Aun no se conoce el decreto presidencial que dará existencia legal a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo acto de instalación fue encabezado por el Presidente Boric el 21 de junio. El sitio www.gob.cl dice que se encargará de “sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materia de tierras y reparación para las comunidades mapuche, contribuyendo a su vez, a una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.
Para los habitantes de esas regiones, nada es más importante que alcanzar la paz, lo cual implica derrotar el terrorismo y el bandolerismo que los mortifica. Lo que anhelan más intensamente es el fin de la ola de criminalidad que allí tiene lugar desde hace demasiado tiempo, y frente a la cual el Estado no ha sido capaz de dar la respuesta contundente que se requiere. La paz es una necesidad vital para quienes sufren cotidianamente los atentados incendiarios, los robos y la agresión directa, como la sufrida hace poco por el agricultor Eric Baier, en la comuna de Ercilla. Ni las iglesias ni las escuelas se han salvado de la barbarie.
La audacia que muestran grupos como la CAM, Resistencia Lafkenche y el Movimiento 18 de octubre revela que, en una extensa zona del territorio nacional, se ha configurado una grave amenaza a la seguridad interior del Estado. Y la obligación del Estado democrático es enfrentar a los grupos terroristas con todos los medios a su alcance. Si no lo hace, todo será peor. El apaciguamiento no es una alternativa.
¿Qué tiene que ver la comisión creada por el gobierno con la crítica situación que allí existe? Nada. Literalmente, nada. Se trata de una comisión que funcionará dos años con el encargo de atender la demanda de nuevas tierras por parte de las comunidades indígenas, lo cual plantea un reto de enorme complejidad, pero que, además, incorpora el espejismo de que significará el fin de la violencia. Es demagógico decir que se quiere lograr la paz sin referirse a la exigencia de derrotar a los enemigos de la paz.
¿Estamos ante un acto de evasión de la realidad? Hay base para pensarlo, pues el gobierno insiste en vincular el posible reparto de tierras con el logro de la pacificación. En el fondo, es un intento de salvar los restos del relato oportunista con el que, durante muchos años, las izquierdas buscaron justificar la violencia en el sur como supuesta expresión de la lucha de todo un pueblo contra la opresión. Esa falacia ya no se sostiene.
¿Alguien cree que la entrada en escena de la comisión moverá a los cabecillas de los grupos armados a dejar de actuar como lo hacen, a disgregarse y entregar las armas? ¿Quizás la propia comisión empezó a preparar un llamamiento en tal sentido? ¿Hay alguna negociación en curso que el país no conoce? Una cosa es indiscutible: la condición absoluta de la paz en el sur es desarticular a los grupos armados, y eso lo tienen que hacer las FF.AA. y las policías.
La perspectiva de repartir tierras, incluidas las “antiguas”, como dijo Boric, sin hacer siquiera un balance de la situación de las tierras repartidas desde 1993, anticipa un problema mayor. ¿Quiere el gobierno conseguir por la vía administrativa lo que no pudo conseguir por la vía constitucional, por ejemplo, la creación de “autonomías territoriales indígenas” como las que contemplaba el proyecto de Constitución rechazado? Las ambigüedades pueden abrir una etapa de duras confrontaciones en torno a la propiedad de las tierras que se intente repartir. La Moneda le pidió a la propia comisión que fije “los bordes” de esta iniciativa, y eso lo dice todo.
¿Qué esperan de esta comisión sus integrantes, por ejemplo, el exministro Alfredo Moreno, representante de la derecha, junto a la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, o el senador demócratacristiano Francisco Huenchumilla, o la diputada socialista Emilia Nuyado? ¿Tienen alguna preocupación por las expectativas creadas por el reparto? ¿Y qué les parece que el actual gobierno no estará obligado a poner la cara por lo que resulte al final, en 2025, porque entonces se estará despidiendo?
No sabemos si existe alguna inquietud en el Congreso por las derivaciones de este nuevo experimento. Debería haberla. Es indispensable que los parlamentarios pidan a la Corporación Nacional Indígena que aporte toda la información respecto del estado físico y jurídico en que se encuentran las tierras entregadas hasta hoy. Se trata de cientos de miles de hectáreas. ¿Qué clase de actividades productivas se desarrollan allí actualmente? ¿Quiénes son realmente sus propietarios? El Congreso tiene que velar por el interés nacional y debe fiscalizar rigurosamente este asunto, en el que predomina la opacidad.
La mayoría del país tiene una idea más o menos formada respecto del estilo del gobierno, de su inclinación hacia los gestos y las puestas en escena, de su creencia de que el lenguaje transforma la realidad. Es visible que a la elite frenteamplista le obsesiona la idea de llevar a cabo ciertas transformaciones que dejen una huella histórica. No deberían preocuparse tanto por eso. Ya dejaron una huella.
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