparado. Hace algunas semanas se reveló el robo de carga de cobre desde los propios trenes, también en camiones que los transportaban. Los paraban a balazos. Cuando a uno le indican que en los robos de cátodos de cobre, participan entre 8-10 autos, incluso con vehículos plumas para hacer el retiro de los productos robados, uno se da cuenta que hay una inversión de cerca de 250-300 millones de pesos, eso no lo hace un delincuente común que actúa individualmente. Claramente da cuenta de una organización criminal que está operando y que pone en jaque la matriz productiva de las regiones del norte.
-¿Ha visto respuestas concretas por parte del gobierno?
-He tratado de conversarlo con todos los niveles, lo he hablado con la ministra (Siches), con el subsecretario del Interior, con el subsecretario de Prevención del Delito, he estado en reuniones con el Fiscal Regional, en conversaciones con las policías y siento que el primer gran paso que hay es la constitución del Consejo contra el crimen organizado en la región de Antofagasta. Me parece que es una señal que va en el sentido correcto porque estos no son hechos aislados, sino que hay un crimen organizado y por lo tanto la respuesta del Estado tiene que ser más inteligente, preparada y que permita al estado tener las capacidades para reaccionar a estos fenómenos delictivos.
-Usted se reunió en mayo con las ministra Siches, hablaron de la ley “antimotochorros”, ella sostuvo que el proyecto iba a ser estudiado ¿Ha recibido respuesta?
-Hemos estado conversando sobre el proyecto y ciertas iniciativas. De hecho el proyecto que presentamos crea un agravante especial cuando se utilizan armas de fuego alrededor de establecimientos educacionales, o establecimientos de salud. Realmente valoro muchísimo que hoy día esté en la agenda el tema de la Macrozona Norte. Entiendo la envergadura del conflicto en la Macrozona Sur, pero nosotros hemos dicho desde hace bastante tiempo que en esa zona, el conflicto se articula por el robo de madera, en la Macrozona Norte el conflicto se va a articular por el robo de cobre.
-¿Ha podido conversar con el Departamento de Extranjería?
-No, con ellos no hemos conversado producto de lo que fue la lamentable situación que ocurrió con la confusión del tema de las expulsiones. Presencié la exposición que se hizo en la Cámara de Diputados. Es necesario abrir un debate sobre qué se va a hacer o cómo se va a actuar respecto de todos los extranjeros que no sabemos quiénes son, dónde están y cómo entraron a nuestro país. Necesitamos que ellos también sean parte de esta conversación. Chile tiene que ejercer el derecho que tiene todo Estado a decir quién entra y quién sale de las fronteras del país.
-¿Qué acciones están tomando desde el Congreso? ¿Qué proyectos de ley serían claves para afrontar la situación?
-Lo primero es que seguimos trabajando para constituir la Comisión especial investigadora de nuevas criminalidades en el norte y brechas que en el fondo lo que busca es precisamente establecer cuáles son los nuevos delitos, cuáles son las capacidades del Estado para combatir esos delitos. Nosotros queremos tener el resultado de esa comisión investigadora antes que se empiece a discutir la Ley de Presupuestos de manera tal, que una vez identificada la brecha hayan compromisos concretos de aportar más recursos para combatir el crimen organizado, aumentar la dotación de fiscales, fortalecer las capacidades de gendarmería, entre otras.
-¿A su juicio se puede propagar a otras zonas?
-Lo que ocurre primero en el norte se traslada a la zona Metropolitana y al resto del país. Si en esta región se están desarrollando fenómenos criminales, el problema gigante que vamos a tener es cuando esté instalado en la RM, porque ahí el nivel de descontrol es máximo. Finalmente me parece importante dejar consignado que el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia son una amenaza para la democracia. No pueden haber ningún tipo de complejos ideológicos para enfrentar esto como corresponde. Lo fundamental aquí es que haya una adecuada respuesta del Estado a lo que es una verdadera amenaza para la democracia.
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