El escándalo de la recepción de más de 400 millones de pesos por parte de una fundación con vínculos políticos y menos de un año de existencia ha iniciado un necesario debate sobre el posible mal uso de recursos públicos, triangulación para campañas electorales y la discrecionalidad de su adjudicación.
Nuestro país ha avanzado en transparencia en la asignación de recursos públicos, pero sin duda siempre se puede ir más allá. Desde 2003 existe la obligación de registrar todos los aportes públicos y transferencias a personas jurídicas.
Esta información debe publicarse por transparencia activa y con actualización mensual y el registro debe contener datos como la individualización de la persona jurídica receptora de estos fondos públicos, su naturaleza jurídica, su objeto social, la composición de su directorio, su área de especialización y sus antecedentes financieros; así como información sobre el monto de la transferencia y su objeto o destino -incluyendo actividades o trabajos encargados- y controles efectuados por la Contraloría General de la República y por otros organismos fiscalizadores.
Sin duda, lo anterior permite a los medios y a quienes quieran fiscalizar, como diputadas y diputados, realizar un mayor y mejor control social del destino de importantes recursos públicos, así como debería inhibir burdos intentos de fraude al fisco o uso político de estos recursos.
A pesar de esto, nuestra institucionalidad puede mejorar. En muchas ocasiones lo que falla es el razonamiento tras las decisiones públicas. ¿Por qué se otorgan fondos directamente a tal organización y no otra? ¿Cuál es su ventaja comparativa? ¿Es por cercanía o afinidad política o por su trayectoria y experiencia previa?
En momentos donde la desconfianza impera, es clave que podamos comprender y tener mejor trazabilidad de las decisiones públicas. El caso de Democracia Viva parece hablar por sí mismo y revelar, como mínimo, un potencial gran conflicto de intereses. Será la justicia quien dirá si, además, estamos frente a delitos como fraude al fisco y tráfico de influencias.
Pero además, lo anterior nos demuestra lo frágil de nuestra regulación de financiamiento a la política en lo que respecta a organizaciones de la sociedad civil. La falta de mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas permite su fácil instrumentalización. Al momento de discutirse las nuevas reglas de financiamiento, a la política se puso en el tapete; pero la regulación fue bastante ligera. Así, se estableció que los ingresos que reciban los “institutos de formación política” inscritos por los partidos políticos ante el Servicio Electoral serán siempre públicos y solo podrán provenir de los propios partidos o personas naturales con límites a los aportes.
Si bien parece ir en la línea con las reglas de financiamiento de partidos, ¿cuántas organizaciones con vínculos a partidos, que realizan trabajo de formación, de vinculación ciudadana y de generación de contenido y asesoría política no se encuentran registradas como institutos de formación política? De este modo pueden recibir fondos del Estado, pero también de empresas o de potencias extranjeras y así bypasear las normativas anteriores que buscan transparentar los vínculos entre dinero y política.
Sin duda hay formas de avanzar en transparencia de organizaciones que reciben fondos públicos o realizan incidencia en políticas públicas para saber realmente quienes están detrás de éstas y sus fuentes de financiamiento, pero también hay que marcar una línea divisoria entre aquellas que son organizaciones instrumentales de la política -muy necesarias-, pero con particularidades diversas. El caso de Democracia Viva no puede convertirse tampoco en una cacería de brujas donde se mezclen peras con manzanas y se cuestione a organizaciones con décadas de trayectoria y sea un pecado el expresar apoyo a tal o cual candidatura.
Nuevamente vemos cómo la transparencia debe ser un estándar progresivo y que la Ley que nos dimos el año 2008 debe ser actualizada y permitir seguir la ruta del dinero público. Una actualización que sigue esperando en el Congreso desde 2012. ¿Cuántos escándalos más habrá antes que finalmente se concrete?
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