Corrupción en Vivienda: ¿Por qué la oposición está blindando al ministro Carlos Montes? Por Jorge Schaulsohn

La probidad de Carlos Montes no está en duda, pero hubo negligencia en su actuar; no es razonable que estuviera en el limbo sobre lo que ocurría en Antofagasta cuando los hechos eran vox populi en la región. Una cosa es ser probo y otra proactivo. Por eso hay cuestionamientos a su manejo de la crisis porque al principio optó por bajarle el perfil privilegiando evitar que explotara el escándalo, compareciendo en público junto a la exsubsecretaria como si no pasara nada. Sin embargo, está siendo tratado con guante blanco por la oposición donde muchos lo estiman y respetan. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si lo mismo hubiese ocurrido en el Ministerio de Educación? ¿Acaso la oposición no estaría pidiendo a gritos la cabeza de Ávila?

A estas alturas del partido va quedando claro que Revolución Democrática trasformó al Ministerio de la Vivienda en una especie de cajero automático para financiar, en el mejor de los casos, actividades proselitistas de la colectividad o derechamente para enriquecer a algunas personas vinculadas con el partido.

Y pensar que hace no tanto tiempo Revolución Democrática vetó al PPD por corrupto cuando intentó sumarse a la primaria de Apruebo Dignidad, junto al Partido Socialista, con su candidato Heraldo Muñoz. Eran los tiempos en que ellos se ufanaban de encarnar una especie de “superioridad moral” cuya escala de valores y principios era cualitativamente diferente a la de la concertación que, se suponía, estaba en el ADN del Frente Amplio que llegó al poder invocándolas en contraste con las políticas que denominaron corruptas de la concertación.

En ese momento, cuando leí las declaraciones de Giorgio Jackson recordé las sabias palabras que el famoso congresista afroamericano de Nueva York, Charlie Rangel les dijo a sus colegas que lo enjuiciaban: “Pongan un poco de azúcar en cada palabra que salga de vuestras bocas porque es muy probable que algún día se las tengan que tragar”.

Ese día llegó para Jackson y su partido, que está recibiendo un doble castigo social por ser un fraude que se presentó como ícono de probidad, dedicado durante mucho tiempo a denostar a los demás y repartir “moralina”.

La conducta de personeros vinculados a RD (dirigentes, parlamentarios y funcionarios de gobierno) evidencia un desprecio por sus compañeros de ruta, una falta de consideración hacia la figura del presidente poniendo en jaque a su gobierno, instalando un tema tóxico que succiona todo el oxígeno del debate público y paraliza completamente su agenda. Un misil bajo su línea de flotación.

Revolución Democrática es un partido que está en un avanzado estado de descomposición y que va tras los pasos del Partido de la Gente que por razones similares se desfondó en cuestión de semanas. ¡El gen suicida de la política en todo su esplendor!

Pero el tema no termina ahí. Los hechos denunciados ocurrieron en el Ministerio de la Vivienda y no se trató de episodios aislados sino todo lo contrario. Son reiterados y han tenido una continuidad en el tiempo. Y si bien es cierto que los actos de corrupción ocurrieron en regiones y fueron ejecutados desde el Seremi, algo falló en el control que debió ejercer el propio ministerio.

Entonces es legítimo preguntarse qué pasa con la responsabilidad del mando que corresponde al titular de la cartera, en este caso al ministro Carlos Montes.

La responsabilidad jerárquica es la obligación que tienen los líderes y altos cargos de una organización de asumir la responsabilidad por las acciones y decisiones tomadas dentro de su ámbito de autoridad y control. Esta implica tanto la responsabilidad por las acciones propias como por aquellos que están bajo su mando.

Es una responsabilidad política, no penal, por supuesto, que se extiende también a las omisiones derivadas de no tomar medidas adecuadas cuanto se tienen, o deberían tener conocimiento de actos de corrupción u otras irregularidades. Tiene que ver con la supervisión y control para prevenir, detectar y corregir actos de corrupción dentro de su institución. Promover una cultura de integridad, investigar y sancionar, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas y adoptar medidas conducentes. Surge cuando el mando debió saber lo que ocurría en su ministerio y si bien es cierto que eso puede variar según las circunstancias, implica asumir las consecuencias políticas por las acciones y omisiones ocurridas en el ámbito de sus competencias.

Sabemos por informaciones de prensa que la Subsecretaria, que es la jefa administrativa del ministerio, tenía información sobre lo que estaba sucediendo que no habría compartido con el ministro Montes. Entonces surge la interrogante sobre ¿cuáles son los mecanismos con que cuenta un ministro para estar informado sobre posibles actos de corrupción? ¿O acaso depende enteramente de que la subsecretaria u otro funcionario se digne a informarlo? ¿Acaso no hay reuniones semanales donde se comparta toda la información relevante?

Este no es un tema que tenga que ver con la probidad del ministro Montes, la que jamás pondría en duda, y no se refiere solo a Vivienda puesto que situaciones similares ocurren en otros ministerios. El punto es saber hasta dónde llega la responsabilidad de mando de ministros y ministras y cuáles son las obligaciones y responsabilidades que esperamos de ellos en el combate contra la corrupción.

Porque una cosa es ser probo y otra muy distinta es ser proactivo; hay cuestionamientos sobre el manejo del ministerio en esta crisis, la falta de comunicación entre el ministro y su exsubsecretaria y el hecho de que durante tantos meses la existencia de pseudo fundaciones, verdaderas cajas pagadoras, pasara desapercibida en Santiago. Después de todo estaban robando con total impunidad y el ministerio solo se enteró por una denuncia de terceros.

Si el ministro no fuera Carlos Montes otro gallo cantaría y arreciarían las críticas. Pero él goza de muchas simpatías en el congreso y se ha ganado el respeto y el afecto de todos los sectores que, por ahora, lo están tratado con guante blanco.

¿Qué habría pasado, por ejemplo, si lo mismo hubiese ocurrido en el Ministerio de Educación? ¿Acaso la oposición no estaría pidiendo a gritos la cabeza de Ávila?

Al principio Montes optó por bajarle el perfil a la situación privilegiando evitar lo que sería una crisis muy explosiva para el gobierno; incluso su reclamo airado a la subsecretaria por no haberlo informado de la grave situación fue en privado; mientras que en público salían juntos y sonrientes, simulando una falsa normalidad. Hasta ese minuto la prioridad seguía siendo minimizar lo ocurrido.

La destitución de la funcionaria no fue por sugerencia suya sino una decisión del propio presidente. Después, ante el giro dramático de los acontecimientos el ministro partió a Antofagasta a entrevistarse con el Ministerio Público.

¿Hubo un actuar negligente del ministro Montes? ¿Es razonable que el ministro estuviera en el limbo sobre lo que ocurría en Antofagasta en circunstancia que los hechos de corrupción eran “vox populi” en la región y entre los funcionarios que finalmente terminaron denunciando?

Desde una óptica jurídica la negligencia se refiere a la falta de cuidado, atención o diligencia en el cumplimiento del deber. Implica no tomar las precauciones necesarias, falta de atención, descuido, omisión de deberes, falta de supervisión adecuada. La conducta del ministro en ningún caso es dolosa, pero sí de un actuar negligente, por omisión y derivada de su condición de máximo responsable del ministerio.

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