Natalia Arévalo, abogada y militante de Revolución Democrática, era la jefa de los asesores del Ministerio de Justicia cuando estalló el escándalo por el otorgamiento de indultos a 12 presos del 18-O y el ex FPMR Jorge Mateluna, una de las crisis más severas que ha enfrentado el Presidente Boric durante su administración.
A Arévalo se le atribuyó el haber sido advertida de que algunos de los favorecidos no reunían con los requisitos para ser indultados, en un proceso en que nunca estuvo del todo claro por qué primera instancia se anunció el perdón de 11 presos y más tarde se agregaron dos nombres, donde estaba el de Luis Castillo, quien había sido condenado por otros delitos previos. Según La Segunda, la abogada fue la encargada de comenzar a trabajar, en enero de 2022, la lista de posibles indultados.
Todas las decisiones finales del caso fueron adoptadas por el círculo de confianza de la entonces ministra Ministra Ríos, donde Natalia Arévalo cumplía un rol clave. Las consultas y decisiones se adoptaron en coordinación con el Jefe de Gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía. Ríos y Meza-Lopehandía cayeron rápidamente y de Arévalo solo se supo que fue incorporada en el cuestionario que la comisión del caso Indultos acordó enviarle a Boric. “¿Qué rol jugaron el sr. Matías Meza-Lopehendía y la señorita Natalia Arévalo en la concesión de los indultos?”, indica parte del texto.
Arévalo, la ex encargada de Contenidos de Boric cuando estaba en la llamada “Moneda chica” y a quien se le atribuye una relación de cercanía con él, ya no se desempeña en el Ministerio de Justicia.
En el portal de transparencia activa aparece contratada a honorarios -con fecha de finalización de labores para el 31 de diciembre de este año- en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un organismo que está al alero del Ministerio de Medioambiente.
La descripción de su cargo es la siguiente: “Gestionar en la incorporación de la perspectiva de género en protocolos, estudios, guías, capacitaciones y plataformas del Servicio de Evaluación Ambiental de acuerdo con la nueva reestructuración. Colaborar en la relación del servicio y entidades nacionales e internacionales (Redlaseia principalmente), trabajar en proyecto “Academia SEA”. Trabajar en el cumplimiento de los compromisos que tiene el SEA, en función del Plan Nacional de DDHH. Apoyar en gestión a las mesas técnicas, según lo acordado con jefatura DECC. Apoyar en la revisión de guías y documentos técnicos”.
El cargo de la abogada tiene un honorario mensual bruto de $2.400.000, según el portal.
El Servicio de Evaluación Ambiental es un organismo público, creado en 2010 a partir de la reforma a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Su función es administrar el “Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental“, el cual aprueba, rechaza o califica un proyecto midiendo su impacto ambiental. Desde marzo de 2022, tras ser escogida por el Presidente Gabriel Boric, la abogada de la Universidad de Chile, Valentina Durán, es directora del organismo.
Arévalo es conocida en RD. Fue asesora de Miguel Crispi -actual jefe del Segundo Piso de La Moneda- cuando era diputado. Trabajó en su equipo desde marzo de 2018 hasta agosto de 2020. Su reinvención en otro cargo público no es el primero que ocurre con asesores cuestionados en el gobierno.
En julio de 2022 el gobierno quedó fuera de la tramitación de la Operación Huracán, por lo que la abogada Camila Barros abandonó el cargo de Jefa Jurídica del Ministerio del Interior, entonces liderado por Izkia Siches. “Van a tener que asumir responsabilidades, sin duda”, dijo Boric en esos días, criticando lo ocurrido. Lo cierto es que Barros nunca abandonó Interior y que en septiembre apareció en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde la interpeló Pamela Jiles por la agenda de seguridad.
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