-En tu carta dices que este es un momento para hacer un acuerdo de probidad.
-Los hechos que se han conocido son graves, tienen que ser investigados profundamente, tanto estos como los que pudieran aparecer en el futuro que sean semejantes. Dicho eso, creo que si es verdad que hay una verdadera voluntad de que estas conductas no se repitan en el futuro es un momento apropiado para hacer una agenda de probidad 2.0.
-¿Por qué sería el momento si en otras ocasiones ha habido casos parecidos y no ha pasado nada?
-Porque hay una serie de falencias que este caso evidencia y en otros también, sobre la manera cómo en Chile se asignan fondos estatales. No parece apropiado que fondos importantes puedan ser asignados de manera directa sin que exista una licitación previa, sin que exista un comité técnico que revise los antecedentes, sin que exista una decisión colegiada al momento de efectuar esa designación.
En materia de asignación de fondos públicos la asignación directa debería una excepción absoluta, justificada en casos de catástrofe o algo semejante que dista de ser el caso de la fundación Democracia Viva. Y esto mismo uno lo puede ir aplicando en una serie de materias: gastos reservados, existencia de corporaciones municipales privadas, flexibilizar las normas sobre alzamiento del secreto bancario.
-En este caso el Gobierno y RD han reaccionado a la presión de la opinión pública y de la oposición. O sea, no es muy distinto a Mop-gate.
-Yo creo que el principal punto en común tiene que ver con la indignación ciudadana, que este tipo de casos provoca. En Mop-gate y después en el caso de las platas políticas, hubo bastante defensa transversal de lo que se se descubría y se investigaba. Eso es inadmisible. Lo mejor que puede hacer la clase política ante la indignación ciudadada es enfocarse en una agenda de probidad 2.0.
-Acá al principio hubo una defensa del Frente Amplio, del gobierno, de RD a la subsecretaria. O sea, también ha habido una defensa política.
-La subsecretaria actuó de manera negligente. Y RD reaccionó tardíamente. Por eso creo que es el momento de avanzar a una agenda de probidad rápidamente, porque insisto hay cuestiones fundamentales que son caldo de cultivo de corrupción.
-¿Las contrataciones en el servicio público, por ejemplo?
-Hay que reducir drásticamente las contrataciones que sean políticas. El grueso de las contrataciones del Estado debiera ser de carácter técnico y por lo tanto no debiera significar que con un cambio de gobierno existieran cambios importantes en la planta de funcionarios públicos. Y respecto del secreto bancario, es fundamental tener mecanismos más flexibles para alzar secretos bancarios en sede administrativa.
-El tema de eliminar los gastos reservados que es como una institución. ¿Lo ves viable?
-Es otro gran tema. En las instituciones los gastos reservados debieran estar eliminados o limitados al máximo. Pero aún en esos casos en que se permitan los gastos reservados, que existan formas de controlarlos. Urge un cambio importante en esta normativa después de lo que sucedió con los casos básicamente de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Pero hoy día siguen existiendo muchas limitaciones para la Contraloría, sobre todo para poder investigar y para poder fiscalizar el uso de gastos reservados. Entonces yo también ahí creo que hay espacio para seguir avanzando en ambos frentes: disminuir el volumen de los gastos reservados y aún en aquellos que se consideran reservados en permitir mayores facultades de fiscalización a la Contraloría ex-post.
-Un punto importante es restringir los cargos de confianza política. ¿Cómo lo harías?
-Yo diría que hay que limitar y detallar muy específicamente qué cargos de de confianza política y por lo tanto pueden ser cambiados por una administración. Pero el grueso de los cargos debiera ser indiferente a los vaivenes políticos. En esto, yo estoy de acuerdo con la propuesta que está haciendo un grupo que se llama Estado sin Pitutos. De hecho se contactó este martes conmigo Bernardo Larraín, que es uno de los impulsores de esa campaña, para apoyarme.
No hay motivos para que tantos cargos dentro del aparato público dependan de la confianza del gobierno de turno. Y debiéramos tener mucho más limitadas las posibilidades, salvo, por supuesto, los ministros, los subsecretarios, es evidente que son cargos de confianza política, pero de ahí hacia abajo yo limitaría mucho la cantidad de cargos que tengan que ver con confianza política.
-También planteas registro de destinatarios finales. ¿De qué forma ayudaría?
-Tiene que ver con que sepamos desde un comienzo quién está detrás de una sociedad, de una fundación y para eso es importante, que las empresas y las sociedades que tienen contratos con el Estado tengan este registro de destinatario final y que se sepa de un comienzo quién está detrás de una determinada empresa, sociedad, fundación.
-¿Las corporaciones privadas municipales son un foco de irregularidades?
-Es uno de los puntos que yo creo que hay que discutir. Lo que se ha visto, sobre todo en los casos de corrupción municipal, es que buena parte de los desfalcos se ha producido porque se evita el control de la Contraloría mediante la creación de distintas corporaciones municipales con distintos propósitos: deporte, salud, cultura, lo que fuere. Y eso lo que hace es privatizar la manera en que se organiza el Estado y termina generando una ausencia absoluta de control respecto a la manera en que se manejan los fondos públicos. Está muy asociado al escándalo de Raúl Torrealba en Vitacura, pero también en otros lugares. En Viña del Mar, en Maipú, etcétera.
-¿Esta polémica de la fundación Democracia Viva revela que siguen habiendo muchos vacíos?
-Seguimos teniendo muchos espacios opacos en Chile, con poco control y que usan personas sin escrúpulos para enriquecerse desde el aparato público. Esto va a seguir sucediendo mientras no tengamos una capacidad para atacarlo más decididamente y va a seguir pasando en el gobierno de turno que tengamos.
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