¿Cuántos delincuentes envió el régimen de Maduro a Chile? Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

Walter Rodríguez, sicario profesional, identificado como jefe del comando que asesinó a Ronald Ojeda, entró varias veces a nuestro país a cumplir “trabajos” semejantes, y luego escapaba sin problemas. Hoy, según la fiscalía, se encuentra de nuevo en Venezuela. ¿Cuántos otros criminales como él han sido agentes de la “brisa bolivariana”, como dijo Diosdado Cabello, y han contado con la fluida cooperación de cómplices internos?


Son muy grandes el dolor y la indignación que todos sentimos ante los asesinatos cometidos por las bandas de delincuentes que han conseguido desfigurar nuestra convivencia en los últimos años. Sentimos como propio el drama de las familias de las víctimas. Pero, ese mismo sentimiento debe ayudarnos a mantener la serenidad necesaria para contribuir al propósito de dar una respuesta contundente a un enemigo con el cual no puede haber tregua.

¿Cuántos delincuentes puso en libertad el régimen de Maduro para que vinieran a Chile a partir de 2019? Varios miles, al parecer, por todo lo que hemos visto. Walter Rodríguez, sicario profesional, identificado como jefe del comando que asesinó a Ronald Ojeda, entró varias veces a nuestro país a cumplir “trabajos” semejantes, y luego escapaba sin problemas. Hoy, según la fiscalía, se encuentra de nuevo en Venezuela.

¿Cuántos otros criminales como él han sido agentes de la “brisa bolivariana”, como dijo Diosdado Cabello, y han contado con la fluida cooperación de cómplices internos? Vamos entendiendo, retrospectivamente, las calamidades sufridas por nuestro país en los días del estallido falsamente social.

El país enfrenta una verdadera emergencia nacional como consecuencia del terreno ganado por el crimen organizado a partir de la revuelta. ¿Alguien duda todavía de que uno de los principales objetivos de entonces fue debilitar y llevar a la crisis a Carabineros, contra cuyos miembros se concentraron las peores agresiones de parte de los grupos dedicados a robar, quemar y destruir? Fue muy grave la campaña de odio llevada a cabo contra nuestra principal institución policial, que tuvo como activistas, hay que decirlo, a no pocos parlamentarios oficialistas que hoy ponen cara de inocentes.

Varios gobiernos tienen responsabilidad en la génesis de la crisis de seguridad que hoy enfrentamos, lo que incluye no haber anticipado los efectos de una política migratoria imprudente y, ciertamente, la insólita porosidad de nuestra frontera norte. Lo más grave, en todo caso, han sido las incomprensiones supuestamente progresistas sobre el asunto crucial del monopolio estatal de la fuerza. Allí está la llaga de La Araucanía para demostrarlo.

Chile ha pagado demasiado caro la miopía e incompetencia de quienes llegaron al gobierno sin entender que el Estado tiene la obligación de proteger eficazmente a la población, para lo cual debe asegurar, en primer lugar, el pleno control del territorio nacional e imponer el respeto a la ley. La mayor prueba de cuán extraviada era su visión fue el proyecto de Constitución que desarticulaba el Estado unitario, y con el cual se comprometieron Boric y el bloque de gobierno.

La dimensión de la amenaza planteada obliga a un gran acuerdo nacional respecto de cómo actuar. Eso exige que el gobierno y la oposición entiendan que tienen una tarea común, que trasciende los partidismos: precisar los términos de una vigorosa ofensiva del Estado democrático dirigida a derrotar a las bandas de delincuentes. Nada es más imperioso.

Se requiere dar un fuerte respaldo a Carabineros de Chile y a la PDI en esta hora, y entregarles los recursos que sean necesarios para potenciar su labor. Hay que despejar pronto la confusión respecto de las reglas del uso de la fuerza. Quienes arriesgan su vida cada día para proteger a la comunidad no pueden seguir condicionados por las ambigüedades en un ámbito tan decisivo. Por supuesto que las instituciones policiales están obligadas a actuar en el marco del Estado de Derecho, pero eso no puede implicar que sus funcionarios carezcan de mínima seguridad acerca del apoyo legal que necesitan para responder a la agresión de quienes, como está demostrado, actúan sin Dios ni ley.

Hizo bien el gobierno al llamar en consulta al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri. Hoy, no existe la posibilidad de que haya relaciones diplomáticas normales entre Chile y Venezuela. Han sido demasiadas las burlas y ostensible el juego doble de un régimen cuya naturaleza despótica parece hoy más clara para La Moneda, con la excepción del PC, que es un firme aliado de Maduro. No se puede esperar colaboración de aquella dictadura en materia de seguridad, pero hay que presionarla para dejar en evidencia sus trampas ante la comunidad internacional. Y adoptar las medidas apropiadas para proteger los intereses de Chile.

Pese al clima preelectoral, es indispensable que las fuerzas políticas procedan con equilibrio y sentido de Estado. Eso exige cuidar el lenguaje, de manera de no agudizar la incertidumbre y la angustia en la población. El país tiene reservas institucionales para enfrentar la crisis con energía e inteligencia. El gobierno debe cumplir con el mandato constitucional de defender nuestra soberanía, resguardar la seguridad nacional y sostener el orden legal en cualquier circunstancia.

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