- El abogado Chiffelle Soto había asumido el cargo cuando fue electa Hassler después de trabajar desde 2013 a 2021 con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y también ofició de abogado del presidente del PC, Guillermo Teillier, a quien representó en un juicio en el Tribunal Electoral, según un reporte del medio El Líbero, publicado en enero. También lo asesoró jurídicamente en la Asociación de Farmacias Populares, que entró en quiebra. Otro cargo que ocupó fue el de director jurídico del edil de Recoleta.
- Chiffelle Soto, quien supervisó la transacción con Sierra Bella, ha defendido la compra. En su cuenta de Twitter, su último posteo, del 2 de abril, comparte un tuit de Hassler, donde la edil señala: “Les comparto esta columna del economista David Debrott, especialista en salud pública. Acorde a datos, plantea: Los recintos de salud de este tipo tienen un valor en el rango de lo que el concejo de Santiago ha aprobado en la compra de dicho inmueble”.
- Luis Mayorga, geógrafo de profesión, ha sido administrador municipal en Paine, Conchalí, Huechuraba, Buin y Cerro Navia.
- Chiffelle y Mayorga fueron mencionados como artífices de la transacción por Diego Berríos, abogado de la sociedad Las Malvas, quien el 18 de enero denunció que la municipalidad había desechado comprar un inmueble de su propiedad en Carmen 35 por $ 3.000 millones y había optado por otro en el número 1181 de la misma calle por $ 8.000 millones. Finalmente, se compró Sierra Bella por $8.200 millones.
- Berríos recurrió a la Contraloría añadiendo un fuerte argumento: que el 16 de diciembre del año pasado, la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella había traspasado el inmueble en $2.080 millones a la Sociedad Inmobiliaria San Valentino, que había sido creada recién 9 meses antes por el abogado Felipe Sánchez.
- “Es necesario que se investigue la irregularidad de las tasaciones encargadas por el Secplan (Luis Mayorga), y las justificaciones falsas y alejadas de la legalidad del Director Jurídico (Sr. Chiffelle); e instruir respecto de ambos un sumario administrativo por las irregularidades”, señaló Berríos en su presentación a la Contraloría, que acogió en el informe su argumento.
- La salida de Chiffelle y Mayorga representa un costo político tanto para Hassler – por haber escogido en cargos clave a personas equivocadas. Para su partido, Chiffelle también, ya que ha ejercido funciones importantes para dirigentes prominentes de la colectividad. Pero, dadas las circunstancias, era virtualmente imposible no hacer ese control de daños. Las investigaciones de Contraloría para establecer responsabilidad continuarán y la Fiscalía Nacional seguirá adelante para perseguir eventuales delitos y se estima muy difícil que los dos militantes salgan ilesos.
Responsabilidad del Concejo. En sus declaraciones de este lunes, la alcaldesa también volvió a criticar las empresas tasadoras, contra las cuales había anunciado acciones legales, en el comunicado de la municipalidad divulgado el jueves para anunciar que se acogerían los reparos de Contraloría y la compra sería cancelada. “Tienen que dar explicaciones en la Justicia”, dijo Hassler refiriéndose a los tasadores.
- Otro tema que la alcaldesa enfatizó es que el Concejo Municipal había tenido a su disposición todos los antecedentes, punto en el cual la Contraloría le encontró razón y sostuvo que ese proceso había sido trasparente. El Concejo aprobó la transacción por 10 votos a favor y uno en contra.
- “El Consejo Municipal contó con todos los antecedentes para poder tomar una decisión a conciencia, pensando en lo mejor para nuestros vecinos y vecinas, es así que pudimos tener una aprobación con diez votos a favor, ningún voto de rechazo, justamente para avanzar en esta adquisición. Aquí no se ha gastado ningún peso del municipio. San Valentino no ha recibido ningún peso por parte de este municipio”, dijo la edil.
- La pregunta que queda es por qué a lo largo de todos los meses de cuestionamientos públicos -con antecedentes muy parecidos a los que argumentó en su informe Contraloría para hablar de precio injustificado- la alcaldesa no tuvo la iniciativa de investigar si las denuncias en contra del director jurídico y del administrador municipal tenían asidero.
