Bernardo Larraín y escándalo por fundaciones: “Las principales agencias de empleo del Estado son los parlamentarios”

Marcelo Soto

Con más de 7.500 firmas, “Por un Estado sin Pitutos” es la segunda iniciativa popular de norma que más apoyo ha recibido para que sea discutida en el Consejo Constitucional. Uno de sus impulsores es Bernardo Larraín (junto a Pivotes), ex presidente de la SOFOFA, quien sostiene que el caso de Fundación Democracia Viva demuestra que en Chile hay un exceso de cargos de confianza política. Sobre la crisis que involucra al oficialismo, el empresario dice: “La reacción del Gobierno inicialmente fue tibia. Hay que revisar los otros convenios con fondos de asignación directa”.


-Ustedes proponen modernizar el régimen de empleo público. ¿Por qué es clave?

-Es el punto esencial de la agenda de modernización del Estado. Hay consenso técnico desde hace décadas, pero el sistema político no ha avanzado, porque es costoso políticamente. ¿Y por qué ha sido postergada? Porque no hay interés desde el sistema político para autorregularse en las designaciones de los funcionarios públicos.

-¿El mejor ejemplo es el reciente escándalo ligado a RD?

-Exacto. Una diputada, Catalina Pérez, recomienda al Ministerio de Vivienda que el seremi sea una persona cercana, Carlos Contreras. Puede ser un buen jefe de gabinete, pero no tiene por qué ser un buen administrador de recursos públicos. Que la política se auto restrinja es muy difícil.

-¿Estos casos representan los “pitutos” que le hacen mal a la administración pública?

-La Fundación Democracia Viva no tenía ninguna experiencia en vivienda, sino que fue creada para un propósito político partidista. ¿Qué es lo que permitió que eso ocurriera? Mi opinión es que el Estado de Chile designa personas bajo el título de funcionario de confianza en todos lados, no hay un perímetro, no hay una regulación que establezca ciertos límites. No es una cosa exclusiva de este gobierno: cada administración cambia el 70% de los directivos de servicios públicos que supuestamente son técnicos. Es lo que posibilitó que se asignaran en forma directa recursos públicos entre un seremi que era cercano al presidente de la fundación receptora (Daniel Andrade) y que ambos eran cercanos de la diputada Pérez.

-¿Por qué ocurre eso? ¿Hay una falla estructural?

-Porque es muy probable que la diputada haya recomendado al Ministro de Vivienda que designara a esas personas. Y también probablemente recomendó que el presidente de la Fundación receptora estuviera de asesor en el Ministerio de Defensa. Entonces esa es la falla estructural que explica por qué estas cosas ocurren: la total cancha libre y discrecionalidad que tienen los gobiernos para designar personas cercanas políticamente a lo largo y ancho de todo el Estado.

-Para decirlo de forma simple, ¿Catalina Pérez apitutó a su ex jefe de Gabinete y a su entonces pareja en una fundación con relaciones directas con el Estado?

-Y esto ocurre en todos los gobiernos. Yo no quiero cargarle la mano a este gobierno. Las cifras indican que cuando cambia un gobierno dentro de los primeros dos años cambian 2/3 de los directivos de entidades del Estado. ¿Y por qué cambian? Porque los reemplazan por personas políticamente cercanas.

Volviendo a tu pregunta, un jefe de gabinete de la diputada Pérez o de cualquier parlamentario, puede ser un buen jefe de gabinete, pero si no tiene experiencia administrando recursos públicos, ocurren cosas como ésta.

-Ahora se está investigando a Urbanismo Social. ¿Tú crees que esta es una práctica extendida en el aparato público?

-La designación de personas cercanas a lo largo y ancho de todo el Estado es una práctica muy mala y extendida. Creo que meter en el mismo saco a todas las fundaciones me parece un error. Democracia Viva tiene varias particularidades. Fue creada hace muy pocos meses. Si su misión era completamente político partidista, a tal punto que participó en la campaña del Apruebo. ¿Cómo podría de pronto esa fundación transformarse en experta en vivienda?

Muchas de las otras fundaciones que se mencionan han tenido trayectoria en sus respectivas áreas y por lo tanto yo no voy a ser de los que van a estar apuntando con el dedo a todas las fundaciones, a raíz del caso de Democracia Viva.

-¿Es parte de la política que el que gana pone a sus cercanos, a quienes lo ayudaron en la campaña, a los que necesitan pega?

-Es correcto que el gobierno que asume pueda designar a sus ministros de Estado. Pero no es razonable que en una democracia sana sean miles las personas que son designadas por el gobierno. Eso no ocurre en Nueva Zelandia, donde asume la primera ministra y nombra menos de 100 personas. ¿Por qué en Chile son 4000 personas las que nombra un gobierno?

Lo que lo que plantea esta iniciativa (www.estadosinpitutos.cl) es cambiar el régimen del empleo público de forma tal que la selección, la contratación, la promoción, la movilidad y la desvinculación estén reguladas por un régimen general, que en algunos aspectos sea similar al régimen de empleo privado.

-¿Otro punto es que muchos servicios son deficientes?

-En el Estado, el 95% de los servicios públicos evaluaron a sus funcionarios con un desempeño perfecto y le dieron por lo tanto el bono máximo. Cuando solamente uno de cada cinco chilenos valoriza positivamente los servicios que el Estado presta. Entonces, por un lado, el Estado evalúa sus funcionarios con un desempeño perfecto y por otro lado la mayoría de los chilenos dice que no recibe un servicio satisfactorio.

-Desde una perspectiva más sociológica, ¿esto se debe por una parte a una cultura del amiguismo, del compadrazgo?

-El amiguismo no es una cuestión generalizada, está enquistada en el Estado y no necesariamente por amistad ni por parentesco, sino por cercanía política de los parlamentarios. Las principales agencias de empleo del Estado son los parlamentarios que le recomiendan al Gobierno: “mire, esta persona es muy adecuada para asumir tal repartición pública en Antofagasta”.

-¿Valoras la reacción del Gobierno y del presidente Boric frente a este a este escándalo?

-Inicialmente fue tibia. Es natural revisar otros convenios, sobre todo aquellos que se han hecho a través de fondos que se han asignado en forma directa a fundaciones. Reconozco que ahora el ministro Montes ha sido más enérgico.

Pero ojalá que esta reacción no meta en el saco a tantas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que hacen una pega fundamental en prestar servicio público a los chilenos. Yo soy un firme partidario de que la sociedad civil sea un socio del Estado en las prestaciones sociales.

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