La noticia de que se habría orquestado el secuestro y el asesinato del Teniente Ojeda desde el extranjero es quizás una de las noticias más graves que se han dado a conocer en el área de las relaciones internacionales desde el retorno de la democracia.
Lo que se denuncia por parte de la Fiscalía es que la orden de captura y asesinato de se habría dado desde Venezuela.
Lo complicado no es solo que Ojeda era un asilado político bajo la protección del Estado chileno, sino que además lo que implica la intromisión de un gobierno extranjero en territorio nacional.
Lamentablemente, no parece haber ni voluntad ni capacidad política para prevenir este tipo de hechos. Por lo mismo, es probable que sigan ocurriendo.
No es que el Estado chileno no tenga la capacidad de detectar, vigilar y capturar a agentes extranjeros, es que no hay una política de Estado que lo instruya.
Si el gobierno tuviera una postura firme, comprometida con la captura y expulsión de inmigrantes ilegales, el incidente jamás hubiese ocurrido. Pero, porque la visión ideológica dominante es la de “fronteras abiertas” y “nadie es ilegal”, no se ha logrado ni detener la entrada de agentes extranjeros, ni empadronarlos cuando ya están adentro.
En agosto de 2022 el subsecretario del Interior Manuel Monsalve hasta declaró que no había una “amenaza real” por parte del Tren de Aragua. Cuando se le apretó por la situación, le deslizó la culpa al gobierno anterior.
Esa es la tónica. Y tiene sentido. No hay para que actuar oportunamente si se le puede transferir la culpa a otro cuando las cosas finalmente salen mal.
La mezcla es tóxica.
Es obvio, entonces, por qué el gobierno no se puede hacer cargo: no tiene ni la capacidad de detectar problemas antes de que estallen, ni la voluntad para resolverlos cuando están arraigados.
Lo que se podría haber resuelto en 2022, en el primer año de gobierno, se archivó y ahora es el principal problema por resolver. Es curioso, es casi como si se diseñó un problema para resolverlo.
El asunto es que la resolución pasa por el involucramiento de todas Fuerzas Armadas, una vía que el gobierno simplemente no está dispuesto a tomar.
Cuando se convocó al Cosena, fue solo para las cámaras. Nunca hubo una intención real de utilizar la fuerza para hacerse cargo de la crisis de seguridad.
Apenas pasó el momento, no se habló más del tema. Por supuesto, si es incomodo para el gobierno admitir que necesitan ayuda de parte de los militares, es aún más difícil hacer uso real de ellos. El problema es de largo plazo. El gobierno cree que no le conviene políticamente dejar registro de dependencia de las fuerzas armadas. No es un antecedente que quieran sumar a su currículum.
Algo similar pasa con la curiosa situación venezolana, la cual presenta un problema real para la izquierda, que está dividida ante el tema. La mitad usa a Maduro como el niño de los azotes para demostrar que tienen sus credenciales democráticas vigentes, y la otra mitad no opina por razones obvias.
El gobierno, que se ve forzado a navegar el estrecho entre los dos monstruos, no logra producir un relato coherente. Se confunde, duda, y tambalea.
Cuando el canciller venezolano esta semana sugirió que el Tren de Aragua no existe, el gobierno de Chile no hizo más que deslizar un par de críticas.
Mientras que la ministra Tohá adoptó un tono parental, hablando de meros “insultos”, la ministra Vallejo esbozó la idea de que el Presidente estaba evaluando llamar a consulta al embajador Gazmuri.
Lo que debió haber provocado un quiebre inmediato, se ignoró, se dilató y se postergó hasta que se hizo inevitable.
Todo tibio. Demasiado tibio.
Lo que hace falta es una postura fuerte contra la cruel dictadura venezolana, que como toda dictadura cruel no ha respetado ni respetará las reglas del juego. La ministra Tohá sabe bien los costos que ha traído el Tren de Aragua en el país y, por lo mismo, en vez de oxigenar al régimen, echándole fichas, debiese actuar con firmeza irreversible de una buena vez.
El trato bilateral entre Monsalve y el régimen venezolano envejecerá muy mal. Compartir inteligencia con una dictadura nunca es una buena idea, y eso es exactamente lo que se hizo.
Claramente tener al PC en el seno del gobierno también es un problema. Los lazos entre el partido y el régimen están bien documentados y haberlos profundizados asumiendo a personas claves en cargos claves, como es el caso de Juan Andrés Lagos, ha sido un detrimento para resolver el asunto de fondo.
Todo esto ocurre bajo la guardia del presidente Boric. Cuando se acabe el gobierno el recuerdo de la gestión al éxodo venezolano y sus consecuencias en Chile pesarán sobre sus hombros. Las personas no recordarán lo que hicieron Tohá ni Monsalve ni Lagos, recordarán lo que no hizo Boric.
El Presidente podrá dar todas las excusas que quiera después, e incluso culpar al gobierno anterior por la profundización del problema durante su cuatrienio, pero serán palabras al viento.
Quizás las víctimas de la delincuencia perdonarán al presidente por su pésima gestión de la crisis de inmigración ilegal y de seguridad pública, pero no olvidarán.
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